El derribo de El Algarrobico costará siete millones de euros

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 11 de febrero la declaración de utilidad pública de parte de El Algarrobico, como paso previo a su expropiación para la demolición del hotel ilegal que se ubica en esta playa, en el municipio de Carboneras (Almería), dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, como paso previo a su expropiación y posterior demolición.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha destacado que hay "dos lecciones" a aprender: que es "fundamental" proteger los ecosistemas y que el dominio público marítimo-terrestre es clave para la protección de las personas frente al riesgo de inundaciones.

Aagesen entiende que la Junta de Andalucía emprenderá "de forma responsable" las actuaciones necesarias sobre la parte del hotel que se encuentra fuera de la franja de 100 metros del dominio público marítimo-terrestre (competencia estatal) para que ambas administraciones puedan acometer conjuntamente su derribo total.

A su vez, ha recordado el protocolo de protección de la playa firmado en 2011, por el que se acordó qué el Gobierno se iba a encargar de los gastos de demolición y Andalucía, la gestión de residuos y la partida para restaurar la playa. En este marco, el Gobierno se ha comprometido a asumir los primeros con un presupuesto que puede ascender hasta los siete millones de euros.

"Queremos contar con todas las administraciones, con el sector privado concernido para avanzar; que ese símbolo de lo que no se debe hacer acabe siendo el símbolo de lo que se resuelve", ha afirmado.

Por último, Aagesen ha compartido un mensaje de "reconocimiento y agradecimiento" a los movimientos ambientales y sociales que "les han ayudado" a llevar el asunto al Consejo de Ministros. "El Algarrobico es un símbolo de un urbanismo acelerado y sin condicionantes ambientales, pero también podría ser el símbolo de algo que no acaba de tener solución", ha señalado.

Ante preguntas de los periodistas, que han inquirido sobre si ha habido algún tipo de interlocución con la Junta de Andalucía sobre El Algarrobico, Aagesen se ha remitido de nuevo al protocolo de 2011 y ha incidido en que en él se establece la constitución de una Comisión de Seguimiento que adoptaría entre otras cosas un plan de actuación conjunto.

Además, entiende que la Junta ha declarado "muchas veces" que van a comprometerse en favor del derribo de El Algarrobico. "Queremos trabaja de la mano; ese es el objetivo fundamental, que consigamos la demolición de El Algarrobico", ha incidido.

Sobre la posibilidad de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se encargue de los anuncios referentes a Andalucía, Aagesen ha destacado que le parece "apropiado" que Montero adelantase este lunes la expropiación de El Algarrobico. Según ha explicado, han colaborado "activamente" con Hacienda para loglarlos y han acudido a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en representación del Gobierno.

ACUMULA SENTENCIAS DEL TSJA Y DEL TS Y UNA DENUNCIA ANTE EL TEDH

El hotel, construido en 2003, acumula sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y del Tribunal Supremo (TS), así como una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

En 2018, el TS declaró en firme que los terrenos en los que estaba construido constituían un área ambientalmente protegida y no un área urbanizable, confirmando una sentencia previa del TSJA de 2016. En 2021, el TSJA se expresó a favor de que Ayuntamiento de Carboneras tenía la obligación de anular la licencia de obras del hotel.

Sin embargo, el TS dictaminó en 2022 que el hotel almeriense no podía ser demolido por tener licencia de obras. En este sentido, declaró que si el Ayuntamiento de Carboneras no cumplía la sentencia que le obliga a calificar los terrenos como protegidos, estos pasaban a ser urbanizables, hasta que el propio Consistorio decidiera cumplir el veredicto y modificar sus normas urbanísticas.

Greenpeace solicitó amparo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en 2024, que ha concluido con que ahora debe investigar la legalidad de la decisión del TS. La responsable del área jurídica de Greenpeace, Inés Díez de Frutos, ha explicado que todavía no han recibido respuesta del TEDH y que en la actualidad el caso se encuentra inmerso en dos procedimientos de ejecución, dado que no hay una voluntad de cumplir por parte del Ayuntamiento.

En líneas generales, denuncia las "tácticas dilatorias" que a su juicio ha llevado a cabo el Ayuntamiento para evitar cumplir con las sentencias y la "triplicación" de los procesos, ya que la promotora del hotel se presenta a algunos tribunales como Azata, Azata del Sol o Azata Inmobiliaria.

LA JUNTA CREE QUE LA SOLUCIÓN ES LA NULIDAD DE LA LICENCIA

El Gobierno andaluz ha insistido este martes en que la solución para el derribo del hotel Algarrobico es la nulidad de la licencia urbanística por parte del Ayuntamiento de Carboneras, cumpliendo una orden judicial, y no la expropiación porque sería motivo de recursos y el proceso "se podría eternizar".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo, Carolina España, se ha referido de esta forma a la decisión este martes del Consejo de Ministros de dar luz verde al inicio del proceso para expropiar parte de los terrenos donde se ubica el hotel El Algarrobico de Carboneras (Almería), cuyo plan de derribo permitirá recuperar el paraje natural del Cabo de Gata, según el Gobierno.

España ha añadido que el anuncio de la decisión del Gobierno central supone una "falta de lealtad" no solo hacia la Junta, sino al propio Gobierno central, puesto que en marzo de 2024 ambas administraciones coincidieron en la comisión mixta en que la solución pasaba por la nulidad de la licencia urbanística.

El convenio firmado en 2011 entre ambas administraciones definía las responsabilidades de cada una, según ha dicho la portavoz, quien ha recordado que el Gobierno es el encargado de derribar la mole construida y la Junta de gestionar los residuos que se produzcan una vez que se realice el derribo.

"¿Por qué cambia ahora al método de la expropiación?", se ha preguntado España, quien ha recordado que en 2009 "se dejó morir" la solución de la expropiación que se planteó por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y se insistió en que la "vía mas idónea" era la de la nulidad de la licencia por parte del Ayuntamiento de Carboneras.

Tras advertir de que se trata de "una vuelta al pasado" y que desde Andalucía no se entiende este cambio de opinión, la también consejera de Economía y Hacienda ha insistido en que un procedimiento de expropiación es "susceptible de recurso y esto se puede judicializar de forma eterna".

Ha insistido en ofrecer "toda la colaboración institucional" y ha pedido al Gobierno que informe "cuándo llegarán las excavadoras" para proceder a la demolición, tras lo que ha espetado: "Ya está bien de marear la perdiz y poner cortinas de humo" en un asunto sobre el que ambas administraciones coincidieron en que lo idóneo era la nulidad de licencia.

"Pedimos que dejen de enredar y que nos digan el día y la hora en que llegarán las excavadoras", ha subrayado la consejera, quien ha insistido en que la culpa de que esta situación siga así es del gobierno socialista en Carboneras y en la Junta, y la expropiación "no es la solución".

Según España, el Ayuntamiento de Carboneras tiene que "cumplir" lo que dictaminó la Justicia y lo que se acordó en la comisión mixta entre ambas administraciones en marzo de 2024 y que pasa por la nulidad de la licencia urbanística, de forma que la "única" que ha cambiado ha sido la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, cuando anunció ayer esta expropiación "en contra del criterio de su propio gobierno".