Sánchez y Aragonés cierran un acuerdo sobre la amnistía que allana la investidura

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, han cerrado este martes un acuerdo sobre el contenido de la ley de amnistía y han delegado a sus equipos negociadores el cierre definitivo en próximas horas de un pacto para apoyar la investidura.

Según han confirmado el PSOE y ERC en un comunicado conjunto, ambos dirigentes ha conversado telefónicamente esta tarde y han "desbloqueado los últimos detalles" de esa futura ley de amnistía y de un acuerdo para la investidura que también contendrá "cuestiones políticas y económicas" a desarrollar durante la legislatura.

Las dos formaciones han destacado que, con este paso, "avanzan decisivamente" hacia un acuerdo de investidura, ya que "consideran colmadas sus expectativas y satisfechos sus principios políticos" sobre esa futura amnistía.

Ahora los equipos negociadores de socialistas y republicanos se han emplazado a cerrar definitivamente el acuerdo de investidura en las próximas horas, una vez que los órganos internos de ERC den el visto bueno, es decir, el consejo nacional y la consulta telemática entre toda la militancia republicana.

Y al finalizar las conversaciones, señalan los dos partidos en dicho comunicado, se comunicará entonces la fecha y lugar de firma del acuerdo. Una amnistía que englobará también a Tsunami y los CDR.

La clave del acuerdo entre Sánchez y Aragonès reside, según han detallado fuentes de ERC, en que los republicanos han conseguido que el alcance de esa futura ley de amnistía también englobe a los investigados en las causas relativas a Tsunami Democràtic y los CDR.

De hecho, mismo en rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, había reclamado que esa amnistía debía ser total e "incluir a todos los represaliados políticos", entre ellos también la causa relacionada con Tsunami Democràtic y los CDR, investigados por supuesto delito de terrorismo.

Plaja había sugerido en su intervención que la "información" de la que disponía el gobierno catalán es que esos encausados podían quedar fuera del paraguas legal de la amnistía, algo que ERC no estaba dispuesta a aceptar, ya que entre esos posibles afectados puede llegar a estar su secretaria general, Marta Rovira, motivo por el que ésta evita desde hace meses anticipar su regreso a España desde Suiza.

Dichas fuentes de ERC han asegurado a EFE, además, que el texto de esa ley no mencionará en ningún caso una naturaleza delictiva del referéndum, como también exigían los republicanos, y que probablemente sea poco valorativo respecto a esa consulta del 1 de octubre.

La conversación entre Sánchez y Aragonès, de unos quince minutos, ha servido para sellar el acuerdo, después de que el presidente de la Generalitat lanzara la semana pasada una señal de alarma por el curso de las negociaciones: "No vamos bien", advirtió.

Según fuentes republicanas, la cuestión relativa a los encausados por el Tsunami Democràtic, hasta ahora encallada, ha podido quedar zanjada por la "voluntad de desbloqueo" de Aragonès y Sánchez.

Desde las filas socialistas se deja claro, por su parte, que en ningún caso el paso dado hoy significa que el pacto de investidura esté cerrado, sino que se ha llegado a un acuerdo en relación con las demandas que ERC ponía sobre la mesa acerca del contenido de esa futura norma, que ahora también deberá acabar de ser pactada con Junts, la otra pata de la negociación con el independentismo.

Por otro lado, más allá de la amnistía, socialistas y republicanos avanzan también en la negociación de otras carpetas abiertas, como por ejemplo el traspaso de competencias y recursos del Ingreso Mínimo Vital, un compromiso pendiente de la legislatura pasada y que ahora se está acabando de ultimar, a falta de cerrar detalles técnicos, según fuentes conocedoras de la negociación. 

CDR Y TSUNAMI DEMOCRATIC

En el acuerdo no se nombra de manera explícita si los encausados de los CDR, los Comités de Defensa de la República, y los del movimiento Tsunami Democratíc entrarían en los límites de esta nueva ley de amnistía. Dos movimientos que surgen para preparar el camino al referéndum del 1 de octubre y tras la sentencia del juicio del procés.

Fueron encausados por delitos de terrorismo o altercados, acciones como el bloqueo de carreteras, acusados de sabotear la Vuelta ciclista, una de las últimas, preparados para derramar 400 litros de líquido al paso de los ciclistas, acusados de delitos de pertenencia a grupo criminal, desórdenes públicos contra la seguridad vial y medio ambiente, terrorismo y tenencia de explosivos.

Los Comités de Defensa de la República surgen en 2017 como organizaciones activistas que persiguen facilitar el referéndum de independencia del 1 de Octubre. Entidades diversas, particulares y personajes públicos forman parte de sus asambleas. Tras la consulta de autodeterminación, su nuevo objetivo es luchar para proclamar la República en Cataluña. En este proceso protagonizan momentos de tensión y disturbios en manifestaciones que convocan a través de las redes sociales.

Tras la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del procés, el independentismo catalán reacciona con el movimiento Tsunami Democratic. El 2 de septiembre de 2019 se presenta en redes sociales la plataforma independentista. Su primer mensaje fue compartido por líderes como Oriol Junquera y Carles Puigdemont.

Impulsada desde la sociedad civil, en el nuevo movimiento la Guardia Civil sitúa a altos cargos de ERC, como su secretaria general, Marta Rovira, huida en Suiza. Tsunami Democratic comunica sus movilizaciones a través de sus canales sociales promoviendo acciones como el bloqueo del aeropuerto de El Prat de Barcelona o el corte de tráfico de la Junquera.