Sanz ha explicado que Salud pretende dar cobertura -a través de una nueva orden- a supuestos de emergencia y catástrofes cuando se necesiten profesionales sanitarios, de forma que se eviten situaciones como las ocurridas durante la pandemia por la covid-19
Por Andalucía asegura que la Junta ultima una normativa que permitirá a empresas privadas que "utilicen" hospitales públicos para realizar pruebas u operaciones "concertadas".
El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha negado este lunes "tajantemente" que la Junta esté ultimando una privatización de la atención primaria en la comunidad -como ha denunciado Por Andalucía-, y ha exigido además al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un aumento de las plazas MIR. En respuesta a los periodistas en Granada, Sanz ha explicado que la Consejería de Salud y Consumo pretende dar cobertura -a través de una nueva orden- a supuestos de emergencia y catástrofes cuando se necesiten profesionales sanitarios, de forma que se eviten situaciones como las ocurridas durante la pandemia por la covid-19, en la que el coste fue tan "elevado" por no haber contado con una regulación.
La Junta prepara una orden que regule las tarifas de hace 25 años y los precios de los servicios que se concierten o externalicen en situaciones puntuales de emergencia o catástrofes como ocurrió con la pandemia. "Este Gobierno no va a privatizar absolutamente nada", ha dicho la consejera de Salud, Catalina García.
"Están absolutamente confundidos",. dice Sanz, "no tiene nada que ver, no han debido leer bien los documentos", ha indicado el consejero en referencia a la denuncia de la confluencia de izquierdas, que ha acusado a la Junta -si se aprobase la orden en los términos previstos- de permitir por primera vez concertar con clínicas privadas la atención primaria. "Niego tajantemente que eso tenga que ver con la gestión ordinaria en la sanidad publica en Andalucía, es falso", ha sentenciado Sanz, quien ha pedido que "no haya tanta mala fe cuando se interpretan las cosas" porque, "si se engaña y se miente", se confunde a la ciudadanía.
El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa ha argumentado que la pretensión de la orden de Salud es precisamente garantizar a la ciudadanía una cobertura ante cualquier tipo de situación, "incluso la que deseamos que jamás vuelva a ocurrir", un aspecto que no estaba regulado hasta el momento y que implicó durante una pandemia unos elevados costes.
La portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha denunciado este lunes que la Junta ultima una normativa para "privatizar la atención primaria" en la comunidad al permitir que empresas privadas "utilicen" hospitales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para realizar pruebas u operaciones "concertadas" con la sanidad pública.
Según critica en un comunicado, si se aprueba en los términos previstos la orden que elabora la Consejería de Salud y Consumo, "se permitirá por primera vez en la historia concertar con clínicas privadas la atención primaria, estableciendo los precios que pagará el SAS por estos servicios".
En concreto, el anexo de tarifas de dicha orden establece un pago de 150 euros por la primera consulta médica de atención primaria y de 90 euros para las sucesivas que serían aplicables en el caso de llevarse a cabo en instalaciones de clínicas privadas, pero Por Andalucía critica que la orden "también fija la cuantía para las que se realicen en la propia red sanitaria pública en un movimiento inédito por el que las empresas privadas podrán utilizar hospitales y centros de salud públicos para desarrollar actos clínicos que previamente les haya derivado el SAS".
Según este grupo parlamentario, el hecho de que la orden plantee "habilitar a la Junta para fijar las tarifas que abonará a las empresas privadas por realizar procedimientos quirúrgicos y diagnósticos en instalaciones propias de la Administración" supone "poner a disposición de las empresas las instalaciones sanitarias públicas para que cumplan con los encargos del propio SAS".
Nieto ha calificado como un "completo escándalo" las intenciones del Gobierno de Juanma Moreno y advierte de que "aprobar esta norma supondría un golpe durísimo al SAS y sus profesionales y a toda la ciudadanía". A su juicio, "Moreno está engañando al personal sanitario, especialmente al de atención primaria, porque mientras les prometía mejoras para evitar huelgas y movilizaciones, estaba preparando la entrada de empresas privadas a hacer su trabajo".
"Queda en evidencia la verdadera hoja de ruta del PP-A, que sigue los pasos de desmantelamiento de la sanidad pública ya andados por este partido en otras comunidades autónomas y especialmente en Madrid", ha añadido la portavoz parlamentaria de Por Andalucía, que ha detalla la orden que actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarifación de convenios y conciertos que suscriba el SAS para prestación de asistencia en centros sanitarios "comenzó la última fase de su tramitación el 8 de julio de 2022, apenas dos semanas después de las elecciones autonómicas en las que el PP obtuvo la mayoría absoluta".
El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha exigido este lunes "una explicación pública" tanto al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), como a la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, para que aclaren si dicho departamento del Gobierno andaluz plantea "un cambio de modelo y una privatización clara de la atención primaria" de la sanidad pública andaluza.
Así lo ha reclamado el dirigente socialista en una atención a medios durante una visita a la empresa Iturri en Utrera (Sevilla), y a preguntas de los periodistas después de que el grupo parlamentario Por Andalucía haya denunciado este lunes que la Junta ultima una normativa para "privatizar la atención primaria" en la comunidad al permitir que empresas privadas "utilicen" hospitales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para realizar pruebas u operaciones "concertadas" con la sanidad pública.
Al respecto, Juan Espadas ha señalado que el PSOE-A planteó tras el verano, el pasado mes de septiembre, "una propuesta de choque, de incremento de recursos presupuestarios a la atención primaria, porque veíamos lo que estaba pasando y el nivel de descontento de la ciudadanía, sobre todo por los retrasos a la hora de pedir cita con tu médico de atención primaria", algo que "no ha mejorado", según ha advertido.