Un ténico de Almería denuncia que nadie hizo caso a sus alertas sobre los fallos de las pulseras

Las advertencias sobre los fallos de las pulseras antimaltrato se sucedieron durante meses, antes y después de que cambiara el contrato de adjudicación de este servicio. Este viernes lo ha denunciado a Canal Sur Joaquín Castillo, un extrabajador de la empresa que controla los dispositivos telemáticos que ha estado seis años trabajando como técnico. Este especialista conoce a fondo su funcionamiento e informó de los problemas que daban, pero asegura que nadie le hizo caso y que el cambio de contrato agravó las carencias. Para Joaquín es un milagro que no haya ocurrido una desgracia.

Andalucía cuenta, a fecha de julio de este año, con más de 1.600 pulseras telemáticas para maltratadores activas, según las estadísticas de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. En concreto, a 31 de julio de 2025, el número de dispositivos activos es de 1.635, dato que ha experimentado una disminución del 1,4% respecto al mismo mes de 2024, cuando se registraron 1.658.

A nivel nacional, España cuenta en esta misma fecha con 4.515 pulseras activas. Así, Andalucía representa el 36,2% de estos dispositivos a nivel nacional.

¿CÓMO FUNCIONAN LAS PULSERAS?

Cuando un juzgado lo decreta, se instala una pulsera en la muñeca o el tobillo del agresor que tiene orden de alejamiento. A la víctima se le proporciona un teléfono inteligente que alertará cuando el hombre se acerca a ella a pesar de la prohibición de aproximación. Su instalación persigue un triple objetivo: garantizar la seguridad de la mujer, documentar un posible quebrantamiento de la orden de alejamiento y disuadir al agresor del incumplimiento de las prohibiciones impuestas judicialmente.

Inicialmente, las pulseras se instalaban para proteger a víctimas de violencia de género, pero gracias a la ley del sólo sí es sí también se pude utilizar para controlar la localización de agresores sexuales. Ya no funcionan solo por parejas (un agresor, una víctima), sino que la pulsera de un investigado o condenado se puede sincronizar con el terminal de varias víctimas y también una víctima puede estar protegida frente a varios agresores.

La pulsera de geolocalización tiene una correa que detecta roturas y manipulaciones, una vida útil de 12 meses y se puede cargar de forma sencilla. La víctima puede recibir notificaciones en su teléfono y hacer videollamadas, enviar imágenes y lanzar un mensaje de alerta al centro de control. Además, el terminal puede detectar una caída y enviar una alerta que hará que el Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa) se ponga en contacto con ella para verificar su estado.

El teléfono de la víctima puede emitir alertas visuales, sonoras y de vibración cuando el dispositivo del investigado está cerca. También cuenta con un botón de emergencia para alertar de una situación de peligro.

Si el agresor se acerca a la mujer o a la zona de exclusión fija (a la que no puede ir por orden judicial), la pulsera sufre daños o pierde la cobertura, el sistema lanza alerta al centro Cometa, y este actúa en función de la situación: llamando al agresor, contactando con las fuerzas y cuerpos de seguridad y/o hablando con la víctima.

En marzo de 2024, se hizo un cambio de sistema que incluyó modificaciones tecnológicas, cambio de las empresas que gestionan estas pulseras (ahora Vodafone y Securitas) y la ampliación de la protección a víctimas de delitos sexuales.

El Gobierno invirtió más de 40 millones de euros de los fondos europeos para disponer de más dispositivos. Las empresas adjudicatarias del contrato de seguimiento se comprometieron a gestionar hasta 11.000 dispositivos.