El Gobierno abre el proceso para ilegalizar la Fundación Franco

El Gobierno central, a través del Ministerio de Cultura, ha abierto el procedimiento para pedir ante la justicia la ilegalización y extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) y así se lo ha notificado a la propia entidad, que podrá presentar alegaciones. El expediente aporta varios informes para demostrar que esta organización no persigue fines de interés general, hace apología de la dictadura y menosprecia y humilla a las víctimas. 

El proceso para ilegalizar esta fundación arrancó en junio de 2024, cuando Cultura abrió un periodo de actuaciones previas para obtener información y elementos de juicio destinados a motivar el inicio del procedimiento. Lo hizo el departamento de Ernest Urtasun, puesto que del Ministerio de Cultura depende el Protectorado de Fundaciones, organismo al que corresponde instar judicialmente la extinción.

Así, tras la notificación a la FNFF este 31 de octubre se abre el trámite de alegaciones de la fundación -tienen 10 días hábiles- y un periodo de prueba -sí es que la fundación desea aportar documentación- tras la que llegará una propuesta de resolución nueva y se solicitará un informe a la Abogacía General del Estado. Después el ministro firmará la resolución final con la que se instará a la extinción judicial. Así, se elevará a los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil.

Desde el Ministerio de Cultura confían en que el procedimiento llegue al juzgado lo más rápido posible, aunque podrían pasar hasta nueve meses para que eso ocurra.

Para armar el expediente que conduzca a la desaparición se han solicitado informes sobre la Fundación Franco a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática -que firma un informe con fecha del 13 de mayo de 2025-, el Registro de Fundaciones de competencia estatal y la Abogacía del Estado.

En el informe realizado por la Abogacía General del Estado se explica que las dos causas distintas por las que se podría extinguir una fundación son: que no persiga fines de interés general y que haga apología del franquismo, que ensalce el golpe de Estado de 1936 y la dictadura, además de menospreciar y humillar la dignidad de las víctimas de ese golpe, de la guerra y del posterior franquismo. También contempla la incitación -directa o no- al odio o violencia de estas víctimas.

Aunque el informe reconoce que puede parecer que la FNFF tiene fines culturales, históricos, biográficos y documentales, la Abogacía del Estado lo niega alegando que en la página web de la entidad indican que entre sus actividades está mantener el archivo personal de Franco y asegurar su acceso público, cosa que Cultura rechaza añadiendo que el acceso es "opaco".

La fundación también declara que tiene entre sus objetivos el mantenimiento de una biblioteca de más de 2.000 ejemplares, la lucha contra "la mal llamada Ley de Memoria Histórica" y la participación en el debate cultural y político de España actual para poner "de manifiesto la vida y obra de Francisco Franco y la España que creó".

Por eso, en la investigación de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática concluyen que los fines de los Estatutos de la FNFF están vinculados "fundamentalmente" a la difusión y promoción de las actuaciones de Franco, pero dando un punto de vista "inequívocamente positivo" del franquismo, lo que va en contra de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Histórica, que, junto con la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, conforman la normativa aplicable a este caso de ilegalización de la entidad.

El expediente abierto también cuenta con otro informe realizado por el catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, Javier García Fernández, sobre la actividad de la fundación  y un compendio de testimonios recabados de víctimas del franquismo. Con todo ello, el Ministerio de Cultura espera que la justicia le de la razón.

Desde el Ministerio se recuerda que esta entidad tiene incentivos fiscales y beneficios para recibir donaciones por el hecho de estar constituida como fundación y amparada por la ley que regula este tipo de organizaciones sin ánimo de lucro. 

La Fundación Nacional Francisco Franco ya ha anunciado que presentará alegaciones en el procedimiento iniciado por el Gobierno para su ilegalización ante la Justicia, según ha confirmado su presidente ejecutivo, Juan Chicharro Ortega.