La UCO dice que el expresidente de la Diputación de Almería usó las mordidas para pagar una hipoteca
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil considera que el ex presidente de la Diputación de Almería, Javier García Aureliano, pagó la hipoteca de una vivienda con las mordidas recibidas a cambio de adjudicar contratos de la Diputación a los empresarios investigados. Es lo que dice el informe remitido al juez que investiga este caso.
El expresidente de la Diputación se encuentra en libertad provisional con cargos por presuntas mordidas vinculadas a contratos públicos de la institución provincial. El juez le impuso la obligación de comparecer dos veces al mes ante el juzgado, toda vez que le ha retirado el pasaporte. Adoptó las mismas medidas para el resto de detenidos. La UCO ha elevado a diez los implicados en el caso de presunto cobro de comisiones ilegales, cinco detenidos y cinco investigados.
EL JUEZ APARTA A VOX
El juez que instruye el caso Mascarillas ha apartado definitivamente a Vox como acusación popular en la causa, a la que ha intentado reincorporarse pese a su desistimiento voluntario anterior.
Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press la decisión por la que inadmite la petición del partido que lidera Santiago Abascal, que se interesó por ejercer de nuevo la acusación popular en este caso tras la detención, en noviembre del pasado año, del expresidente de la Diputación Javier Aureliano García y del exvicepresidente segundo Fernando Giménez.
El instructor considera que el partido perdió el derecho a formar parte de la causa desde el momento en el que decidió de forma voluntaria y unilateral retirarse del procedimiento, ya que lo contrario podría generar una inseguridad jurídica y dar lugar, incluso, a abusos procesales con posibles afecciones en la tramitación del caso.
Aunque Vox se personó en el procedimiento tras una primera fase explotada en junio de 2021, cuando fue detenido el entonces vicepresidente tercero Óscar Liria a raíz de la compra de material sanitario ante la pandemia de covid-19, la formación renunció a sus acciones por petición propia.
De este modo, que requirió la devolución de la fianza de 15.000 euros consignada a tal fin con la presentación de su escrito de renuncia que fue atendido por la juez instructora de aquel momento, que separó a Vox del procedimiento en marzo de 2023.
No obstante, tras la segunda fase de la operación, la formación trasladó a través de sus portavoces la intención de volver a sumarse al procedimiento que investiga presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública y blanqueo de capitales, entre otros, con base en las actuaciones policiales practicadas hasta el momento.
