La Audiencia de Cádiz sólo condena a Francisco Tejón, del clan de "los Castaña", y absuelve a los otros 15 acusados
Según la sentencia del primer macrojuicio por narcotráfico celebrado en Algeciras, no hay pruebas de que pertenezcan a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Entre los absueltos está el otro líder del clan, Antonio Tejón.
La condena a Francisco Tejón es de tres años y un mes por un delito contra la salud pública al encontrar la policía cinco kilos de hachís en un registro en su domicilio
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, ha condenado a tres años y un mes de prisión a Francisco Tejón, Isco, uno de los dos hermanos líderes del clan de los Castaña, por un delito contra la salud pública por tráfico de hachís, y otros quince acusados han sido absueltos en un juicio contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar.
El otro hermano del clan, Antonio Tejón, es uno de los otros quince acusados en este caso que han quedado absueltos de los delitos que se les imputaban, tras la interceptación de dos alijos en 2016 en La Línea de la Concepción (Cádiz).
De uno de ellos, que se produjo el 9 de abril de ese año, cuando la Guardia Civil intervino 19 fardos en una playa de La Línea, no se ha demostrado que correspondiese a esta organización, según ha indicado la sentencia.
Del segundo alijo, el 6 de agosto de ese mismo año, la sentencia ha señalado que, igualmente, “faltan elementos probatorios suficientes” para atribuirlo a esta organización.
En cuanto a las escuchas telefónicas, aun siendo consideradas válidas para el proceso, la sentencia indica para casi todos los acusados que, si bien se ha detectado una posible actividad “tendente o relacionada con el supuesto transporte de droga”, no se puede “considerar acreditada que la ejecución de dichos actos tenga una vinculación directa con los dos alijos intervenidos”.
La Fiscalía había solicitado para Isco y Antonio un total de veinte años de prisión, en concreto quince años y cuatro millones de euros de multa por un delito contra la salud pública, tres años de prisión por tenencia de armas y otros dos años de prisión por receptación.
Para el resto de los acusados, hasta un total de quince, entre ellos dos policías nacionales y un policía local de La Línea, la petición era de nueve años de prisión y cuatro millones de euros de multa por un delito contra la salud pública, a excepción de uno de ellos, para quien también se solicitaba otra pena de tres años de prisión por tenencia de armas
