La Junta convoca una oposición de 1.800 plazas y sube un 45% la renta mínima de inserción

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2022 para la Administración General de la Junta de Andalucía con 1.843 plazas, de las que 1.490 son de acceso libre, -para personal de nuevo ingreso-, y 353 para promoción interna.

Se incluyen todas las plazas ocupadas con carácter temporal durante el ejercicio 2021 y que actualmente continúan en dicha situación, así como puestos en cuerpos, grupos y categorías profesionales en los que se han detectado necesidades organizativas, según ha informado el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

De las 1.843 plazas, 960 corresponden a funcionarios (745 de acceso libre y 215 para promoción interna) y 883 a personal laboral (745 de acceso libre y 138 de promoción interna), una oferta que previamente se ha negociado con los sindicatos tanto en la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General, como en la Comisión del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral.

El objetivo de esta OEP es avanzar en la reducción de la tasa de temporalidad en la Administración Pública andaluza y responder a las necesidades organizativas y la planificación para ofrecer servicios públicos ágiles y de calidad a la ciudadanía, según Nieto, quien ha añadido que para determinar el número de plazas se ha aplicado la tasa de reposición establecida en los Presupuestos del Estado para 2022: un 120 % en los sectores prioritarios y 110 % para el resto.

Como sectores prioritarios, la ley considera los servicios destinados al control y la lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y del control de la asignación eficiente de los recursos humanos; el asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos públicos; los servicios de prevención y extinción de incendios; la asistencia directa a la ciudadanía en servicios sociales, transporte público, seguridad, emergencias, gestión de prestaciones y políticas activas de empleo; así como las áreas de tecnologías de la información y las comunicaciones.

La OEP incluye plazas para el Cuerpo Superior de Administradores (tanto Administradores Generales como de Gestión Financiera) y una veintena de cuerpos superiores facultativos como Arquitectura Superior, Ingeniería, Farmacia, Biología, Medicina, Psicología, Inspección Médica y Farmacéutica, Letrados de la Junta de Andalucía y del Cuerpo Superior de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda.

En el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio se convocan plazas en 17 especialidades como Arquitectura y diferentes Ingenierías Técnicas, Enfermería, Pesca, Trabajo Social, Turismo, Educación Social, Subinspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios.

En el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, el Decreto recoge plazas relacionadas con los servicios de prevención y extinción de incendios, como las de la especialidad de Agentes de Medio Ambiente, y la oferta se completa con plazas en los Cuerpos Generales de Administrativos y Auxiliares Administrativos.

Respecto al personal laboral, el Gobierno andaluz ha apostado por la incorporación de nuevos efectivos a la prestación de servicios tan esenciales como son la sanidad, la asistencia social y la educación.

Y al igual que con el personal funcionario, se ofertan plazas en las categorías profesionales que arrastran mayor índice de temporalidad y con más necesidades de refuerzo de personal.

El decreto eleva a un 10 % la reserva de vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad (por encima del 7 % que impone la normativa estatal) de las que el 2 % de las plazas son para personas con discapacidad intelectual y un 1% para personas con enfermedad mental, y en caso de no cubrirse las plazas reservadas, se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite del 10 % del total de puestos no cubiertos.

Asimismo, se podrán establecer medidas de acción positiva para el sexo femenino o masculino en los procesos selectivos de aquellos cuerpos, grupos o categorías en los que alguno de ellos esté especialmente subrepresentado.

Además, el decreto tiene en cuenta el principio de transversalidad en la igualdad de género, para evitar cualquier elemento discriminatorio. Y se mantiene la obligatoriedad a todos los aspirantes de relacionarse electrónicamente para participar en los procesos selectivos en aras de avanzar en la digitalización y la sostenibilidad.

LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN AUMENTA UN 45%

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la modificación del decreto que regula la cuantía de la Renta Mínima de Inserción de Andalucía (Rmisa) y ha aumentado un 45 % de media su cuantía, que cada mes llega a unas 6.500 familias en situación de pobreza.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión que con este cambio normativo se consigue incrementar la renta autonómica equiparándola al Ingreso Mínimo Vital (IMV), que es de ámbito estatal, al tiempo que se evitan desigualdades entre las familias que cobran la renta estatal y la andaluza y se da cobertura a aquellas que quedan fuera del IMV.

Ha precisado que la prestación base para cualquier persona que lo solicite tras la entrada en vigor del decreto sube de los 451 euros actuales hasta los 533, cantidad a la que se suma un 30 % por cada miembro de la unidad familiar.

En el caso de ser familias monoparentales tendrán un complemento adicional del 22 %, del que también dispondrán las familias que tengan algún miembro con discapacidad.

La cuantía máxima de la Rmisa pasa de 839 euros a 1.173.

Esta medida, ha detallado López, pretende "poner fin a los reintegros que se producen por el solapamiento de las prestaciones estatal y autonómica", ya que "las revisiones del IMV y la falta de respuesta del Gobierno de España a la propuesta de cogestión hace que cobrar ambas ayudas derive en pagos indebidos que después hay que reclamar a las familias".

Ha insistido en que se busca "dar cobertura" a las familias que se queden fuera del IMV, así como a quienes pasen por una situación de emergencia social, como los casos de mujeres víctimas de violencia de género o explotación sexual, por enfermedad o accidente grave, o en caso de pérdida de la vivienda habitual.

Ha resaltado además que el Gobierno andaluz "ha optado por un decreto ley para responder con mayor rapidez", al tiempo que mejora el anteproyecto de ley por la infancia y la inclusión, cuya tramitación se extendería durante más de un año.

El decreto aprobado permite, además, adoptar medidas para facilitar el acceso al bono social térmico, simplificar los procedimientos de renovación del título de familia numerosa y de concesión de las tarjetas de aparcamiento para vehículos para personas con movilidad reducida.

En el caso de las familias numerosas, cuando haya que renovar el título será suficiente con presentar, junto con la solicitud, una declaración responsable en la que se manifiesta que se siguen cumpliendo los requisitos, y se van a dar por renovados todas las solicitudes pendientes presentadas en los últimos meses y hasta el próximo día 31.

En cuanto a la concesión de la tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida se otorgará con carácter indefinido cuando esté acreditado y reconocido el grado de discapacidad de forma permanente y, cuando tenga carácter provisional, se concederá por el plazo de revisión del grado de discapacidad correspondiente.

El decreto dota también de cobertura legal a la obligación de las comercializadoras de facilitar los datos personales de las personas beneficiarias del bono social térmico, que gestiona la Junta, con el objetivo de mejorar la tramitación, salvar el escollo legal para acceder a los datos de los usuarios y poder determinar el importe de la ayuda y proceder a su pago, del que se benefician casi 200.000 familias se benefician de este bono.