El Senado aprueba la reforma exprés que suprime el delito de sedición y rebaja la malversación

Con una tramitación exprés el Senado ha aprobado este jueves de forma definitiva la reforma del Código Penal que deroga la sedición y rebaja las penas para la malversación. Tal como acordó el Tribunal Constitucional (TC) han quedado fuera las enmiendas que buscaban reformar el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al tribunal de garantías que deben ser nombrados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Tras rechazarse los vetos del PP, Vox, Ciudadanos, Junts y UPN, 140 senadores han votado a favor, 118 en contra y tres se han abstenido ante una reforma que convierte la sedición en un delito de desórdenes públicos agravados con una pena máxima de 5 años, frente a los 15 actuales, y que reduce a 4 años el castigo máximo para la malversación sin ánimo de lucro.

La oposición ha centrado sus discursos en una reforma tramitada en la Cámara Alta en solo una semana, que afecta a los dos delitos por los que fueron condenados los dirigentes del 1-O y que, ha asegurado, pone en riesgo la integridad de España y beneficiará a los corruptos. Pero la mayoría parlamentaria se ha unido para criticar al PP, al que ha acusado de cercenar los derechos de los parlamentarios al acudir al Constitucional para frenar la tramitación de las enmiendas que fueron introducidas en el Congreso para renovar el tribunal de garantías.

Esta reforma del Código Penal ha salido adelante en la Cámara Alta con la mayoría que suman PSOE, ERC, Bildu, PNV y Més per Mallorca frente al rechazo de PP, Vox, Ciudadanos, UPN, Junts, PRC, Coalición Canaria, Teruel Existe, PAR y los dos parlamentarios independientes. Por su parte, los senadores de Más Madrid, Geroa Bai y Compromís han decidido abstenerse.

Los grupos que sustentan al Gobierno -Unidas Podemos no tiene representación en el Senado- también han rechazado los cinco vetos presentados a la proposición de ley y todas las enmiendas parciales, por lo que, al no introducirse ningún cambio derivado de la tramitación en la Cámara Alta, esta reforma del Código Penal ha quedado aprobado ya definitivamente a la espera de su publicación en el BOE.

Durante más de cuatro horas en las que todos los grupos han fijado posiciones sobre los diferentes vetos y enmiendas a la proposición de ley, que llegaba sin las enmiendas suspendidas cautelarmente por el Tribunal Constitucional (TC), el PP a través de sus diferentes portavoces --principalmente Javier Maroto-- ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "estafar" a la sociedad, de ser un "trilero", y de modificar el Código Penal "para legitimar al procés" independentista. Además, han incidido en que el trámite de la proposición ha sido una "chapuza".

Ante este tono, el senador del PSOE José María Oleaga ha respondido al PP advirtiendo de que bloquear las instituciones como ocurre con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es incumplir la Constitución, y ha lamentado que la actitud del PP "rompe con el espíritu de la Transición y acaba con el entendimiento y el diálogo".

El enfrentamiento entre ambos partidos, salpicado por intervenciones de otros grupos parlamentarios, ha continuado con un PP haciendo un llamamiento a los senadores socialistas que no fueran 'sanchistas' para que salieran del Hemiciclo durante la votación. Y desde el PSOE se ha intensificado el mensaje al aseverar que lo que quieren los 'populares' es mantener el actual CGPJ "para tener amarrados a los tribunales y que les ayuden en sus causas judiciales" y para "impedir el legítimo derecho de los parlamentarios a debatir".

Al hilo, Oleaga ha señalado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es como un "boxeador noqueado" que es incapaz de comprender que la democracia consiste en "aceptar lo que dicen las urnas" y le ha acusado de provocar una "grave afectación del sistema" con su recurso de amparo y su bloqueo, mientras que desde el PP instaban al Ejecutivo una vez más a ir a elecciones generales ya.

Maroto, en uno de los dos turnos de los que ha gozado, ha criticado el "mantra" del Gobierno de que esta proposición de ley va en la línea de pacificar la relación con Cataluña, y ha añadido que "confunden pacificar con darle todo al que pide todo". "Los independentistas son insaciables, no se puede pacificar nada entregándolo todo", ha recordado.

En este sentido, y tras recordar que Sánchez ha traicionado todo lo que prometió en campaña para mantenerse en el Gobierno --"primero yo y luego España"-- ha vaticinado que lo próximo será permitir un referéndum en Cataluña, para lo que, ha dicho, necesita colocar al magistrado Cándido Conde-Pumpido al frente del TC.

Igual de dura se ha mostrado la senadora 'popular' Salomé Prada que ha acusado el Gobierno de "ceder ante los que quieren romper España" mientras que el PP se preocupa por "defender la Democracia y el Estado de Derecho".

Pero desde el PSOE han reiterado su tesis de que lo que hacen desde el Ejecutivo es propiciar el reencuentro, el diálogo y la convivencia con Cataluña, y Oleaga ha subrayado que está orgulloso de su partido porque busca soluciones a problemas de convivencia y que, "a pesar de que los ciudadanos tienen dudas, hay que mirar las cosas con perspectiva".

La senadora socialista María Nieves Hernández ha sumado a esto que la situación que dejó el PP tras salir de Moncloa en Cataluña "no es la actual" porque "se convirtieron en una fábrica de independentistas". "Son agitadores, enfrentan territorios, y nosotros hemos apostado por la vía de dialogo entre compatriotas", ha aseverado.

Tras esto, el senador 'popular' Fernando de Rosa ha puesto el foco en la reforma del delito de malversación para afirmar que provocará que muchos corruptos salgan a la calle a partir de enero de 2023. Al hilo, y tras afirmar que muchos encausados del 'procés' también se beneficiarán, ha dicho al PSOE que "las leyes no se pueden redactar desde la sede de ERC".

Por su parte, la senadora de ERC Mirella Cortés ha señalado que PSOE y Podemos están sufriendo ahora lo que los independentistas vivieron en 2017, y ha recordado que la derecha española "no quiere renunciar al poder" y que "llevan el golpe de Estado en su curriculum".

Al hilo, el senador de Junts Josep María Cervera ha señalado que la "interferencia" del TC en las funciones propias de las Cortes "confirma que España dista mucho de ser una Democracia plena". "Para luchar contra el independentismo renunciaron a la política para dejar la respuesta en manos de las togas anaftalinadas, y eso no frena al independentismo sino a la democracia", ha subrayado.

En cambio, para el senador de Vox José Manuel Marín con esta proposición de ley "se hace un uso fraudulento de la iniciativa legislativa porque se hace con fines espurios". "Con la derogación de la sedición, España se queda más desprotegida contra las amenazas contra su unidad", ha aseverado para añadir que es un claro "golpe de Estado de Sánchez para favorecer a sus socios independentistas y mantenerse en La Moncloa".

Sin embargo, para la senadora de PNV Estefanía Beltrán la iniciativa legislativa ha sido "amputada preventivamente" por el TC y "se ha cercenado el derecho de los senadores a debatir y legislar". A su juicio, el culpable de esto es del PP que "bloquea la renovación del CGPJ y por ende del TC", y usa "espuriamente los tribunales con mandatos caducados" para lograr "lo que no puede conseguir por la política".

Por su parte, desde Ciudadanos han lamentado que se legisle 'ad hominem' para favorecer a los condenados del 'procés' y han puesto énfasis en la reforma de la malversación que han calificado de escándalo porque da facilidades "para que los políticos puedan robar, hurtar y malversar".