El Poder Judicial alertó a Igualdad en enero de los fallos en las pulseras antimaltrato

Los fallos de las pulseras contra la violencia de género van a centrar este martes la sesión en el Senado, después de que el Poder Judicial haya desmentido a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, al asegurar que el Gobierno sí fue alertado de los problemas en estos dispositivos. De hecho, fue la Audiencia de Granada la que dio la voz de alarma con dos oficios en enero y febrero señalando lo que estaba pasando. La ministra ha anunciado que se volverá a licitar el contrato de estos dispositivos para incorporar mejoras.

Las audiencias provinciales han alertado desde 2023 en sus comisiones provinciales de coordinación contra la Violencia de Género de las "disfunciones" de las pulseras telemáticas. En concreto, en el acta de la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género de Granada, celebrada en marzo de este año, la Guardia Civil alertó de "disfunciones" en el funcionamiento del dispositivo de control telemático Cometa. Un hecho del que la misma comisión alertó en 2024.

Según se expuso en la sesión, "un número de víctimas" aseguraron sentirse "desprotegidas" debido al "perjuicio" que le estaba suponiendo la asignación de dispositivos. De hecho, indicaron que estas mujeres se plantearon renunciar al uso de la herramienta, llegando "alguna" a entregarlo en sede judicial. Asimismo, magistrados confirmaron que estas "disfunciones" crean "inseguridad" en las víctimas, así como "graves problemas" probatorios en los procedimientos judiciales por quebrantamiento de medidas.

Igualmente, señalaron que los problemas con los dispositivos se intensificaron desde el cambio de empresa adjudicataria del servicio. Además, durante la sesión, se solicitó la realización de una auditoría sobre el diseño del aparato, puesto que podía tener algún tipo de "laguna de seguridad".

Por otro lado, en el acta de reunión de la Comisión de Violencia de Género de Almería, se propuso la propuesta de modernizar la tecnología de los dispositivos telemáticos. En el acta de la Comisión Provincial de Coordinación de Violencia de Genero de la Audiencia Provincial de Barcelona, en junio de este año, se pusieron de manifiesto "problemas" que se estaban produciendo en el Centro Cometa "relativos tanto a las dilaciones que se producen desde que se dicta la resolución judicial en la que se adopta la medida hasta el momento de la colocación del dispositivo, así como a los fallos técnicos por localizaciones erróneas e incluso manipulaciones de los mismos".

Pérdidas de cobertura constantes, saltos de GPS, señales que no entraban nunca a panel... Es lo que denunciaron, durante meses, los técnicos del centro de control de las pulseras telemáticas al Ministerio de Igualdad. Este lunes lo confirmaba el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, quien en una entrevista en "Despierta Andalucía", ha insistido en que es "objetivo" que se han producido "errores de geolocalización y de señal" y que, al no ser fiables los datos, se han producido absoluciones y sobreseimientos" .

La denuncia vino también de los jueces. En marzo, los presidentes de las audiencias provinciales advirtieron al Consejo General del Poder judicial de que de que la plantilla de los técnicos del centro Cometa era insuficiente y que los dispositivos presentaban fallos técnicos. Un informe con 36 conclusiones en el que se pidió corregir las disfunciones para evitar que las víctimas quedaran protegidas. Además, según publica el diario El País, la responsable del centro de seguimiento de las pulseras mandó ocultar los avisos en las pantallas de cara a una visita de miembros de la delegación del Gobierno.

Magistrados de los juzgados de violencia y asociaciones que trabajan con las víctimas lo constatan y ponen en tela de juicio la tranquilidad que pide el ejecutivo sobre el asunto. Las pulseras fallaron y algunos jueces que encausan este tipo de delitos van más allá y aseveran que fue por un tiempo superior a 4 meses. Todo ello, a pesar de que son claves para tener constancia legal del movimiento de los agresores y para garantizar la seguridad de las víctimas, como ha manifestado Francisco Manuel Gutiérrez, magistrado Juzgado Violencia sobre la Mujer 2 de Sevilla.

Voz que se suma a la ya alzada por abogados de las víctimas, Policía Nacional y asociaciones que trabajan con maltratadas. Es el caso de la Fundación Ana Bella que confirma que la geolocalización de los dispositivos falló durante más de 4 meses y que la seguridad de algunas de las protegidas se vio gravemente comprometida. Tuvieron un caso en el que el presunto agresor estuvo dos semanas ilocalizado, como ha declarado Aura Portilla, técnica en intervención social de la Fundación Ana Bella.

Por todo ello, la oposición ha pedido la dimisión de ministra, que este miércoles se enfrenta al debate sobre su reprobación, por haber permitido una situación sobre la que, para más enjundia, fue advertida por la judicatura que auguró, la paralización de un servicio muy sensible, que originaría fallos de seguridad en la protección de las víctimas.  Desde Sumar, socio del Gobierno, Yolanda Díaz ha pedido una "pequeña investigación" sobre el sistema. El PP exige que se depuren responsabilidades y Vox, que se garantice la seguridad de las víctimas. El PSOE defiende a la ministra y reclama a la oposición que no use este asunto como arma electoral.

CAMBIOS EN LAS PULSERAS

Las pulseras antimaltrato son uno de los medios de seguimiento de personas condenadas por violencia de género o violencia sexual. La gestión de estos dispositivos ha cambiado en los últimos años. En un principio, a la empresa encargada de suministrarlas se le pagaba por uso de dispositivo, era una especie de alquiler. Pero se llegó a la conclusión de que era más rentable comprar esos dispositivos. Para adquirirlos se formalizó un contrato de compra el 6 de Noviembre de 2023. Y por un periodo de 30 meses. El importe total del contrato supera los 42 millones y medio de euros, con financiación de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

En diciembre, o sea, un mes después, se tenían que suministrar 7.600 dispositivos a razón de 1.200 euros cada uno. Y además, en previsión de que hubiera que reponer algunos por fallos o roturas, se preveía la compra de 3.771 más hasta el año 2026. Así estaba la cosa hasta este momento, en que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado una nueva licitación para incluir mejoras a la vista de los fallos técnicos que se han registrado.

El Ministerio de Igualdad licitará "en unos meses" un nuevo contrato para la gestión de los dispositivos Cometa de control telemático de agresores machistas, que incorporará "mejoras técnicas" como la incorporación de una plataforma para disponer en todo momento de los datos de estos dispositivos. Así lo ha explicado este lunes la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en un videocomunicado en el que ha vuelto a enviar un mensaje tranquilizador a las víctimas.

El anuncio llega justo después de que también en el seno del Gobierno, la vicepresidenta y ministra de Sumar, Yolanda Díaz, haya pedido que se "esclarezca" mediante una "pequeña investigación" si hubo fallos con las pulseras antimaltrato y que se repare a las mujeres afectadas.

"Si han existido fallos o disfunciones, es conveniente que se esclarezca todo lo que ha pasado durante este periodo", ha subrayado Díaz.