Aquí puedes ver los compromisos adquiridos por Sánchez con los grupos independentistas que le apoyan.
El acuerdo de investidura de PSOE y PNV garantiza transferir a Euskadi las competencias pendientes y el reconocimiento nacional de Euskadi. Esa negociación tendrá un "plazo orientativo" hasta año y medio después de que se inicie la próxima legislatura vasca en 2024, por lo que discurrirá de forma paralela a la de las transferencias pendientes, cuyo plazo de dos años comienza con la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
El cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika y la negociación del reconocimiento nacional de Euskadi son dos de las principales claves del pacto que este viernes han suscrito el PSOE y el PNV para reeditar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. En el pacto se acepta negociar "de buena fe" y "sacar adelante" en los parlamentos vascos y español un acuerdo, que deberá ser ratificado en consulta al pueblo vasco, sobre el reconocimiento nacional de Euskadi, la salvaguarda de las competencias vascas y un sistema de garantías basado en la bilateralidad Euskadi-España.
El plazo orientativo para alcanzar dicho acuerdo no superará el año y medio desde el inicio de la próxima legislatura del Parlamento Vasco (aproximadamente marzo de 2026, si las elecciones fuesen en julio próximo).
Entre las materias pendientes de transferencia, según el listado acordado en la legislatura anterior, figura la gestión de la Seguridad Social, como asunto pendiente en general, aunque la concreción de su traspaso se tendrá que negociar estos dos años. También se incluye el compromiso de "remover" los obstáculos legales que impidan un mayor ejercicio del autogobierno. En tercer lugar, la prelación de los convenios colectivos de carácter autonómico en el ámbito vasco sobre los negociados a nivel estatal, para lo cual se acuerda modificar los puntos 3 y 4 del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores que fija la concurrencia de los convenios colectivos.
La cuarta clave sería el refuerzo y ampliación del Concierto Económico con la concertación de impuestos y la fijación de los límites de deuda en la Comisión Mixta de Concierto y en la del Convenio navarro. Destaca también, en quinto lugar, que las actuales competencias de la Ertzaintza como policía integral se extienden a las infraestructuras críticas del Puerto de Bilbao, incluida su zona restringida, y a la investigación y persecución de los delitos contra el medioambiente, así como en materia de ciberseguridad.
El acuerdo incluye que el Gobierno financie con 100 millones de euros en cuatro años a las instituciones vascas la adaptación del euskera a la digitalización, lo que el presidente del PNV ha considerado un "broche" para el pacto. Para Navarra, el PSOE y el PNV han pactado la transferencia competencial del I+D+i y de las becas en un plazo de seis meses. También han acordado que esté presente un miembro de las instituciones vascas en las reuniones de alto nivel de la Unión Europea en las que se traten temas tributarios.
En seguridad, la Ertzaintza asumirá la labor policial en el Puerto de Bilbao y en la investigación de crímenes medioambientales. Entre otras cuestiones, han pactado también un cambio legal para permitir la segregación de un municipio si supera los 4.000 habitantes, lo que beneficiará a Usansolo, la localidad vizcaína que lo pretende, y culminar la desafección de terrenos del dominio marítimo-terrestre ocupados por zonas deportivas en Hondarribia.
EL COSTE DE LA INVESTIDURA
No son las únicas demandas a las que tendrá que hacer frente Sánchez. El BNG ofrece sus votos a cambio de alcanzar el mismo estatus que Cataluña y Euskadi como nacionalidades históricas. Además, medidas compensatorias: es decir, si a Cataluña -por ejemplo- le condonan una deuda, Galicia deberá ser compensada con beneficios. Bildu no ha marcado líneas rojas, pero Otegi busca el Ayuntamiento de Pamplona y ahí reclamará el apoyo de los socialistas. Además allanan el terreno para pactos en el País Vasco.
El primer acuerdo para la investidura lo firmaron Sánchez y Yolanda Díaz. Sumar ha pedido reducir la jornada laboral a 37 horas y media, mejoras en el transporte público, más inversión para sanidad, y la Ley de cuidados, entre otras medidas de carácter social. Frente al primer acuerdo, los dos que más han costado: Esquerra y Junts firmaron el compromiso de no apoyar un futuro Gobierno de Sánchez si no garantiza las condiciones para un referéndum. Con ellos se ha negociado la ley de Amnistía. Esquerra arrancó el compromiso de traspasar íntegramente los trenes de cercanías a Cataluña y también la condonación de parte del Fondo de liquidez autonómico. Para los acuerdos con Junts, además, se contempla la figura del verificador.