La delegación de europarlamentarios ha visitado este martes Algeciras, puerta de entrada y zona de paso obligada del narcotráfico para introducir la droga en Europa. Allí se han reunido con el alcalde y otras organizaciones que le han pedido, entre otras cosas, más medios y declarar la zona de especial singularidad.
La Junta de Andalucía exige al Gobierno de Pedro Sánchez que se declare como "profesión de riesgo" el trabajo que realizan los agentes.
La Unión Europea está preocupada por el aumento de la criminalidad en el Campo de Gibraltar. La delegación de europarlamentarios que llegó este lunes a Andalucía, ha visitado este martes Algeciras, puerta de entrada y zona de paso obligada del narcotráfico para introducir la droga en Europa. Allí se han reunido con el alcalde y otras organizaciones que le han pedido, entre otras cosas, más medios y declarar la zona de especial singularidad. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que ayer visitó Barbate, ha tenido durante toda la mañana de este martes una intensa jornada de reuniones en Algeciras. La visita responde a un solicitud para que se analice la situación laboral de los cuerpos de seguridad en todo el país y el incremento de la violencia que sufren desde del ámbito del narcotráfico.
En declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Ayuntamiento de Algeciras, el presidente de la delegación, el europarlamentario polaco Bogdan Rzonca, ha manifestado su intención de "escuchar" a todos los agentes de la lucha antidroga, a los que ha pedido que "hablen sin censura" sobre la seguridad en la zona frente a las mafias dedicadas al narcotráfico en el Estrecho, de las que ha dicho que "matan a las personas y ponen obstáculos a la actividad económica".
Rzonca ha aludido a "la situación de peligro que hay aquí" y ha subrayado que se trata de "situaciones reales".
Por su parte, el alcalde de Algeciras y senador del Partido Popular, José Ignacio Landaluce, ha agradecido el interés de los europarlamentarios que se han reunido este martes en el Ayuntamiento con los actores implicados, y ha pedido "recuperar objetivos y proyectos de refuerzo de lucha contra el narcotráfico". Landaluce ha recordado la demanda histórica de la zona de la especial singularidad para el Campo de Gibraltar, así como que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sean reconocidos como profesión de riesgo y que las agresiones sean castigadas como eurodelitos ante la necesidad de "proteger a los que nos protegen".
Aunque ha incidido en que Algeciras es "una de las ciudades más seguras de España y Europa en cuanto a delitos", el alcalde ha asegurado que ello "no es incongruente" con la demanda de "potenciar la seguridad en la frontera sur de Europa en la lucha contra el narcotráfico". "Es el paso casi obligado del narcotráfico hacia Europa y hay que hacer mayor esfuerzo", ha recalcado. En la reunión participan la fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez; la delegada del Gobierno en la provincia, Blanca Flores, así como mandos de la Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera; sindicatos policiales, y el presidente de la coordinadora antidroga Alternativas, Francisco Mena, quien ha planteado a los eurodiputados que el incremento de medios y mejoras policiales se acompañe con otro tipo de medidas. La fiscalía ha insistido en la necesidad de cambios legislativos, como declarar delito la tenencia de gasolina para narcolanchas, considerada ahora infracción administrativa.
La Junta de Andalucía exige al Gobierno de Pedro Sánchez que se declare como "profesión de riesgo" el trabajo que realizan los agentes y policías en la lucha contra el narcotráfico en la costa gaditana. Lo ha anunciado el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, quién ha pedido medidas para garantizar la protección de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
La delegación europea está integrada por el popular austríaco Alexander Bernhuber, la socialista portuguesa Isilda Gomes, el francés de extrema derecha Fabrice Leggeri y el ultraconservador polaco Kosma Z?otowski (ECR, Polonia). Como acompañantes están los españoles Maravillas Abadía, Juan Ignacio Zoido (ambos del PP), Lina Gálvez (PSOE), Mireia Borrás (Vox) y Nora Junco (independiente). La delegación visitarán también hoy el puerto y el Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras. La visita de la delegación del Parlamento Europeo concluirá este míercoles en Sevilla, donde se reunirán con el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y el consejero andaluz de la Presidencia, Antonio Sanz.
"QUE NO SE VUELVE A REPETIR"
La Misión del Parlamento Europeo que evalúa las agresiones a agentes de las fuerzas de seguridad se reunía este lunes con familias de los dos guardias civiles asesinados tras ser embestida su embarcación por una narcolancha en Barbate. Paqui Gómez, la madre de uno de los dos fallecidos, pide medios para que no se repita lo sucedido: "Quiero que se haga justicia", dice. "Que esto no vuelva a suceder, que los guardias salgan a la calle con medios. Ellos sabían que iban a la muerte. Fueron dos, pero pudieron ser los seis. Me dijeron en mi cara que iban a asumir las consecuencias de la orden que se dio".
En febrero de 2024, dos guardias civiles, Miguel Ángel González y David Pérez murieron luchando contra el narco, en plena noche, en el puerto de Barbate, en Cádiz. Fueron embestidos por una lancha de grandes dimensiones. Tres meses antes de ese suceso, un policía nacional pidió a Bruselas que evaluasen las condiciones laborales de las fuerzas de seguridad en nuestro país. Y hoy, una delegación de eurodiputados está en Barbate.
La delegación del Parlamento Europeo ha emprendido este lunes en Barbate una visita para acercarse al problema del aumento de agresiones a las fuerzas de seguridad en toda la eurozona y escuchar demandas como que éstas se conviertan en eurodelitos. "Vamos a ser todo oídos", ha asegurado el presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Bogdan Rzo?ca (ECR, Polonia), que lidera esta delegación, antes de reunirse en el Ayuntamiento de Barbate, con su alcalde, Miguel Molina, y, entre otros, con Paqui Gómez, madre de Miguel Ángel González, uno de los dos agentes que fallecieron en esta localidad al ser embestidos por una narcolancha en febrero de 2024.
La delegación, integrada por diez europarlamentarios, ha comenzado su viaje de tres días encontrándose en la localidad gaditana con David Gutiérrez, el portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), que en 2023, antes de los sucesos de Barbate, elevó al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, el órgano que recibe las consultas o quejas de cualquier ciudadano comunitario, una carta en la que pedía medidas en el ámbito europeo para combatir el odio y las agresiones a las fuerzas de seguridad.
Este lunes por la tarde, antes de la reunión, explicaba que la comisión había decidido realizar esta visita a Cádiz quizá "por la importancia mediática" y el impacto que tuvo en la sociedad el asesinato de los dos agentes en Barbate. "Se podía haber hecho en Marsella, en Munich, o en Varsovia. Por desgracia las agresiones (a agentes) están aumentando en prácticamente todas las capitales y ciudades europeas", ha comentado a los medios. Gutiérrez decidió trasladar al Parlamento Europeo "el brutal aumento de agresiones a agentes en toda Europa porque "no podemos esperar más, el tiempo de las palabras se ha acabado".
"En el año 2024 se dio el triste récord de la cifra histórica más alta de agresiones contra policías nacionales y guardias civiles en España, más de 16.800, eso significa que más de 1.400 compañeros son agredidos cada mes, eso sucede sólo en España. Pero en Bélgica, en Alemania o en Francia hay números que superan las 34.000, las 19.000, no lo podemos consentir", ha explicado. En su opinión esto sucede porque "se ha perdido el principio de autoridad", porque "no hay un reproche penal suficiente, porque agredir a los policiales en demasiadas ocasiones sale gratis".
Gutiérrez se ha congratulado de que, a raíz de su petición, el Parlamento cuente ya con un proyecto de directiva europea para que las agresiones sean consideradas eurodelitos, con lo que se endurecerían las penas y la UE marcaría las mínimas que cada estado puede imponer en su legislación. Otra de sus peticiones, que se estudia en el proyecto, es que ser agente de las fuerzas de eguridad seas considerado profesión de riesgo en toda europa, con las correspondientes medidas sociales y laborales de apoyo.
Es la misma idea que reclama Paqui Gómez: "a mi hijo no me lo van a devolver, pero por lo menos que no vuelva a suceder esto más, que los guardias civiles salgan a la calle protegidos" y no en las condiciones "tercermundistas" en los que su hijo perdió la vida enfrentándose a los narcotraficantes.
Las agresiones se han incrementado un 28% en los últimos cinco años. Ahora, la delegación de eurodiputados, de distintos paises y grupos politicos, va a evaluar el aumento de la violencia contra las fuerzas de seguridad y la posible falta de protección jurídica. La delegación estará en España tres días. El martes estarán en Algeciras visitando diversas instalaciones y manteniendo encuentros con varias autoridades, y el miércoles en Sevilla, donde visitarán la Delegación del Gobierno y la Junta de Andalucía.