El gobierno prepara una ley para regular el precio de los alquileres

PSOE y Unidas Podemos han acordado redactar una ley que regule el precio del alquiler, uno de los escollos que paraban la negociación de los presupuestos entre los socios del gobierno. Esta norma debe llegar al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses. 

Para ello, se van a conformar diferentes grupos de trabajo para propiciar un debate que permita la elaboración del texto legislativo que, según han apuntado, desarrollará y respetará el acuerdo de coalición.

En este sentido, los socios de la coalición quieren que la ley permita habilitar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que a partir del Sistema de Indices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica.

Así, pretenden convalidar los avances de aquellas CCAA que tengan definido un sistema de Referencia de Precios del Alquiler, agilizando los mecanismos que hagan posible su puesta en marcha.

BAJADA DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS EN MERCADOS TENSIONADOS

En la misma línea, la ley recogería mecanismos básicos a aplicar en esas áreas que podrán ser complementados por las administraciones locales en coordinación con las administraciones autonómicas, las cuales podrán declarar de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas del alquiler.

Estos mecanismos comprenderían que, en las zonas de mercado tensionado, determinadas en función de los sistemas de índices de referencia, se establecerán mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes.

En cualquier caso y en relación con la información obtenida por los sistemas de índices de precios de alquiler, PSOE y Unidas Podemos han explicado que se contendrán las subidas injustificada en los nuevos arrendamientos, tomando como referencia el precio del contrato del arrendamiento anterior y acotando los incrementos permitidos a las situaciones que se contengan en la ley de vivienda.

CRÍTICAS DEL SECTOR

El acuerdo ha sido recibido con preocupación en el sector inmobiliario, que rechaza la medida por considerar que reducirá la oferta y aumentará los precios y la economía sumergida.

Empresas del sector y portales inmobiliarios coinciden, además, en que el mercado se está regulando solo con motivo de la pandemia de la covid-19 y por ello este es el peor momento para una intervención pública.

Para la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) se trata de una "medida puramente ideológica, contraria al libre mercado de alquiler, donde los pequeños propietarios particulares, que son más del 90 % del sector, se van a ver perjudicados y muchos de ellos preferirán cerrar sus viviendas al alquiler".

Su director general, José Ramón Zurdo, afirma en un comunicado que nadie puede entender cómo se planifica desde el Gobierno una intervención de la renta de los alquileres justo cuando el mercado ha bajado los precios entre el 10 y el 15 por ciento, hasta niveles de 2018, y con la previsión de que a finales de año las rentas bajen mucho más.

También el consejero delegado de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, cree que la intervención de los precios del alquiler traerá "daños irreparables" para el mercado, con una "fuerte retracción de la oferta que provocará la subida de los precios y un grave aumento de la economía sumergida".

Carroza ha acusado al Gobierno de "desanimar" y "atemorizar" a los pequeños propietarios, que son los que tienen mayoritariamente en sus manos las viviendas, y no los grandes tenedores.

En la misma línea, la aseguradora Arrenta calcula que la limitación de precios provocará una reducción del parque de viviendas de hasta el 10 % y señala que la ley catalana de contención de rentas, que acaba de entrar en vigor, ha marcado un precedente negativo.

Otro de los efectos negativos sería, según Arrenta, el aumento de los alquileres no declarados a Hacienda o realizados en dinero negro, con el consiguiente fomento de la economía sumergida hasta más del 40 % de hace cinco años, frente al 30 % estimado en la actualidad.

CRÍTICAS DE LA JUNTA

La Junta de Andalucía ha solicitado al ministro de ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Abalos, que convoque una reunión de la Conferencia sectorial de vivienda, urbanismo y suelo para dar cuenta a las comunidades de la nueva Ley de Vivienda que persigue regular el precio de los alquileres en España.

Así se ha pronunciado este martes, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera andaluza de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, quien ha expresado la "oposición frontal" de la Junta a esa "medida de intervención" en el precio del alquiler, lo que significa también "intervención y control del precio de las viviendas y del mercado inmobiliario".

La medida forma parte del acuerdo del Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, que en las últimas semanas ha presionado a los socialistas para que fuera incluida en los presupuestos generales del Estado para 2021, con el apoyo del resto de partidos que sustenta al Ejecutivo: En Comú Podem, ERC, Bildu, CUP, Más País, BNG y Compromís, y de 9.000 organizaciones como Cáritas, Cruz Roja, ONCE Facua y los sindicatos de inquilinos.

Todas estas formaciones denuncian que los alquileres han subido 30 veces más que los sueldos en España, con lo que muchas familias deben dedicar más de la mitad de su salario al pago de la renta, lo que provoca que siete de cada diez desahucios sean por impago.