Historia de un embrollo urbanístico y político

La licencia de obra de El Algarrobico, concedida en 2003, sigue viva administrativamente pese a ser contraria a la normativa actual. Su anulación es necesaria para proceder a la demolición. El Consejo Consultivo dirá si la licencia es ilegal. El visto bueno del Consejo Consultivo es un trámite previo obligatorio y su dictamen también es preceptivo, es decir, hay que cumplirlo. El intento del Consistorio para anularla mediante una revisión de oficio ha fracasado en este inicio de 2026, en lo que los ecologistas califican de "bucle de artimañas". La vicepresidenta del Gobierno central, María Jesús Montero, prometió tirarlo en cinco meses, antes de que acabará 2025, pero la realidad es que sigue en pie.

La posible anulación de la licencia no cierra la otra vía de conflicto: la indemnización a la promotora por el precio del suelo. Azata del Sol rechaza los 16.500 euros que le ofrece el Gobierno, muy por debajo del valor de mercado y de los 44 millones y medio que ellos piden. Un jurado provincial de expropiación debe fijar un nuevo justiprecio. Y si no se llega a un acuerdo por esta vía administrativa, de nuevo acudir a los tribunales. Demoler el hotel costaría 7 millones de euros y la justicia tiene que dictaminar también quién asumiría ese coste.

22 años y 63 sentencias judiciales después, el hotel de El Algarrobico en Carboneras, en el Cabo de Gata de Almería, sigue en pie como el esqueleto de un disparate político. En realidad el problema se remonta al siglo pasado, a 1997, cuando el Gobierno de la Junta socialista presidido por Manuel Chaves declara urbanizables estos terrenos junto al mar, contraviniendo la Ley de Costas y sus propias normas de zonas naturales. De aquella excepción, cuya causa sigue sin conocerse, nace todo el problema. Al calificarse la tierra como urbanizable, un promotor obtiene en 2003 en el Ayuntamiento de Carboneras el permiso para hacer un hotel de 441 habitaciones prácticamente volcado al mar, dentro del Parque Natural Cabo de Gata - Níjar. Y empieza la obra.

Pero enseguida varios grupos ecologistas denuncian la agresión al medio ambiente. En 2006 se produce la única resolución judicial que se ha cumplido hasta ahora: una sentencia detiene la construcción. Manuel Chaves cambia de opinión y dice que hay que derribar el edificio.

Comienza entonces una riada de recursos y contrarrecursos que sigue hasta hoy. La propia fachada, con pintadas a favor y en contra de la apertura, es testigo de la polémica. En 2010 el Tribunal Supremo declara ilegal la obra al ocupar un suelo de máxima protección. Pero el Ayuntamiento de Carboneras se niega a cambiar su plan urbanístico. Muchos vecinos del pueblo quieren el hotel por los puestos de trabajo que daría en una zona con alto desempleo.

En 2023, tras idas y venidas en un bucle judicial, el Supremo dice que la licencia de obras sigue vigente hasta que el Ayuntamiento no la revoque. El hotel no se puede demoler, ni tampoco acabarse.