El Partido Popular considera que la reforma, conocida también como "Ley Bolaños" podría comprometer la independencia judicial, al acentuar la dependencia del Ministerio Fiscal respecto del Gobierno.
La secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, ha presentado una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea para que evalúe si la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada en el Consejo de Ministros del pasado martes, se ajusta al derecho de la Unión Europea (UE) y a los valores del Estado de derecho del Tratado de la UE.
La reforma del proceso penal aprobada el pasado martes fue la de mayor calado realizada en el país hasta la fecha y el principal cambio es que la instrucción pasará de jueces a fiscales.
La pregunta de los populares a Bruselas subraya que la Comisión Europea había recomendado reforzar la independencia judicial y acelerar las reformas contra la corrupción.
"El Gobierno vuelve a jugar con la ley a su antojo y ha aprobado una norma que acentúa la dependencia del Ministerio Fiscal respecto del Ejecutivo y restringe los mecanismos de control ciudadano, debilitando la lucha contra la corrupción y el fraude", han opinado los populares.
En este contexto, más allá de determinar si la reforma vulnera o no el Estado de derecho, el PP también solicita a la Comisión Europea que interpele al Gobierno español antes de la entrada en vigor de la reforma (1 de enero de 2028).