La Fiscalía reabrirá los casos archivados por los fallos en las pulseras de violencia de género

La Fiscalía General del Estado va a reabrir la mayoría de los casos de violencia de género que fueron archivados por los fallos en las pulseras que llevan los agresores. Este departamento y el Ministerio de Igualdad aseguran que este problema se solucionó a finales de 2024 y afectó a algunos procedimientos judiciales, pero que los dispositivos de control de localización funcionaron y las víctimas nunca quedaron desprotegidas. Ha afectado a 47 mujeres. Estas causas se están revisando. Se ha sabido que el Poder Judicial alertó hace casi dos años al gobierno del riesgo de cambiar estos dispositivos. La ministra de Igualdad reconoce que hubo errores técnicos en las pulseras al hacer un trasvase de datos y desde la Junta se exige responsabilidades al Gobierno.

Las pulseras de control telemático permiten conocer la ubicación exacta de los agresores machistas con órdenes de alejamiento de sus víctimas, de manera que sirven para proteger a las mujeres y documentar posibles quebrantamientos. Son más de 4.500 los hombres que las llevan puestas.

Una incidencia en la gestión de los datos de ubicación de los agresores, de la que alertó la Fiscalía en 2024, ha desatado una nueva tormenta política y ha puesto en el foco estos dispositivos, que se utilizan en España desde 2009 y con los que no ha sido asesinada ninguna víctima que lo portara. El cambio en las empresas que gestionaban estas pulseras, en marzo de 2024, provocó una incidencia temporal que impidió a los juzgados acceder a los datos de ubicación de maltratadores que hubieran podido quebrantar la medida de alejamiento antes de esa fecha, lo que llevó al sobreseimiento temporal de casos.

Tanto la Fiscalía como el Ministerio de Igualdad han asegurado que este problema se solucionó a finales de 2024 y solo afectó a algunos procedimientos judiciales -la mayoría de los cuales ya se han reabierto-, pero que los dispositivos de control de localización funcionaron perfectamente en todo momento, por lo que las víctimas nunca quedaron desprotegidas. En su última memoria, el ministerio fiscal defiende la "indiscutible utilidad" de este instrumento para proteger a las víctimas, "resultando incontestable que hasta la fecha ninguna de las mujeres asesinadas" llevaba uno.

¿CÓMO FUNCIONAN LAS PULSERAS?

Cuando un juzgado lo decreta, se instala una pulsera en la muñeca o el tobillo del agresor que tiene orden de alejamiento. A la víctima se le proporciona un teléfono inteligente que alertará cuando el hombre se acerca a ella a pesar de la prohibición de aproximación. Su instalación persigue un triple objetivo: garantizar la seguridad de la mujer, documentar un posible quebrantamiento de la orden de alejamiento y disuadir al agresor del incumplimiento de las prohibiciones impuestas judicialmente.

Inicialmente, las pulseras se instalaban para proteger a víctimas de violencia de género, pero gracias a la ley del sólo sí es sí también se pude utilizar para controlar la localización de agresores sexuales. Ya no funcionan solo por parejas (un agresor, una víctima), sino que la pulsera de un investigado o condenado se puede sincronizar con el terminal de varias víctimas y también una víctima puede estar protegida frente a varios agresores.

La pulsera de geolocalización tiene una correa que detecta roturas y manipulaciones, una vida útil de 12 meses y se puede cargar de forma sencilla. La víctima puede recibir notificaciones en su teléfono y hacer videollamadas, enviar imágenes y lanzar un mensaje de alerta al centro de control. Además, el terminal puede detectar una caída y enviar una alerta que hará que el Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa) se ponga en contacto con ella para verificar su estado.
El teléfono de la víctima puede emitir alertas visuales, sonoras y de vibración cuando el dispositivo del investigado está cerca. También cuenta con un botón de emergencia para alertar de una situación de peligro.

Si el agresor se acerca a la mujer o a la zona de exclusión fija (a la que no puede ir por orden judicial), la pulsera sufre daños o pierde la cobertura, el sistema lanza alerta al centro Cometa, y este actúa en función de la situación: llamando al agresor, contactando con las fuerzas y cuerpos de seguridad y/o hablando con la víctima.

En marzo de 2024, se hizo un cambio de sistema que incluyó modificaciones tecnológicas, cambio de las empresas que gestionan estas pulseras (ahora Vodafone y Securitas) y la ampliación de la protección a víctimas de delitos sexuales.
El Gobierno invirtió más de 40 millones de euros de los fondos europeos para disponer de más dispositivos. Las empresas adjudicatarias del contrato de seguimiento se comprometieron a gestionar hasta 11.000 dispositivos. 

FEIJÓO PIDE DIMISIONES

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, culpa al Gobierno de no proteger a las víctimas de violencia machista tras los incidentes técnicos en el cambio de contrato de las pulseras telemáticas para maltratadores. Asegura en un tuit de la red social X que se les advirtió de los fallos y  "lo ignoraron".

La Fiscalía General del Estado alertó en su memoria anual de que el cambio de empresas prestatarias del servicio Cometa de seguimiento telemático de maltratadores, ejecutado en marzo de 2024 a favor de Vodafone y Securitas, había provocado que no se pudiera acceder a la información sobre la ubicación de los agresores previa a esa fecha, algo que estaba teniendo como consecuencia sobreseimientos y fallos absolutorios en procesos por quebrantamiento de las penas y medidas cautelares de alejamiento.

La Fiscalía informó a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género de esta situación "para que se procediera a su solución, ante la potencial desprotección de las víctimas". "La imposibilidad de que el centro Cometa facilite la información ha impedido saber la ubicación o actuación de los investigados cuando el hecho es anterior al 20 de marzo de 2024, lo que supone, de facto, la pérdida de un elemento probatorio en ocasiones imprescindible para poder formular acusación", indicaba el ministerio fiscal.

El Ministerio de Igualdad ha reconocido que hubo "incidencias técnicas" que fueron resueltos inmediatamente. "Es un tema pasado, de noviembre y diciembre de 2024, se resolvió y afortunadamente el sistema funciona, mucho mejor que antes", ha asegurado la ministra de Igualdad, Ana Redondo.