"La mañana de Andalucía" analiza el impacto del procesamiento del fiscal general

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado ha procesado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos de Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Una vez dictado por el Tribunal Supremo el auto de procedimiento abreviado, la Asociación de Fiscales, con pleno respeto a la presunción de inocencia que asiste al Fiscal General del Estado, reitera la necesidad de su dimisión y es lo que La mañana de Andalucía le ha consultado a su presidenta, Cristina Dexeus.

"Es algo tan grave que hemos vuelto a pedir, una vez más, que se plantee renunciar al cargo porque la situación es insostenible. El Gobierno ya se ha pronunciado a través de varios ministros sobre su negativa a cesarlo, pero podría valorar que su situación perjudica seriamente el crédito de la institución y que la imagen de imparcialidad se ve comprometida", ha manifestado Dexeus quien ha dibujado la situación que se puede dar si finalmente se abre juicio oral: "Cómo no va a haber sombras sobre la actuación del fiscal en el juicio oral contra el fiscal general porque no deja de ser un subordinado ante un superior que puede ascenderle o incoarle un expediente disciplinario. Tiene sobre él un poder muy relevante".

Por su parte, Joaquín Yust, juez de lo Penal de Sevilla y presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Andalucía ha sido más prudente "porque está en una fase del proceso que no es definitiva y disfruta de la presunción de inocencia", si bien no niega que "la situación es excepcional porque nunca antes el fiscal general había estado en un procedimiento criminal, ni siquiera investigado, por lo que es anómalo ya que hablamos de la máxima expresión del órgano constitucional que tiene que velar por la aplicación de la ley y la persecución de los delitos".

En cuanto la situación de críticas a la Judicatura que se da desde el ámbito político, Yust se muestra comprensivo, aunque lo ve como algo que hace unos años no se daba. "En una sociedad democrática casi todas las opiniones son admisibles y ya forma parte de la estrategia política que cuando una resolución no les gusta la critican y cuando es a favor se aplaude. No hay que darle importancia y seguir con nuestro trabajo de manera objetiva. Hace tiempo las resoluciones judiciales eran respetadas, pero cada vez más estamos recibiendo ataques y calificaciones no propias del Estado de Derecho y la relación entre Gobierno, Congreso y Poder Judicial".