El Senado planteará un conflicto con el Congreso para que retire la ley de amnistía

El Senado planteará un conflicto con el Congreso para reclamar a la Cámara Baja la retirada de la proposición de ley de amnistía, una iniciativa que adoptará a petición del PP, al entender que es inconstitucional y su tramitación, "fraudulenta".

Este conflicto podría acabar en el Tribunal Constitucional en el caso de que el Congreso no acepte en un plazo máximo de 30 días este requerimiento, que promoverá ante la Mesa por el grupo popular, que tiene la mayoría absoluta en la Cámara Alta.

La iniciativa de los populares, que debe pasar por la Mesa y tiene que ser aprobada por el pleno de la Cámara Alta, no interrumpiría en ningún caso el plazo máximo de dos meses para tramitar la ley en el Senado y que finaliza el 16 de mayo, según han señalado fuentes parlamentarias.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este martes la medida, que deberá debatirse en el pleno, durante una interpelación al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

"Quiero anunciar que el grupo popular va a proponer que esta Cámara, en defensa de sus atribuciones constitucionales, inste formalmente al Congreso de los Diputados a retirar la ley de amnistía por tratarse de una reforma encubierta de la Constitución", ha anunciado la portavoz popular.

Además, ha acusado a los socialistas de llevar a cabo "tramitaciones fraudulentas con tal de salirse con la suya" porque "por un lado está la legalidad y por otro Pedro Sánchez".

Los populares hacen uso así de una posibilidad que señalaron los letrados del Senado: plantear un conflicto entre órganos constitucionales, con la celebración de un pleno que pida formalmente al Congreso la retirada de la proposición de ley de amnistía, y ante el Tribunal Constitucional, para la posible petición de suspensión cautelar del procedimiento legislativo.

El PP da así un paso que este martes había reclamado Vox, que, por su parte, ha presentado un escrito a la Mesa del Senado para que inicie los trámites dirigidos a plantear un conflicto entre órganos constitucionales con el Congreso.

Una vez que el pleno del Senado plantee el conflicto constitucional, el Congreso tiene un mes para pronunciarse, y si no rectifica su postura sobre la amnistía es ese el punto en el que la Cámara Alta puede acudir al Constitucional, de acuerdo con el artículo 73.2 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional.

BOLAÑOS RECUERDA QUE "LA ÚLTIMA PALABRA" LA TIENE EL CONGRESO

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha avisado al PP de que "la última palabra en la ley de amnistía la tendrá el Congreso" después de que los populares hayan anunciado que el Senado planteará un conflicto constitucional para exigir que la Cámara Baja retire esta norma.

El ministro ha hecho esta aseveración en la interpelación de la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, que ha anunciado que la Cámara Alta planteará un conflicto con el Congreso para que retire la ley de amnistía, que podría acabar en el Tribunal Constitucional si la Cámara Baja no acepta este requerimiento.

Bolaños ha acusado al PP de presentar este conflicto de competencias "para agradar a la ultraderecha y que no se enfaden" y ha argumentado que en lugar de esta estrategia deberían trabajar en mejorar el texto, "si es que es posible", y devolverlo al Congreso.

Además, ha denunciado que el partido de Alberto Núñez Feijóo ha convertido el Senado, donde tiene mayoría absoluta, en una cámara "dilatoria y obstruccionista" que solo pretende paralizar la actividad legislativa.

También ha defendido que el PP ha incumplido la Constitución al reformar el reglamento de la Cámara Alta para extender la tramitación de la ley de amnistía de los 20 días que marca la tramitación urgente a los dos meses del procedimiento ordinario, una reforma que el PSOE ha llevado al Tribunal Constitucional.

Además, ha denunciado que el PP pidiera un informe a los letrados del Senado para saber si estaba obligado a tramitar la ley de amnistía proveniente del Congreso, lo que a su juicio implica que "de la mano de la ultraderecha" se han planteado por primera vez en la historia "incumplir de manera flagrante la Constitución".

La interpelación del PP a Bolaños ha vuelto a ser el escenario de un enfrentamiento entre el Gobierno y el principal partido de la oposición a cuenta de si la Comisión de Venecia, un organismo no vinculante del Consejo de Europa, avala o no la ley de amnistía.

El ministro de Presidencia y Justicia ha vuelto a defender que esta Comisión sí avala la norma y que la amnistía no vulnera la separación de poderes ni requiere de una reforma constitucional, mientras que la senadora del PP ha defendido que el Gobierno ha salido "trasquilado" de este examen.

Bolaños ha pedido además que el PP se sume a la ley de amnistía, mientras que la portavoz del PP ha recalcado que van "con todo" contra esta normativa, al haber pedido informes al Consejo General del Poder Judicial, a la Comisión General de Comunidades Autónomas, donde tienen mayoría, y pretender escuchar a "todos aquellos que han silenciado".