El Algarrobico, encallado en la playa 20 años después

Nunca abrió. Una orden judicial paralizó su construcción y lo transformó en una mole de hormigón frente al Mediterráneo. El hotel del Algarrobico lleva más de dos décadas varado en la playa almeriense que le da nombre, convertido en símbolo del choque entre el desarrollo urbanístico y la protección del medio ambiente.

Allí sigue, encallado en un proceso judicial interminable, dominando el paisaje de uno de los espacios naturales más valiosos de España. De este embrollo político y judicial tratamos esta semana en Los Reporteros.

UN ESPACIO “TOTALMENTE ÚNICO”

En el corazón del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, el edificio irrumpe en un entorno que acumula más figuras de protección que ningún otro del país. Declarado en 1987 como el primer parque marítimo-terrestre de Andalucía, sus 63 kilómetros de costa conforman el paisaje más árido de Europa y uno de los pocos de origen volcánico.

Salvador Parra, director conservador del parque, lo resume así: “La biodiversidad tan enorme que hay a nivel de flora y fauna y no solo a nivel terrestre sino también marino lo convierten en un espacio totalmente único”. Ese carácter excepcional le ha valido reconocimientos internacionales como Reserva de la Biosfera, Geoparque Mundial o su inclusión en la Red Natura 2000.

La normativa es estricta. Las construcciones permitidas deben ser de una sola planta, de escasa altura y respetuosas con la tipología tradicional. “Una actuación como la que se hizo en el Algarrobico es totalmente incompatible”, subraya Parra.

EL PROYECTO QUE NACIÓ CON PERMISOS

El hotel comenzó a levantarse en 2003 con licencia municipal. El Ayuntamiento de Carboneras concedió el permiso apoyándose en un plan urbanístico ratificado por la Junta de Andalucía que clasificaba el suelo como urbanizable. En la tramitación intervinieron informes sectoriales de todas las administraciones, incluida la estatal, a través de la Demarcación de Costas, que emitió hasta cuatro informes favorables.

Sin embargo, la Ley de Costas de 1988 fijaba una servidumbre de protección de 100 metros desde la ribera del mar. Según los grupos ecologistas, el hotel invadía esa franja —fue construido a apenas 20 metros— y además se situaba en una zona C1 de especial protección dentro del parque.

“El hotel El Algarrobico es ilegal por dos motivos fundamentales”, sostiene el abogado de los colectivos conservacionistas, José Ignacio Domínguez, que denuncia tanto la invasión de la servidumbre como su ubicación en un área natural de interés general.

LA PARALIZACIÓN AL 80%

Mario Sanz, farero en Mesa Roldán durante más de treinta años, recuerda el inicio de las obras: “El mismo día que empezaron a mover tierra las excavadoras pasé por ahí y vi la obra”. Avisó al Seprona al considerar que se estaba actuando “en una zona que era claramente ilegal”.

En febrero de 2006, con la obra ejecutada al 80%, llegó la orden judicial de paralización. En el interior ya había habitaciones piloto amuebladas, anticipo de las 411 previstas por la promotora Azata del Sol. Desde entonces, la estructura de 21 plantas espera una solución definitiva.

UN “GALIMATÍAS JUDICIAL”

En 2016, el Tribunal Supremo declaró que el hotel se había construido en suelo protegido. Parecía el desenlace. Pero la sentencia no ordenaba el derribo. En 2023, el alto tribunal añadió un matiz clave: no puede demolerse mientras la licencia de obras siga vigente.

“¿Por qué en la actualidad sigue existiendo este hotel? Pues porque está en una especie de galimatías judicial que lo está eternizando ad infinitum”, afirma Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace Andalucía.

El suelo ya no es urbanizable tras la modificación del PGOU de Carboneras, pero el Ayuntamiento debe revisar ahora la licencia por orden judicial. Y ahí surge el obstáculo económico.

LA CLAVE: LA INDEMNIZACIÓN

Para Salvador Martín Valdivia, catedrático de Derecho Administrativo, el problema es claro: “Anudada a la declaración de nulidad debe de ir aparejada la declaración de responsabilidad patrimonial de la Administración”. La cuantía podría ser multimillonaria.

La promotora reclama 44,5 millones de euros. El Gobierno ofrece 16.495 euros por los terrenos de su competencia. El presupuesto municipal no alcanza los 11 millones. “El impacto sería dramático. Sería hundir a este pueblo”, advierte el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, que pide apoyo económico a la Junta y al Ejecutivo central.

“El problema no es de uno solo de los actores”, apunta Martín Valdivia. “Es un problema generado por la participación activa de las tres Administraciones”.

DEMOLER O ESPERAR

Desde 2011 existe un acuerdo para ejecutar la demolición: el Estado asumiría el coste —estimado en siete millones de euros— y la Junta de Andalucía la gestión de residuos y la restauración ambiental. Pero todo depende de la revisión de la licencia.

El Gobierno ha abierto además la vía de la expropiación forzosa de parte de los terrenos, aunque el desacuerdo sobre el precio podría desembocar en nuevos litigios.

“Si es posible que estemos 30 años sin ver la demolición del inmueble, es posible”, reconoce Martín Valdivia. “La justicia es lenta y garantista”.

Para los ecologistas, la apertura es inviable: “Legalmente es imposible que se abra el hotel”, sostiene Domínguez. Y lanza una advertencia final: “Si este hotel no lo derriba la justicia, ya se encargará el salitre y los vientos de Poniente de derribarlo”.

El futuro del Algarrobico sigue sin escribirse. Encallado frente al mar, permanece como recordatorio de un modelo urbanístico cuestionado y de un conflicto que enfrenta empleo, legalidad y conservación en uno de los paisajes más singulares del Mediterráneo.