Las Cortes emprenden la reforma de la Ley Mordaza tras casi una década en vigor

Tras varios intentos frustrados, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "ley mordaza", ha echado a andar en las Cortes después de que todos los grupos, a excepción de PP, Vox y el diputado de UPN, hayan apoyado en el Pleno del Congreso su toma en consideración.

Podemos y Junts, que habían expresado algunas reticencias, han despejado finalmente el camino para el debate de una proposición de ley cuyo texto pactaron PSOE, Sumar y EH Bildu y al que se sumaron ERC, PNV y BNG.

Y todos ellos quieren que el trámite sea de urgencia y pueda aprobarse la nueva norma antes de que la vigente, que entró en vigor en julio de 2015, celebre su décimo aniversario.

Al término de la sesión plenaria de este martes ha tenido lugar la votación, con el resultado de 176 votos a favor y 170 en contra.

En el debate todos los grupos, salvo PP, Vox y UPN, han mostrado su apoyo al inicio de la tramitación, en tanto que Junts, Podemos y BNG han anunciado que presentarán enmiendas.

Lo han hecho en presencia en la tribuna de invitados de los representantes de los sindicatos policiales y de las asociaciones de la Guardia Civil, y durante más de dos horas de debate, en el que no han faltado los reproches y las críticas.

Las acusaciones más duras han sido vertidas desde las filas populares y por boca de su portavoz en la Cámara Baja, Miguel Tellado, que ha llegado a denominar la iniciativa como "la ley Otegi de inseguridad ciudadana"., al tiempo que ha asegurado que -en su opinión- el objetivo de la reforma "no es quitar esa mordaza inexistente, sino poner grilletes a los servidores encargados del orden y la seguridad pública".

En la misma línea, Ignacio de Hoces, de Vox, ha indicado que la reforma "desmantela el orden público" y es un "nuevo capítulo" de la "traición" de Gobierno de Pedro Sánchez a las fuerzas de seguridad, a las que "sacrifica en el altar del Bildu y de los separatistas".

"Serán los herederos políticos de ETA, los que organizaban la 'kale borroka', los que van a decidir cómo se van a disolver las manifestaciones", ha dicho, por su parte, Alberto Catalán, de UPN.

Desde las filas del PSOE, el diputado David Serrada ha defendido el texto frente a "la cofradía del santo reproche" y a un PP que, según él, ha usado políticamente a los agentes, que aprobó la ley mordaza para mayor control de la crítica social y que creó la 'policía patriótica' "contra sus adversarios políticos".

Serrada ha defendido la proposición, porque permitirá ejercer los derechos "en un contexto de libertad y seguridad" y dará más garantías a los agentes en sus actuaciones. "Este cambio no lo van a parar ustedes ni nadie", ha zanjado.

Por Sumar, Enrique Santiago ha dejado claro que con la reforma se conseguirá una seguridad "más humana" y se ampliarán derechos "sin comprometer la seguridad pública y el desarrollo del trabajo policial".

Mientras, Jon Iñarritu, de EH Bildu, ha recalcado la "nueva oportunidad" que supone la iniciativa para "acabar con una ley que no ha sido más que una instrumento de represión ciudadana", a la vez que ha reprochado al PP que no hayan sido sus diputadas que en otras legislaturas negociaron la reforma las que intervinieran en el debate.

Mikel Legarda, del PNV, ha apoyado la toma en consideración, pero ha lamentado que no se haya continuado para pactarlo con la dinámica de las negociaciones discretas que se estuvieron llevando a cabo durante muchos meses.

Por Podemos, Martina Velarde ha anunciado enmiendas al texto para que sea lo mas garantista posible con los derechos humanos, además de aprovechar para calificar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como "represor" de manifestaciones.

Josep Pagès, de Junts, ha advertido de que no aceptará un "lo tomas o lo dejas" y ha insistido en que pondrán "todas las prevenciones a una propuesta que sigue permitiendo el uso de pelotas de goma a la Policía Nacional de Cataluña", donde están prohibidas.

Álvaro Vidal, de ERC, ha aplaudido que se ponga "punto final a un terrible error político", porque la ley mordaza "nos acercaba más a Turquía que a Suecia".

Coincidiendo con este debate y votación en el Congreso, policías y guardias civiles se han concentrado este martes frente al Congreso de los Diputados para rechazar la reforma, que consideran "un auténtico despropósito" que supondrá la pérdida del principio de autoridad para los agentes.

La protesta ha sido convocada por 18 sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles aglutinados en la plataforma ‘No a la España insegura’.

Los manifestantes han recibido la visita del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se ha acercado a escuchar sus reivindicaciones, así como de otros dirigentes políticos como el diputado de Vox Javier Ortega Smith y la exdiputada de ese grupo Macarena Olona.

"Dicen que están trabajando para defender la seguridad de la gente y resulta que ahora vosotros no vais a tener vuestra seguridad ya no garantizada, pero al menos preservada", ha comentado Feijóo durante su conversación con los líderes de la protesta, que le han trasladado su malestar sobre la intención del Gobierno y le han pedido que trabaje para revertir la reforma.

Los manifestantes han coreado peticiones de dimisión dirigidas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Delante de una gran pancarta con el lema "No a esta reforma, no a la España insegura", Ibón Domínguez, portavoz de Jupol, ha señalado que la reforma "es un auténtico despropósito", que "va a suponer la pérdida del principio de autoridad" para los agentes y ha advertido de que "quien más la va a sufrir" será la propia ciudadanía.

Domínguez ha repasado "los puntos más flagrantes" de la modificación del texto, como el hecho de que las faltas de respeto pasen a ser infracciones leves y no sean "ni siquiera sancionables" si la persona que las ha proferido "se retracta", lo que, ha aducido, redundará en la pérdida de autoridad de los agentes.

Sobre la prohibición de las pelotas de goma, una herramienta que ha considerado "indispensable" en las "manifestaciones violentas" por su uso "represivo" y "persuasivo", el portavoz de Jupol ha advertido que generará "más lesiones tanto a los policías como a los propios manifestantes" al incrementarse el combate cuerpo a cuerpo.

Por su parte, Ernesto Vilariño, portavoz de Jucil, ha puesto el foco en que la reforma, tal y como está planteada por el Ejecutivo, supondrá "una pérdida para la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos". Ha pedido al Ejecutivo y a sus socios de gobierno que no aprueben esta modificación, que "prácticamente nos deja desnudos ante las situaciones que vivimos a diario".