La lucha contra el narco en Los Reporteros: ¿estamos perdiendo la guerra?

A principios de este mes, tres policías nacionales resultaban heridos, uno de ellos de gravedad, tras ser tiroteados en un operativo contra el tráfico de drogas en Isla Mayor, en Sevilla. Un nuevo episodio de agresión a agentes en la lucha contra un narco cada vez más violento, sobre todo por la participación de bandas internacionales y la mayor entrada de cocaína, mucho más cara que el hachís. En Los Reporteros, hemos hablado con agentes, autoridades y juristas, entre otros, para analizar si se cuenta con los medios suficientes para hacer frente a un enemigo que parece difícil de derrotar. Ocultamos el rostro de alguno de los participantes en el reportaje porque así nos lo han pedido.

No había amanecido aún en los arrozales sevillanos de Isla Mayor, en la zona de marismas donde Alberto Rodríguez rodó "La Isla Mínima", cuando el sonido metálico de la ráfaga de un fusil de asalto rompió el silencio. El paraje rural que atraviesa la carretera de tierra de Toruño se convierte en escenario del último episodio violento en la guerra contra el narco. Cinco policías nacionales vigilaban ocultos el traslado de fardos de hachís a una nave utilizada como guardería de droga cuando fueron descubiertos por la banda.

Carlos Doncel, periodista de El Correo de Andalucía, reconstruye sobre el terreno qué ocurrió el pasado 8 de noviembre, según el testimonio de uno de los policías que participaban en aquel operativo al que él ha tenido acceso. Creían firmemente que iban a matarlos. Los agentes temen por sus vidas ante la extrema violencia de los narcos, que se desplazan en una camioneta.

Esta vez no se consumó la tragedia, pero dejó a un policía nacional gravemente herido al penetrarle una bala el abdomen. Milagrosamente salvó la vida. Sucedía 21 meses después de que una narcolancha que se guarecía del temporal en el puerto de Barbate arrollara una zódiac de la Guardia Civil y matara a dos agentes: David Pérez y Miguel Ángel González. Un caso que causó conmoción en la sociedad y que puso el foco a un problema que expande sus raíces más allá de Cádiz.

Fiscales, jueces, abogados, policías, guardias civiles y funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera coinciden en destacar el incremento de la violencia por parte de los clanes dedicados al narcotráfico que operan en Andalucía, bien para repeler a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o bien para evitar robos de droga por parte de otras bandas: los conocidos como vuelcos.

Como cuenta este guardia civil destinado en Cádiz, cada vez son más frecuentes las aprehensiones de armas en las intervenciones policiales. Sólo en octubre, la Guardia Civil intervino en operaciones contra el narcotráfico en el litoral andaluz y en el río Guadalquivir ocho armas largas, entre ellas cinco de guerra.

María Almagro, directora de La Voz de Cádiz, lleva más de una década escribiendo sobre el narcotráfico. La periodista nos explica de dónde proceden las armas que utilizan los clanes para tratar de asegurar la mercancía.

Ricardo Álvarez-Ossorio, penalista experto en crimen organizado al que se le conoce como el abogado del diablo, advierte de las consecuencias que puede tener la violencia vinculada al narcotráfico. Esa violencia por parte de las organizaciones criminales está vinculada al incremento del tráfico de cocaína, una droga mucho más cotizada que el hachís. María Almagro aporta otra clave para explicar el aumento de este alarmante fenómeno.

Las estadísticas revelan que España es, tras Bélgica y Países Bajos, el tercer país europeo en el que entra más cantidad de cocaína y el primero en hachís procedente de Marruecos. Andalucía, por su situación geográfica, es la puerta de entrada a gran parte de la droga que se consume luego en todo el continente. Un negocio tan lucrativo para las organizaciones criminales como difícil de atajar para los cuerpos policiales. Un problema para España, sin duda, pero también para Europa.

Pero ¿se cuenta en la actualidad con los medios necesarios para luchar contra el narcotráfico de forma eficaz y segura, como plantea el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía?

Como ejemplo, hasta que a principios de 2023 se estrenó la Río Flumen, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil no contaba con ninguna patrullera superrápida para perseguir a las narcolanchas.

El pasado 4 de noviembre, el Parlamento Europeo emitió un informe con 16 recomendaciones a los estados miembros como resultado la misión que un grupo de eurodiputados llevó a cabo en Andalucía a finales de mayo. Fue a raíz de una iniciativa promovida por la Confederación Española de Policía con la que este sindicato pretende que el trabajo de los agentes sea reconocido como profesión de riesgo y que las agresiones que sufren tengan la consideración de eurodelitos.

Con este aval, la Confederación Española de Policía ya ha pedido que se dote de armas largas a las unidades de policía judicial.

Ese informe del Parlamento europeo incluye otra importante recomendación: pide el restablecimiento o la creación de unidades especializadas como el Organismo de Coordinación del Narcotráfico, más conocido como OCON-Sur, un grupo de 150 guardias civiles que plantó cara de día y noche a las organizaciones criminales que operan en el Campo de Gibraltar. El Ministerio del Interior lo desmanteló en 2022 tras cuatro años de exitosos resultados y repartió a esos agentes en distintas unidades orgánicas de Policía Judicial.

La Fiscalía Antidroga atribuye el descenso de las investigaciones contra las organizaciones criminales al desmantelamiento de la unidad especializada que la Eurocámara insta ahora a España a recuperar. La creación del OCON-Sur fue una de las medidas adoptadas al amparo del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, puesto en marcha en julio de 2018. Fue solo unos meses después de que un grupo de personas irrumpiera en el Hospital de La Línea de la Concepción y ayudara a fugarse a Samuel Crespo, del clan de Los castañas. El Gobierno saca pecho por los resultados que lleva cosechados dicho plan, que alcanza ya a todas las provincias andaluzas excepto Córdoba y Jaén y cuya prórroga se acaba de anunciar hasta diciembre de 2027. Tras una inversión de 156 millones, en siete años se han practicado 29.000 detenciones por narcotráfico y contrabando y se han decomisado más de 2.000 toneladas de droga, cantidad equivalente a la capacidad de 71 contenedores.? ?

La presión policial ejercida en el Campo de Gibraltar ha provocado un desvío de la actividad criminal a otras zonas de Andalucía, especialmente a Huelva y Málaga. Como pone de manifiesto la Fiscalía en su última memoria, las incautaciones en estas dos provincias superaron el año pasado a los decomisos en la comarca gaditana. Huelva, subraya el ministerio público, se ha convertido en un punto “clave” para la introducción de hachís desde Marruecos. También el Guadalquivir, convertido en autopista para la introducción de hachís y cocaína mediante narcolanchas, ya avistadas a la altura de Sevilla capital.

La lucha contra el narcotráfico no es sólo policial, también judicial. Y, en este ámbito, jueces y fiscales admiten sin rodeos su preocupación por la dimensión del problema y cierta impotencia ante la respuesta que se está ofreciendo.

Hay lagunas legales. Por ejemplo, lo que se conoce como petaqueo, es decir, el suministro de combustible en garrafas a las narcolanchas. En los últimos años, la Fiscalía viene demandando sin éxito una reforma para que se considere como delito en lugar de que tan solo sea castigado como falta administrativa. Mientras tanto, algunos jueces están interpretando que tiene encaje en el tipo delictivo de la tenencia de sustancias inflamables y ya se está empezando a condenar con prisión a petaqueros. Ese camino lo abrió el pasado 31 de octubre el Juzgado de lo Penal 3 de Cádiz en una sentencia pionera.

Según datos del Ministerio del Interior, solo durante los siete primeros meses del año se han incautado 452.000 litros de gasolina en las seis provincias andaluzas afectadas por el plan especial para el Campo de Gibraltar. Ricardo Álvarez-Ossorio no cree que un mayor castigo penal al petaqueo supusiera el fin de esta actividad. A la luz de la experiencia, el abogado considera que los hechos demuestran que la política de represión no ha sido efectiva en los países occidentales.

En su opinión, la solución puede pasar por trabajar socialmente a medio y largo plazo en zonas concretas en las que está muy normalizado el fenómeno del narcotráfico. ¿Cómo? Fomentando el empleo, generando oportunidades de futuro y promocionando la cultura para propiciar que muchos jóvenes tengan alternativas y evitar así que sigan el camino sin retorno que un día emprendieron sus padres. La fiscal Antidroga de Cádiz ahonda en esa peligrosa sensación de normalización y de aceptación social:

Llegados a este punto, hay una pregunta inevitable: ¿se está perdiendo la guerra contra el narco?. Junto a los arrozales, cerca de las marismas del Guadalquivir, sobrevoló la tragedia. Esta vez salió cara. Quizá la próxima no haya tanta suerte.