Jueces y fiscales protestan en el Supremo contra la ley Bolaños

Cientos de personas, entre ellos decenas de jueces y fiscales, se han concentrado este sábado frente a la sede del Tribunal Supremo para protestar contra los proyectos legislativos emprendidos por el Gobierno, que reforman el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal. Piden la retirada del proyecto de ley que otorgará la instrucción de los casos a la fiscalía, quitándosela a los jueces. La norma del ministro de Justicia, Félix Bolaños, altera además los requisitos de acceso a la carrera judicial.

La concentración ha sido convocada por cinco asociaciones de jueces y fiscales que representan a la mayoría de la carrera judicial y fiscal y ha servido como antesala de la huelga de tres días convocada para el 1, 2 y 3 de julio por las mismas asociaciones. En la manifestación, diferentes portavoces de estas asociaciones han pedido la retirada de ambos proyectos, que en su opinión amenazan la independencia judicial, al grito de proclamas como "Sin Estado de Derecho no hay democracia" o "Fiscalía imparcial".

Los organizadores de la concentración de este sábado han leído un manifiesto donde declaran que no se trata de un acto contra el poder ejecutivo ni contra el legislativo, sino que es un acto "a favor del poder judicial" y para "defender lo que es de todos". En el manifiesto se destaca el papel de la independencia judicial, "clave para hablar de una democracia real", algo que está "bajo amenaza" por el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

Sobre el primero, han indicado que "no responde a demanda social alguna" y que está siendo tramitado por vía de urgencia "sin ninguna razón para ello". Según defienden las organizaciones convocantes, esta reforma va a "rebajar la excelencia" de conocimientos en el acceso a estas carreras. Además, temen que la creación de un centro de preparación de opositores dependiente del Gobierno signifique la intervención del Ejecutivo en la selección de los miembros del poder judicial.

En cuanto al segundo anteproyecto, han criticado que este aumente el poder del Fiscal General del Estado, quien es nombrado por el Gobierno "sin ningún filtro previo", así como que elimine las garantías de autonomía de los fiscales, "reduciendo las posibilidades de oponerse a las órdenes de sus jefes". Además, han subrayado que a los fiscales se les asignará "el mando de la policía judicial y la investigación de los delitos" en sustitución de los jueces de instrucción. Con todo, han indicado que estas reformas tienen lugar "en un ambiente de continuo ataque del poder judicial" con declaraciones políticas que "deslegitiman" las resoluciones judiciales, lo que "mina la confianza de los ciudadanos".

"La existencia de un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos", reza el manifiesto, que también indica que estas reformas van encaminadas a "convertir el poder judicial en un poder con minúscula". Así, de no retirarse los proyectos, han asegurado que "no tendrán más remedio que acudir a la huelga". Asimismo, han recordado una petición que se lleva repitiendo desde "hace lustros" que es la de que de una creación masiva de plazas judiciales y fiscales para mejorar la rapidez del servicio y han pedido disculpas "de antemano" por los perjuicios de la huelga.

Esta concetración fue anunciada el pasado 17 de junio cuando las asociaciones anunciaron la convocatoria de esta concentración que servirá de antesala a la huelga. Las firmantes han materializado así la advertencia que lanzaron el pasado 11 de junio, cuando realizaron un paro de 10 minutos frente a las sedes judiciales de todo el país para reclamar la retirada de las reformas anunciadas.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este sábado que "ni una sola línea" de la reforma judicial que impulsa el Gobierno afecta a la independencia de jueces y fiscales. En una comparecencia ante los medios, Bolaños ha respondido así a los jueces y fiscales que se concentraron ante el Tribunal Supremo, ha considerado "infundadas" las críticas de estos colectivos contra esa reforma judicial y ha pedido respeto al poder legislativo. Bolaños ha comparado esta reforma judicial con la aprobación hace dos décadas del matrimonio igualitario, y ha pronosticado que "con el tiempo, como ha ocurrido con el matrimonio igualitario, las críticas se mostrarán injustificadas".

La vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, ha expresado este sábado su apoyo a la convocatoria de huelga y las reivindicaciones de las asociaciones de jueces y fiscales contra los proyectos legislativos del Gobierno que, ha asegurado, está intentando controlar el Poder Judicial. Fúnez, que se ha reunido, junto con la diputada popular María Jesús Moro con el Colegio de Procuradores, ha advertido, según informa el PP, que la gestión de Sánchez "está siendo un ataque permanente a la separación de poderes y al Estado de Derecho"

Fúnez ha asegurado que Sánchez legisla "con nombres y apellidos con la 'ley Puigdemont', la 'ley Begoña', la 'ley Bolaños' y el proyecto de 'ley Koldo' para blindarse" en el Palacio de la Moncloa. "No es de recibo que desde el Gobierno se ataque a nuestro sistema judicial como consecuencia de la multitud de casos de corrupción que rodean y acorralan al presidente del Gobierno, a miembros de su familia, a miembros de su partido y a más de doce ministerios que se sientan en su Consejo de Ministros", ha incidido la vicesecretaria de Organización del PP .

Además, mantienen la huelga convocada para los tres primeros días de julio. Cinco asociaciones que les representan han anunciado que pararán esos días en protesta por la reforma del Poder Judicial, propuesta por el Gobierno y que, aseguran, atenta contra su independencia. Mantienen la convocatoria a pesar de que el Consejo General el Poder Judicial les advirtió que carecía de "sustento normativo".

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado por unanimidad que el ejercicio del derecho a huelga de jueces carece, por el momento, de soporte normativo y, por tanto, "no procede tener por anunciada" la huelga convocada por cinco asociaciones judiciales y fiscales la próxima semana. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han informado de este punto unánime del acuerdo adoptado por el CGPJ sobre la ausencia de "soporte normativo" en una huelga de jueces y magistrados y, en consecuencia, han determinado que el Consejo no puede fijar ningún tipo de servicios mínimos.

Respecto a posibles sanciones a los magistrados que secunden el paro, sin estar este contemplado en la ley, fuentes jurídicas se remiten a los antecedentes de las huelgas convocadas desde 2019, en las que en ningún caso se ha producido este tipo de castigos. Los vocales se han reunido este jueves en un pleno extraordinario para pronunciarse sobre la huelga convocada por cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales la semana que viene, tras la concentración prevista este sábado, en contra de los proyectos legislativos que reforman el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal.