Leire Díez, Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, en libertad provisional con medidas cautelares
Con la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado, los tres han abandonado por su propio pie este sábado el juzgado.
Leire Díez, que ha salido con el rostro completamente cubierto, y el empresario de Servinabar se han acogido a su derecho a no declarar, mientras que el expresidente de la SEPI ha negado haber participado en ninguna irregularidad en contratos públicos.
Anticorrupción investiga a Leire Díez, conocida como “la fontanera del PSOE”, Antxón Alonso, propietario de Servinabar, y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, por presuntos delitos e irregularidades en contratos públicos, por lo que fueron detenidos el miércoles por la UCO.
La exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso han quedado este sábado en libertad con medidas cautelares como investigados en una causa abierta por presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos públicos. Con la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado, los tres han abandonado por su propio pie este sábado la Audiencia Nacional sin hacer declaraciones a las decenas de medios que les esperaban.
Tras ser detenidos este miércoles, los tres han comparecido ante el juez Antonio Piña, que ha atendido la petición de la Fiscalía Anticorrupción y les ha dejado en libertad provisional con las mencionadas medidas cautelares. Leire Díez, que ha salido de la Audiencia Nacional con el rostro completamente cubierto, y Antxon Alonso se han acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado al estar la causa secreta, mientras que Vicente Fernández ha negado haber participado en ninguna irregularidad en contratos públicos.
La causa secreta por la que han sido arrestados esta semana Leire Díez, conocida como “la fontanera del PSOE”, Antxón Alonso, propietario de Servinabar, y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, se abrió a raíz de documentación que la Guardia Civil intervino en junio en el registro de Servinabar. Se trata de la constructora navarra de la que era socio el ex número 3 del PSOE Santos Cerdán y que es clave en otra presunta trama que investiga el Supremo: la de la adjudicación de obras públicas a cambio de comisiones en la etapa de José Luis Ábalos como ministro de Transportes.
La investigación, que arrancó con una querella de la Fiscalía, trata de esclarecer presuntas irregularidades en contratos públicos y, con ese objetivo, los agentes de la UCO han practicado esta semana una veintena de registros y requerimientos de documentación en organismos, empresas y domicilios en las provincias de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra.
Los agentes acudieron a pedir información a la SEPI o a Correos, y registraron la sede de Enusa, empresa de titularidad pública dependiente de la primera y en la que Leire Díez estuvo contratada como responsable de comunicación coincidiendo con la etapa en la que Vicente Fernández presidió la SEPI (2018-2019). En Correos, donde llegó a ser directora de Filatelia, tuvo varios cargos hasta 2023.
Este viernes, la UCO también acudió a organismos dependientes de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, fundamentalmente direcciones generales, en busca de documentación sobre contratos y subvenciones bajo la lupa de los investigadores. En concreto, los agentes han requerido información a la Dirección General de Patrimonio del Estado o el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (de Hacienda) o la Dirección General de Política Energética y Minas (Transición Ecológica). También se han personado este viernes en Cofivacasa, perteneciente a la SEPI.
El jueves, la UCO acudió a recabar documentación a las empresas públicas Sepides y Mercasa y acudieron también a las instalaciones de Forestalia en Zaragoza y Madrid; a la asesoría fiscal Conaudire, en la capital mañana, o a la empresa Cemsal. También registraron un bar de Sevilla gestionado por la sociedad La Bola Innovación, creada en 2014 por la pareja del expresidente de la SEPI, quien fue administradora hasta junio de 2023, cuando tomó el relevo el propio Vicente Fernández. La UCO se incautó de la contabilidad y dispositivos del local para determinar si pudo usarse para blanquear dinero presuntamente ilícito de la trama investigada.
