Los detenidos por el "Caso Mascarillas", a la espera de pasar a disposición judicial

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, su vicepresidente, Fernando Giménez y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, los tres del PP, están detenidos a la espera de pasar a disposición judicial. Habrían favorecido la firma de contratos públicos a cambio de mordidas. Son 7 los arrestados

Los agentes de la UCO se han desplegado en varios municipios de la provincia almeriense y estuvieron registrado dependencias de la Diputación Provincial hasta las seis de la tarde, diez inmuebles particulares y las sedes de empresas que supuestamente se habrían beneficiado de los contratos.

La juez que instruye el caso, Belén López, ve indicios de que los investigados "hubieran colaborado o facilitado la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones" y apunta los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

En busca de pruebas, la UCO ha copiado las comunicaciones privadas de los detenidos y ha requerido documentación a la Diputación, al Ayuntamiento de Fines y a las empresas. Además, la juez ha ordenado medidas de aseguramiento patrimonial de los investigados para garantizar responsabilidades futuras.

De este modo el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha ampliado las pesquisas que inició hace cuatro años con el llamado caso Mascarillas. La investigación comenzó por la presunta compra fraudulenta de material sanitario en la estaba siendo investigado otro vicepresidente de la Diputación almeriense, Óscar Liria, por un contrato de dos millones de euros.

El juez instructor subraya que algunos de los ahora detenidos no habrían intervenido directamente en la adjudicación de los contratos presuntamente irregulares, pero sí “en la posterior canalización de los fondos ilegales en el tráfico legal del dinero, lo que podría ser constitutivo de un delito de blanqueo de capitales”.

El instructor ha ordenado además medidas de aseguramiento patrimonial respecto de los investigados, que afectan a cuentas en entidades bancarias y cajas de ahorro, cajas de seguridad y bienes muebles e inmuebles.

Entre estas medidas se incluye la prohibición de enajenar o vender propiedades inmuebles y vehículos a motor, con el fin de evitar la descapitalización de los presuntos responsables antes de que se determinen las eventuales responsabilidades penales y civiles.

En la causa ya figuraba como investigado, entre otros, el entonces vicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, por la firma de un contrato de suministro de mascarillas en abril de 2020 por un importe superior a dos millones de euros.

Aquella primera línea de investigación dio origen al conocido como caso mascarillas, que se centraba en presuntas comisiones ilegales vinculadas a la adquisición de material sanitario durante la pandemia.

Con esta segunda fase, el procedimiento se extiende ahora a otros contratos de la Diputación y, potencialmente, a adjudicaciones en el Ayuntamiento de Fines, con la hipótesis de una trama más amplia de comisiones y blanqueo ligada a la contratación pública.

Los siete detenidos en la operación desarrollada este martes por la UCO serán puestos previsiblemente a disposición judicial el próximo jueves.

PRESENTES EN LOS REGISTROS

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido el registro del Palacio Provincial de la calle Navarro Rodrigo, sede principal de la Diputación de Almería, tras la detención este martes del presidente de la institución, Javier Aureliano García, el vicepresidente Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, todos del PP.

Así lo han confirmado a EFE fuentes de la UCO, que han precisado que durante la intervención de sus agentes en este inmueble han estado presentes García y Giménez, y han añadido que ha comenzado a continuación un nuevo registro en otro de los inmuebles de la institución provincial.

El este caso, se trata del edificio del Servicio de Infraestructura Urbana, en la calle Hermanos Machado de la capital almeriense, ligado en este caso a un técnico de Obras Públicas que forma parte de las siete personas arrestadas o investigadas este martes, entre ellos también el hijo del alcalde de Fines y dos empresarios cuya identidad no ha trascendido.

Según han precisado las fuentes consultadas, este despliegue cuenta con la dirección, entre otros, del teniente coronel jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO, Antonio Balas.

El Juzgado de Instrucción 1 de Almería ha confirmado la detención de cinco personas, entre ellas la del presidente de la Diputación, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), aunque fuentes de la investigación han asegurado que se trata de cinco detenidos y dos investigados.

Según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), esta nueva fase de la operación está dirigida por el mismo juzgado que abrió la causa por el contrato de suministro de mascarillas.

La operación ha comenzado a primera hora de la mañana con el registro, por parte de la UCO de la Guardia Civil, de diez inmuebles, entre viviendas particulares, oficinas públicas y sedes de sociedades mercantiles que habrían participado en las actividades presuntamente delictivas.

El auto que ha autorizado estos registros y ha facultado a la UCO para practicar las detenciones que considere necesarias señala que “en el presente caso existen sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales”.

La investigación judicial recoge indicios de que los investigados “hubieran colaborado o, cuanto menos, facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber ser destinatarios, entre otros”.

Parte de estas contrataciones se habría tramitado en la propia Diputación y “algunas de estas contrataciones se podrían haber llevado a cabo en el Ayuntamiento de Fines”, según el mismo auto.

La juez instructora subraya que algunos de los ahora detenidos no habrían intervenido directamente en la adjudicación de los contratos presuntamente irregulares, pero sí “en la posterior canalización de los fondos ilegales en el tráfico legal del dinero, lo que podría ser constitutivo de un delito de blanqueo de capitales”.