Luz verde a las leyes de Patrimonio y del Tercer Sector

El Parlamento de Andalucía ha dado luz verde este miércoles nueva Ley andaluza de Patrimonio, que actualiza el régimen de los bienes tras cuatro décadas, y la Ley del Tercer Sector, con la que se busca reconocer y proteger la labor de estas entidades sociales.

La Ley de Patrimonio de Andalucía e  una norma "innovadora" que actualiza el régimen jurídico en una materia que lleva cuatro décadas vigente, cuyo objetivo es la puesta en uso y valor de los distintos bienes y derechos del patrimonio de la comunidad andaluza. La norma, aprobada con el voto de la mayoría absoluta del PP y la abstención de Vox, pretende avanzar en la puesta en uso y valor de los distintos bienes y derechos del patrimonio de Andalucía, y actualiza su régimen jurídico al incorporar los más modernos instrumentos jurídicos que permitan una gestión bajo máximas de eficacia y eficiencia del patrimonio autonómico, uno de los más grandes de España.

El texto busca garantizar la transparencia y simplificar la gestión administrativa, así como asegurar un modelo sostenible en el uso de los bienes públicos y, para ello, establece una nueva definición más amplia del patrimonio de la comunidad autónoma, en la que se incluyen el conjunto de bienes y derechos de titularidad de la administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias. Prevé también mecanismos efectivos que garantizan la conservación del patrimonio de Andalucía, al tiempo que se potencia la eficacia y eficiencia en la gestión especialmente en el ámbito de los edificios administrativos de la Junta, eliminando gasto superfluo e innecesario, y en el del parque móvil de la comunidad, además de establecer un régimen jurídico específico para prolongar la vida útil de bienes muebles obsoletos, priorizando su reutilización y reciclaje.

La actual Ley del Patrimonio de Andalucía es del año 1986, fecha desde la que se han aprobado diversas normas que han afectado, directa o indirectamente, al régimen patrimonial de la comunidad autónoma, unas modificaciones que quedan recogidas en una nueva normativa patrimonial adaptada a la realidad jurídica actual. Permitirá poner orden en el amplio catálogo de patrimonio público de Andalucía, ya que en anteriores legislaturas no existía siquiera un inventario actualizado de propiedades de la Junta de Andalucía.

Esa falta de organización provocaba la existencia de decenas de solares, edificios y todo tipo de inmuebles abandonados y sin control alguno, que estaban sin uso y cuyo mantenimiento tenía un coste de seis millones para las arcas públicas.
El esfuerzo desarrollado en los últimos años por la Junta de Andalucía ha permitido ingresar 137 millones de euros mediante la enajenación de inmuebles no útiles, recursos que se han destinado a servicios esenciales como la sanidad, la dependencia y la educación, asegura el Gobierno andaluz. Asimismo, se han recuperado 70 inmuebles procedentes de la operación de sale & lease back de 2014 (Operación Holmes), que ha generado un ahorro de más de 35 millones de euros anuales en alquileres a los andaluces.

Tras la aprobación de la ley, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha calificado la norma como "vital para el buen gobierno y la modernización de la administración andaluza". España ha dicho que el patrimonio publico es un conjunto de bienes del pasado que hay que gestionarlo con inteligencia y tras 40 años Andalucía tiene derecho a una norma "transparente y útil", y ha añadido que cada bien público dejara de ser una carga para convertirse "en una herramienta para el futuro".

Por su parte, Alicia Murillo (PSOE) ha apuntado que esta es una ley que "va a pasar sin pena ni gloria" porque el Gobierno no ha querido darle espacio propio por el único motivo de contar "con el mayor número de normas antes de pulsar el botón de las elecciones", y ha añadido que "nace de una necesidad de aparentar gestión".

El diputado de Vox José María Ortells ha asegurado que el proyecto de ley llega a su aprobación "con muchos años de retraso, con mucha prisa y con poco consenso", un texto que si se aplica con rigor podría acabar con "décadas de descontrol y de despilfarro" en la comunidad andaluza.

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto ha censurado la "prisa" del Gobierno andaluz por aprobar una norma que requeriría de mayor "reposo", y ha añadido que esta forma de proceder ha convertido la norma en una "chapuza" como consecuencia de querer "lavar la cara a la negligente forma en la que se han tomado el calendario legislativo".

LA LEY DEL TERCER SECTOR

Con la Ley del Tercer Sector se podrá regular el trabajo que llevan a cabo las entidades del tercer sector y favorecer de esta manera la cooperación y colaboración con las administraciones públicas en defensa de los sectores más vulnerables de la sociedad, según lo defendido por las propias entidades, que fueron las que trajeron el texto a la Cámara regional. Incluye, entre otras cuestiones, mecanismos para su participación junto a las administraciones públicas y en la gobernanza compartida centrada en el diálogo con el Ejecutivo autonómico, así como a dotar a estas entidades del tercer sector de estabilidad financiera y seguridad jurídica.

El proyecto de ley ha contado con el voto favorable de dos de sus promotores, PP y PSOE, el rechazo de Vox y la abstención de Por Andalucía y de Adelante Andalucía. La parlamentaria del PP María Isabel Lozano ha defendido que esta ley tiene "mucha importancia" para el tercer sector porque sitúa su labor en "el lugar necesario", pero también porque "ordena jurídicamente una realidad social imprescindible", pero también porque "viene a dar respuesta a todas las necesidades" que las propias entidades habían planteado.

Para el grupo socialista, la norma necesitará de desarrollos posteriores para su correcta aplicación, y estará sujeta a los cambios que se detecten durante su ejecución, pero ha señalado que era necesario un texto que "estableciera un marco regulatorio autonómico que amparase a estas entidades y el trabajo que realizan", en palabras de su parlamentario José Luis Ruiz.

Finalmente, la parlamentaria de Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha admitido que el texto necesita mejoras y seguir su desarrollo y que les hubiera gustado poder incorporar otras cuestiones "fundamentales" que no aparecen en la ley finalmente aprobada y que abarcara los efectos económicos y una mejora de las condiciones laborales de quienes trabajan en estas entidades sociales.

Contrario a la norma se ha posicionado Vox, cuya parlamentaria Ana María Ruiz ha señalado que por responsabilidad política no podían apoyar el proyecto de ley porque "nace mal planteada, mal definida y desconectada de la realidad de nuestra tierra", al tiempo que ha lamentado que también contemple el apoyo a organizaciones que, a su juicio, favorecen la inmigración ilegal y las mafias.

Por su parte, la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha lamentado que la norma adolece del rigor jurídico y técnico necesario y es una mera declaración de intereses que no se compromete de ninguna manera: "Esto es la excusa para una foto, para otro hito en la carrera electoral de un Gobierno de cara a las próximas elecciones. Les han utilizado, me duele decirlo".