El Gobierno pacta con ERC y Bildu la ley de vivienda

El Gobierno ha llegado a un acuerdo con Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para introducir en la Ley de Vivienda un tope del 3 % en las renovaciones anuales de los contratos de alquiler en 2024, mientras que en 2025 se creará un nuevo índice "más estable e inferior a la evolución del IPC".

En una rueda de prensa celebrada este viernes, el diputado de EH Bildu Oskar Matute ha celebrado este acuerdo "importante, de enorme trascendencia en lo social y político", que además de eliminar el IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos, también incorpora nuevas medidas de protección frente a desahucios.

El pasado diciembre el PSOE llegó a un preacuerdo con Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para que la ley estableciera un tope del 3 % en las renovaciones anuales de los contratos.

Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Económicos sorprendió en la última reunión con la propuesta del 3 % el primer año y que después el límite lo determinara un índice de precios por elaborar, algo que fue rechazado por las otras tres formaciones

La normativa fue uno de los compromisos que alcanzaron los dos socios de coalición en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, pero motivó también una intensa negociación donde PSOE y Unidas Podemos tuvieron que limar diferencias hasta que se aprobó en el Consejo de Ministros.

DESBLOQUEO DE LA LEY

la ley llegó al Congreso en febrero de 2022 y, tras superar el debate de totalidad en marzo del año pasado, tardó dos meses en que se diera vía libre a la presentación de enmiendas parciales, y todo pese a que los dos socios del Gobierno pidieron que se tramitara de urgencia.

En ese trámite de enmiendas volvieron a surgir divergencias dado que Unidas Podemos presentó enmiendas parciales al texto, bajo el argumento que sin incorporar más avances la norma no sería aceptada por ERC y Bildu, cuyo voto es clave para conseguir que culmine la tramitación parlamentaria. Mientras, el PSOE afeó que salieran del marco que se había consensuado en el seno del Ejecutivo, pero también trazó contactos con las dos fuerzas independentistas. 

Uno de los puntos de discrepancia era la definición de los grandes tenedores de vivienda, que en el texto del Consejo de Ministros se fijó en diez pero en los últimos meses se había llegado a un consenso de rebajar ese umbral y al final se ha decidido dejarlo en cinco.

Pero sobre todo el núcleo central que demandaban los aliados del Ejecutivo era avanzar en el sistema de regulación de precios en zonas de mercado tensionado para que fuera efectivo, y ahí se ha acordado una subida tope del 2% en 2023, un 3% e 2024 y a partir de ahí se creará un nuevo cálculo.

También se dieron avances en materia de paralización de desahucios en familias vulnerables y reducir la vacatio legis (el periodo de tránsito hasta la aplicación efectiva de la norma) fijada inicialmente en 18 meses (aspecto que demanda también Bildu y ERC) .

Otra parte esencial del debate se refería al encaje que deben tener las viviendas que entren por primera vez en el mercado del alquiler, que los morados demandaban y también unos de los flecos en los que dialogaban era topar la revalorización del precio del alquiler mientras se definía el sistema de regulación de precios.

Los morados habían lanzado diversos mensajes al PSOE en las últimas fechas, al sostener que la aprobación de la Ley de Vivienda era esencial para que el Ejecutivo de coalición revalidara en el próximo ciclo electoral.