Las fuerzas de izquierda han desdeñado el texto porque consideran que está al servicio del "oligopolio" eléctrico. PP y Vox han dicho que el apagón de abril fue culpa del Gobierno y que antes de poner en marcha cualquier medida tendría que haber dimisiones.
El Pleno del Congreso ha derogado este martes el decreto para reforzar el sistema eléctrico y evitar apagones como el ocurrido el pasado 28 de abril por el 'no' de PP, Vox y UPN, pero también de tres socios de investidura: Podemos, BNG y Junts, a los que se ha unido el diputado de Chunta Aragonesista integrado en Sumar, Jorge Pueyo.
De su lado ERC, PNV, Bildu, Coalición Canaria y el exministro socialista ahora integrado en el Grupo Mixto, José Luis Ábalos, han votado a favor, dando como resultado final un total de 183 votos en contra, 165 a favor y ninguna abstención.
El pasado 28 de abril la Península Ibérica se quedó sin luz y el Gobierno se comprometió a realizar un informe para evaluar las causas que provocaron el episodio y adoptar medidas para que no se vuelva a producir.
Casi dos meses después, el Gobierno concluyó que el apagón se produjo por un problema multifactorial que originó una escalada de sobretensión que ni las empresas eléctricas ni Red Eléctrica pudieron controlar, por lo que presentó un decreto para, entre otros puntos, reforzar la supervisión del sector eléctrico, rebajar en un 80% los peajes a la industria electrointensiva o facilitar la conexión de nuevas instalaciones de generación y de consumo.
Sin embargo, las medidas no han sido suficientes para convencer a la mayoría del hemiciclo. Por un lado, las fuerzas de izquierda (Podemos y BNG) han desdeñado el texto porque consideran que este está al servicio del "oligopolio" eléctrica. De su lado, PP y Vox han dicho que el apagón de abril fue culpa del Gobierno y que antes de poner en marcha cualquier medida tendría que haber dimisiones.
El Ejecutivo esperaba apuntarse una victoria parlamentaria no solo con el decreto antiapagón, también con su iniciativa para la reducción de la jornada laboral, una de las medidas más simbólicas del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. Sin embargo, el Ejecutivo la sacó de la sesión ante el riesgo de sufrir una nueva derrota en el Congreso de los Diputados.
Lo mismo ha ocurrido con la Ley de Eficiencia Judicial, más conocida por Ley Bolaños, que ni siquiera ha llegado a ser debatida en al congreso, al ser rechazada previamente por Junts
El Congreso sí ha aprobado la reforma del reglamento de la cámara para dotarlo de un lenguaje inclusivo y por el que a partir de ahora pase a llamarse Congreso, a secas, y no Congreso de los Diputados.
También salió adelante, con el voto favorable del PP, el decreto de convalidación de las nuevas entregas a cuenta a comunidades y ayuntamientos, es decir, los pagos que el Estado adelante a las distintas administraciones