La propietaria de Combustibles Lucinala ha declinado contestar a las preguntas de los senadores.
Sólo se ha ratificado en su declaración judicial.
Está investigada en el 'caso Hidrocarburos' de la Audiencia Nacional y declaró como testigo en el Supremo por el 'caso Koldo'.
La empresaria Carmen Pano, quien declaró en el Tribunal Supremo que entregó 90.000 euros en metálico en la sede del PSOE, ha acudido este miércoles a la comisión de investigación del 'caso koldo' en el Senado, donde se ha limitado a ratificar lo que explicó ante el juez, aunque no ha contestado a las preguntas de los senadores.
"Por indicaciones de mi dirección letrada, no voy a prestar declaración", ha contestado Pano cuando la senadora de UPN, María Caballero, le ha hecho la primera pregunta, precisamente sobre si fue cierto que llevó a Ferraz ese dinero en mano.
Tras saludar a los senadores y "pedirles disculpas" por no responderles, les ha expresado su "profundo respeto" y ha leído los "motivos" de su decisión: que los hechos objeto de la comisión parlamentaria están "bajo investigación" en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional.
La propietaria de la empresa pacense Combustibles Lucinala ha recordado que tiene la condición de investigada en el caso Hidrocarburos que instruye la Audiencia Nacional y que declaró como testigo en el 'caso Koldo' que investiga el Tribunal Supremo.
"Me ratifico plenamente en las dos declaraciones prestadas ante la autoridad judicial competente", ha subrayado Pano a continuación.
Ha añadido que están "ambas en curso e íntimamente ligadas" y ha apuntado que si contestase a los senadores "puede interferir" en su derecho de defensa, como también podría interferir, ha agregado, "en los tiempos de los órganos jurisdiccionales y en su normal desarrollo".
En su mensaje leído, Pano ha recordado, además, que la ley le obliga a comparecer ante la comisión parlamentaria, pero que le "asiste el derecho a no prestar declaración", por lo que ha reiterado sus disculpas y ha pedido "comprensión".
Preguntas sin respuesta
Durante hora y media le han hecho a la compareciente preguntas senadores de UPN, Vox, PSOE y PP, todas ellas sin respuesta; excepto una, hecha por Luis Santamaría, del PP, para preguntarle si efectivamente se ratifica en lo que declaró en el Supremo, a lo que se ha limitado a contestar: "Me ratifico".
Tanto Caballero como su compañero en el grupo mixto Ángel Pelayo Gordillo, de Vox, han formulado preguntas sobre su relación con otros investigados judicialmente, como Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García, Víctor de Aldama y Claudio Rivas.
"Hay una pregunta esencial: ¿de dónde provenía el dinero?; ¿quién le encargó hacerlo? Usted dice que el señor Aldama, y querría saber quién más. ¿A quién y con qué fin y para quién?", ha resumido Gordillo en sus cuestiones sin contestación.
Lenguaje gestual
Aunque Carmen Pano no ha respondido con palabras, sí ha escuchado con atención en todo momento y ha hecho gestos al escuchar a los interrogadores.
Por ejemplo, ha sonreído cuando, tras reiterar a Santamaría que se ratifica en su declaración judicial, el senador del PP ha añadido que entonces se ratificaba en la entrega de bolsas de dinero en Ferraz.
Y se ha encogido de hombros, mirando hacia los lados y apretando sus manos, cuando el senador del PSOE José Latorre ha leído los artículos legales sobre las consecuencias que podría tener mentir en una declaración como testigo ante un juez.
Latorre también le ha preguntado a Pano si "le pagaron" por conceder la entrevista a The Objective en la que contó la entrega de 90.000 euros al PSOE; un relato que repitió luego a la Guardia Civil y más tarde al juez Leopoldo Puente.
Carmen Pano ha sido llamada a esta comisión del Senado por su implicación en tres procesos judicializados: en calidad de testigo en la supuesta entrega de dinero en efectivo en la sede del PSOE. Declaró que lo hacía en 2020 por indicación del presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama.
En la Audiencia Nacional y como investigada, Pano está implicada en la trama de fraude en el IVA de los hidrocarburos.
También en la compra de un chalet en Cádiz para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a través de una empresa propiedad de su hija.