Los convocantes piden la dimisión de la directiva del colegio Irlandesas de Loreto y que la Junta le retire el concierto.
A las 12 del mediodía hay manifestaciones previstas en todas las ciudades.
A la de Sevilla asistirá la familia de la niña que se suicidó tras sufrir acoso.
Los alumnos de la ESO, FP y Bachillerato de toda España están llamados este martes a secundar la huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes contra el bullying, tras el caso de Sandra Peña, la chica de 14 años que se suicidó presuntamente tras sufrir acoso escolar por parte de compañeras de su colegio de Sevilla.
El Sindicato de Estudiantes hace un llamamiento a acudir a las manifestaciones convocadas a las 12 del mediodía en todas las ciudades. Está previsto que la familia de Sandra se sume a la protesta de Sevilla.
Los convocantes de la huelga exigen la dimisión inmediata de la junta directiva del colegio Irlandesas de Loreto -centro en el que estudiaba Sandra- y la retirada de su financiación pública, ya que se trata de un centro privado concertado con la Junta de Andalucía.
A su vez, los convocantes también reclaman la contratación de miles de psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública y en cada colegio, instituto y facultad. "Ni un euro público para engordar el negocio de la enseñanza privada concertada, que siempre tapa el acoso y todo tipo de abuso contra los alumnos", han recalcado.
El Sindicato de Estudiantes defiende en su convocatoria de huelga la necesidad de una educación libre de discursos de odio y alertan de que "la violencia que propaga la extrema derecha en las redes, en las calles y desde las instituciones tiene un reflejo en las aulas" y añaden que "nuestros centros tienen que ser espacios seguros para todas y todos, sin discriminación, sin machismo, sin racismo, sin LGTBIfobia, y sin fascismo".
En el marco de la convocatoria, el Sindicato de Estudiantes ha enviado su apoyo a la familia y a los conocidos de Sandra y ha señalado que "su pérdida pudo haberse evitado". Desde su punto de vista, hay "responsables muy concretos" en este caso, la dirección del colegio -que no activó el protocolo antiacoso "para proteger el 'buen nombre' del colegio y su negocio- y la Iglesia Católica -que "barrió los gritos de auxilio debajo de la alfombra para no manchar su imagen y arriesgarse a perder la financiación pública".
La organización estudiantil también culpa a la Junta de Andalucía porque "mantiene el concierto público con la Fundación Educativa Mary Ward, responsable de las Irlandesas de Loreto" y "desmantela la educación pública y niega los recursos materiales y humanos que necesitan los institutos para acabar con el acoso".
"Combatir el bullying no puede depender de la buena voluntad de nuestros profesores, la mayoría colapsados por la masificación en las aulas, sino que pasa por contratar orientadoras, psicólogas y mediadoras en todos los centros educativos", ha lamentado el sindicato estudiantil.
El sindicato extiende esta queja a los responsables educativos en el Gobierno central y en todas las comunidades autónomas: "No hay dinero para la enseñanza pública, que se hunde por los recortes, no hay dinero para poner en marcha un plan de prevención de los suicidios en los centros y apoyar nuestra salud mental, pero sí lo hay para incrementar salvajemente el gasto en armas, para privatizar los servicios públicos y subvencionar todos los negocios privados de la sanidad y la educación", ha destacado.
Mientras, el caso de Sandra Peña está en manos de la Fiscalía de Menores que tiene abiertas varias investigaciones, sobre la muerte de la niña, la responsabilidad del centro y de las presuntas acosadoras y, también, sobre las amenazas sufridas por estas, que se encuentran apartadas cautelarmente del colegio y recibiendo clases telemáticas.