La menor fue obligada a un matrimonio forzoso para saldar una deuda de cuatro mil euros. Junto a la madre también han sido condenadas otras cinco personas. Los procesados admitieron los hechos en el momento del juicio
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a 17 años y medio de cárcel a una madre acusada de delitos de agresión sexual y de trata de seres humanos tras supuestamente vender a su hija de 12 años, casarla y permitir que otro joven la agrediera sexualmente para saldar una deuda de 4.000 euros. Además, le han impuesto orden de alejamiento y la privación de la patria potestad respecto a su hija.
Ese es el precio que la madre y su pareja pusieron al matrimonio forzado de la menor y a su violación.
4.000 euros que eran reclamados por un matrimonio que vivía en el mismo asentamiento en Córdoba. Los acreedores plantearon una solución para saldar esa deuda: casar a esta menor de 12 años con otro de 17, que además había sido condenado en A Coruña por agresión sexual.
A la menor le retiraron toda la documentación para que no pudiera escapar de ese matrimonio forzado pero la Policía Judicial de Córdoba pudo dar con su paradero y liberarla.
Ahora está bajo la tutela de la Junta de Andalucía. Y la Audiencia de Córdoba no sólo ha condenado a la madre sino también a los acreedores, al menor de 17 años y a la madre de éste por dos delitos: trata de seres humanos y agresión sexual
Según recoge la sentencia, adelantada por el diario digital 'Cordópolis' tras facilitarla el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), también han sido condenadas otras cinco personas a penas de entre 12 años y seis meses y dos años y medio de prisión, entre ellas, la pareja de la madre de la niña, la progenitora y los tíos del joven de 17 años con el que fue casada, así como el hermano de este último. Los procesados admitieron los hechos en el momento del juicio.
Además de las condenas de cárcel, la Audiencia impone a todos los acusados la obligación de abonar conjunta y solidariamente a la menor la suma de 12.000 euros por los daños morales sufridos por ella, así como el pago de las costas procesales causadas, incluidas las de la acusación particular.