La rebaja de la sedición se tramitará por vía de urgencia y estará a final de año
Se ha tramitado por la vía de urgencia sin el dictamen del Consejo de Estado o un informe del Consejo General del Poder Judicial
Montero en Chiclana: "Este Gobierno está haciendo una apuesta por la convivencia". Gamarra acusa a Sánchez de "dar gasolina" a los independentistas
Los socios del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, esperan que la reforma del delito de sedición sea una realidad antes de que finalice el año. Se ha tramitado por la vía de urgencia sin el dictamen del Consejo de Estado o un informe del Consejo General del Poder Judicial. Con la reforma desaparece del Código Penal el delito de sedición y se cambia por otro de "desorden público agravado". Un cambio que rebaja las penas de 15 a un máximo de 5 años de prisión y 8 de inhabilitación. Las reacciones políticas continúan.
La ministra de Hacienda y Función Publica, María Jesús Montero, ha reprochado este sábado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, las críticas hacia el Gobierno por la sustitución del delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados por cuanto "intentó dar lecciones de constitucionalismo cuando lleva más de cuatro años sin cumplir la Constitución" y considerar que esto lo sitúa "lejos de ser un partido de Estado", en alusión a la ruptura del acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En declaraciones a los medios de comunicación en Chiclana de la Frontera (Cádiz), Montero ha defendido la iniciativa de cambiar el tipo delictivo que sancionó la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) en Cataluña porque "lo hacemos europeizando el delito de sedición", al tiempo que ha esgrimido que de la gestión que ha impulsado Pedro Sánchez como presidente del Gobierno "en Cataluña se vive mucho mejor que en 2017 y hoy hay menos independentistas". Y añade: "Este Gobierno está haciendo una apuesta por la convivencia", cometido que ha defendido como "la principal tarea de cualquier gobernante público".
Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha criticado este sábado "la hipoteca" que Pedro Sánchez tiene contraída con los independentistas a los que "entrega gasolina" al derogar el delito de sedición para seguir siendo presidente del Gobierno: "Sánchez ha demostrado un absoluto desprecio por la verdad y una absoluta ansia de poder", ha asegurado. La número dos del PP ha lamentado la decisión de Pedro Sánchez sobre el delito de sedición asegurando, además, que el presidente del Gobierno "ha mentido a los españoles".
LA REFORMA DEL DELITO DE SEDICIÓN
Para reformar el Código Penal se necesita mayoría absoluta en el Congreso, 176 votos, que el Gobierno podría sumar con sus socios de investidura.
La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha convocado para el próximo 6 de diciembre, Día de la Constitución, una manifestación en Barcelona para mostrar su rechazo a la reforma del Código Penal para suprimir la sedición. Según ha manifestado la entidad independentista a través de un comunicado, la reforma legal tiene "un doble objetivo no disimulado como es castigar la movilización independentista en las calles y penalizar más cómodamente hechos como los del 1-O por ocupar instalaciones o edificios".
LOS DETALLES JURÍDICOS DEL DELITO DE SEDICIÓN.
El delito de sedición está incluido entre los delitos contra el orden público, en el artículo 544 y siguientes del Código Penal. Castiga a quienes, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen "pública y tumultuariamente" para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes.
Actualmente, el Código Penal prevé penas de entre 10 y 15 años de prisión para los autores del delito de sedición, así como la inhabilitación absoluta si son autoridades públicas. La reforma que proponen PSOE y Unidas Podemos rebaja estas penas casi a la mitad.
La proposición de Ley dice textualmente que "serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación, obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios".
En el caso de que el delito lo cometan autoridades del país, la inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos será de seis a ocho años. Pero, ¿cuándo y cómo se ha aplicado hasta ahora? Fue el 14 octubre de 2019 cuando este tipo delictivo saltó a las portadas, con la sentencia del Tribunal Supremo que condenó por sedición a los líderes del "procés" (fueron indultados parcialmente en junio de 2021). La pena mayor, de 13 años, recayó sobre el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, condenado también por malversación, como los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.
¿Y cómo afectaría una reforma a los condenados o huidos? Si la iniciativa sale adelante, los más beneficiados serán los nueve políticos ya juzgados e indultados por el procés ya que, aunque sus indultos están recurridos, con el cambio legislativo sus penas se considerarían cumplidas.
Un caso diferentes es el de los políticos que están huidos de la justicia, como es el caso del expresident Carles Puigdemont, ya que en ningún momento han sido juzgados. Aunque el delito de sedición sea derogado, Puigdemont puede ser buscado también por malversación, delito castigado con entre 2 años y 6 de prisión.
