El Supremo cita a declarar a los dos empresarios granadinos investigados por la UCO

El instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha citado a declarar en julio como investigados a cinco empresarios entre los que se encuentran los hermanos granadinos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, responsables de OPR, una de las empresas que la UCO sitúa en los presuntos amaños, tras el registro que llevaba a cabo en una casa de la familia en Granada.

El empresario Antonio Fernández fue coordinador de la Delegación del Gobierno en Andalucía entre 2021 y 2022. Fue nombrado por el actual delegado del Gobierno en nuestra comunidad, Pedro Fernández, que, a través de su gabinete de prensa, ha asegurado que, de confirmarse, lamentaría los hechos que se investigan, como el que afecta al que fuera su colaborador, y se ha desvinculado de cualquier actividad al margen de la ley.

El juez instructor del Supremo ha citado a Antonio Fernández y a su hermano Daniel, para los días 4 a 7 de julio. Hace unas semanas, el Supremo ordenó registrar la casa de los hermanos y la sede de su empresa OPR en Granada, de la que son responsables, ante los indicios de que “en connivencia” con José Luis Ábalos y Koldo García “pudiera haber obtenido beneficios económicos por la adjudicación de obras públicas.

El juez también ordenó el registro de la casa del cuñado de ambos, Fernando Merino, director de Acciona Construcción en Navarra, que les habría puesto en contacto con Koldo para favorecer la adjudicación de obras a OPR.

Pero el de la Granada y los hermanos Fernández Menéndez es solo uno de los vínculos de la trama Koldo en Andalucía. En Sevilla, se encuentran las obras de ampliación del puente del Centenario en Sevilla. En las grabaciones recogidas por la Guardia Civil se apunta un amaño para conceder la obra a cambio de una compensación económica de al menos 100.000 euros para el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

También aparece en el informe de la UCO el desdoblamiento de la N-IV entre Dos Hermanas y Los Palacios, que entró en servicio en 2021, después de un retraso de tres años y una modificación presupuestaria de 4 millones. Y en la provincia de Jaén los agentes centran su investigación en la autovía A 32 que une la provincia Jaén Albacete y la Nacional 322, entre Ubeda yTorreperogil. La adjudicación se materializó en mayo del año 21, por 71 millones de euros, aunque en 2023 se amplió hasta los 102 millones.

PAGOS POR LAS OBRAS EN EL PUENTE DEL CENTENARIO DE SEVILLA
La Guardia Civil incluye, en su informe sobre el cobro de comisiones entre la cúpula socialista, el presunto pago de un soborno relacionado con el Puente del Centenario, el de mayor tráfico de Sevilla. Este puente está siendo ampliado y, según la UCO, la concesión de la obra habría generado una mordida de al menos 100.000 euros para José Luis Ábalos.

La ampliación de los tirantes del Centenario es la mayor obra emprendida en los últimos diez años por el Gobierno central en la ciudad de Sevilla. Su presupuesto fue de 106 millones de euros y se adjudicó en el año 2020 a una Unión Temporal de Empresas de la que forman parte las constructoras Acciona, Tecade y Freissinet.

En las grabaciones recogidas por la Guardia Civil se apunta una trama para conceder la obra a cambio de una compensación económica para el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Desde entonces, el coste de la reforma se ha disparado y hoy asciende a 120 millones de euros, cuando sólo se ha realizado una cuarta parte de las intervenciones necesarias. La Guardia Civil indica además que los encargados de gestionar el cobro de la comisión fueron presuntamente Koldo García y Santos Cerdán. Una cantidad que no se ha podido fijar con exactitud pero que podría oscilar, señala el informe policial, entre los 100.000 y los 450.000 euros de mordida.

LOS VÍNCULOS CON GRANADA

Ya se sabe que el caso Koldo en Granada ha llevado a la Guardia Civil a realizar registros en el domicilio particular de un ex directivo de Acciona en Huétor-Vega, y en la sede de dos empresas vinculadas a la construcción, en Peligros y Baza. Los agentes sospechan de interés en obras públicas y de intercambio de contraprestaciones entre las partes. En el Informe de la UCO, al que ha tenido acceso Canal Sur, aparece nombrada Granada en 16 ocasiones a lo largo de sus 490 folios.

Los últimos registros llevados a cabo en Granada en el caso Koldo han tenido lugar en dos domicilios particulares, uno de ellos en Huétor Vega y otro en Baza, y en la sede de la empresa OPR en el polígono Juncaril. Según el informe de la UCO, el hilo de esta pieza separada que conduce a Granada tiene como eje un exdirectivo de la empresa Acciona, con domicilio en Huétor Vega, que tenía línea directa con Koldo García, entonces asesor de José Luis Ábalos.

Este ejecutivo, de acuerdo con la investigación, es quien facilitó que sus cuñados, vinculados con la empresa OPR, fueran recibidos por la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera y que la empresa lograra tres contratos en Jaén, Asturias y Galicia. Uno de los cuñados es Antonio Fernández, que ha sido asesor de Pedro Fernández en la Delegación del Gobierno de Andalucía. Además, OPR se unió a Anfersa para construir la ronda sur de Motril, justo cuando esta segunda empresa, con sede en Baza y también investigada en este caso, tenía contratada a la mujer de Koldo García.

En el mismo informe, los agentes sospechan también que la ex pareja de Koldo García, Patricia Úriz, cobró casi 14.000 euros en concepto de nómina de una empresa de áridos establecida en Baza, sin que constara haber trabajado allí presencialmente. Durante el periodo que se produjeron esos pagos, las dos empresas investigadas en Peligros y Baza fueron adjudicatarias de importantes obras públicas del ministerio.

LA A32 DE LINARES A ALBACETE
En el informe que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha aportado al juez del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo aparece una obra emblemática en la provincia de Jaén, la carretera A32, que une Linares con Albacete y también el proyecto de la Nacional 322 de Córdoba a Valencia, en el tramo de Úbeda a Torreperogil.

En uno de los dispositivos móviles de Koldo los agentes de la Benemérita habrían localizado una conversación para que se aprobara el modificado del proyecto de la A32, tal y como habían acordado con la adjudicataria de la obra, Acciona, a través de Fernando Merino, director del Departamento de Navarra y La Rioja. Un proyecto que presentaba modificaciones por las que un funcionario llegó a pedir explicaciones que, finalmente, pudieron sortear satisfactoriamente. Una prueba de esas conversaciones consideradas como exitosas por la trama, a pesar de los impedimentos puestos por el funcionario, la aportan los agentes en su informe.

EL AVE DE PULPÍ A VERA.
El informe elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la instrucción del "caso Koldo" se mencionan cobros irregulares de dinero procedentes de la adjudicación del proyecto constructivo de la plataforma de la linea del AVE entre Pulpí y Vera. Los investigadores remarcan que en una conversación mantenida entre Santos Cerdán y Koldo García el 2 de febrero de 2022, el entonces asesor del ministro alegaba que hasta esa fecha se le habían abonado a José Luis Ábalos 550.000 euros "procedentes de dos licitaciones de Murcia", siendo una de ellas el tramo de AVE entre Pulpí y Vera, adjudicado en 2019.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que los contratos de obra pública que se investigan en el Tribunal Supremo en el marco del 'caso Koldo' fueron adjudicados a las constructoras Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), en proyectos destinados a Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia, La Rioja, Región de Murcia y Teruel. Así consta en el oficio de 490 páginas que llevó al magistrado Leopoldo Puente a ordenar los registros el pasado martes en la casa del exministro de Transportes José Luis Ábalos y en varias empresas.

Se trata del informe en el que los agentes analizan varias grabaciones que fueron realizadas por el exasesor ministerial Koldo García entre 2019 y 2023 y halladas ahora en sus dispositivos.

En las conversaciones, en las que figuran el propio Koldo, Ábalos y el hasta este jueves secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se aprecia que intentaban cobrar "presuntas contraprestaciones económicas adeudadas tras la adjudicación de obra pública, principalmente a Acciona SA, especialmente a través de su filial Acciona Construcción SA".