Bernal defiende a sus altos cargos que firmaron un contrato con la empresa en la que trabajaron

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha comparecido este miércoles ante el pleno del Parlamento de Andalucía para dar explicaciones sobre la situación de los altos cargos de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deportes Lisardo Morán y Adrián Gómez de Sola, a los que el PSOE ha llevado ante la Oficina Anticorrupción por firmar contratos con una empresa de juegos electrónicos a la que pertenecían con anterioridad. 

Ha sido un tenso debate en el que Bernal ha salido en defensa de estos dos altos cargos y ha reclamado a la bancada socialista que “cuando llegue el momento tengan la misma hombría y vehemencia para pedirles perdón”. 

Desde las filas socialistas han comparado en este debate la Consejería que dirige Bernal con “la cueva de Alí Babá”, poniendo en cuestión si el consejero es el “guardián” que tiene “la llave de los cofres”, en palabras de la diputada del PSOE Isabel Aguilera. 

Ha sido un duro enfrentamiento en el que Bernal ha rechazado las acusaciones del PSOE que ha calificado de “mentiras” con la intención -añadía-  de “embarrar” y “enguarrar” la política por directriz del PSOE nacional. 

La denuncia del PSOE ante la Oficina Anticorrupción por presuntos “conflictos de intereses” se dirige contra el gerente de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte, Lisardo Morán, por un contrato de patrocinio de 350.000 euros a su antigua empresa, Giants Gaming E-Sports, y se ha ampliado a Adrián Gómez, actual director de Innovación de la entidad pública, que justificó la ayuda y también estuvo en la empresa.

Bernal ha explicado que no tenían ningún cargo directivo, que no ejercían apoderamiento de firma, que no tenían participaciones ni capacidad de tomar decisiones, como así se refleja en las certificaciones que pidió la Junta cuando fue el momento. El consejero ha defendido la gestión de ambos de los que ha dicho son los “mejores profesionales”. Bernal ha asegurado que los contratos de patrocinio son privados pero legales, como “cualquier otro” y que se rigen por la ley de contratos del sector público. Además, asegura que han tenido una “doble verificación”, de la intervención y a nivel europeo.

ESTADIO DE LA CARTUJA

En este pleno, el grupo socialista también ha pedido al consejero que "despeje todas las dudas" sobre el contrato que se firmó con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para las obras del Estadio de la Cartuja, que "sigue sin hacerse público" -ha dicho la diputada socialista-, por lo que ha cuestionado por qué "lo ocultan", qué otras empresas se presentaron y qué oferta económica hicieron.

A juicio del PSOE se trata de un "pelotazo de oro" porque el atestado de la investigación contra el ex presidente de la RFEF Luis Rubiales dice "que el dinero de los andaluces ha podido acabar en el bolsillo de Rubiales en forma de mordida"..

Bernal ha expuesto el éxito de la gestión del estadio, que el PSOE "iba a demoler por 40 millones" y ha recordado que el líder del partido en Andalucía, Juan Espadas, apoyó los convenios cuando era alcalde de Sevilla.

El consejero de Turismo ha mostrado ante el pleno uno de esos convenios con la firma de Espadas para celebrar las finales de la Copa del Rey: "El señor Espadas estaba en el Consejo de Administración igual que los demás, no deben tener pena, yo lo diría con orgullo", ha indicado.

OPOSICIONES PARA DISCAPACITADOS INTELECTUALES 

Otro punto del pleno del Parlamento este miércoles ha sido la toma en consideración de una proposición de ley del grupo Por Andalucía en la que se reclamaba una reforma puntual del Estatuto del Empleado Público para facilitar la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual. La propuesta ha sido rechazada por la mayoría absoluta del PP. 

La propuesta, que contaba con el criterio contrario del Gobierno andaluz, pretendía la modificación del punto 1 del artículo 59 del decreto legislativo del 30 de octubre de 2015, para su tramitación en el Congreso de los Diputados, relativo a la adecuación de las pruebas de acceso a la Función Pública para las personas con discapacidad intelectual.

El artículo establecería la adición de que “en el caso de las personas con discapacidad intelectual, consistirán (en referencia a los procesos selectivos) en una prueba de situación”, es decir, un examen para que la persona que opta a un determinado puesto pueda demostrar su capacidad para realizar, efectivamente, las tareas concretas contempladas para dicho cargo, “evitando que tenga que someterse a un examen sobre contenidos ajenos a esas labores”, según ha explicado la diputada Esperanza Gómez.

La diputada de Por Andalucía recuerda que, tal y como recogen otros países de Europa y el marco normativo estatal, “las pruebas de acceso a la función pública para personas con discapacidad deben adaptarse a sus condiciones y limitaciones específicas” yendo “mucho más allá que la mera reserva de puestos para personas con discapacidad intelectual”.

En Andalucía, según Gómez, miles de familias “se ven impotentes ante la frustración de sus hijos e hijas a la hora de estudiar y afrontar exámenes que poco tienen que ver con la realidad, una vez pasado el proceso de selección”.

Esperanza Gómez ha asegurado que Por Andalucía ha hecho una iniciativa que cree que es "de justicia", por lo que ha dicho no entender cómo el PP se puede negar a aprobar esta proposición de ley y mientras tanto "secundado manifiestos" que hablan de igualdad de oportunidades entre los ciudadanos.

Desde la filas del grupo popular, el diputado Juan Manuel Marchal ha justificado la oposición de su grupo a esta proposición de ley en que a pesar del "atractivo título" con el que lo presenta el grupo de Por Andalucía "tiene ya un camino recorrido" en Andalucía con la Ley andaluza de la Función Pública.

Marchal ha recordado que cuando se presenta esta iniciativa en diciembre de 2022 la Ley andaluza ya llevaba varios meses de tramitación que culminó con su aprobación en mayo de 2023 y que "plasman aspectos" que se piden en la iniciativa de Por Andalucía que, en su  opinión, llega "mal y tarde" al Parlamento autonómico.

"Alabo la intención de la propuesta pero por más vueltas que le doy por qué su grupo tiene ese empeño en una iniciativa que modifica una ley estatal sea impulsada por este Parlamento", ha subrayado Marchal, quien le ha recordado que su formación tiene representación en el Congreso de los Diputados, con lo que podría haber planteado en dicho foro la reforma que están planteando en la Cámara autonómica.

RECUERDO A MARÍA ÁNGELES INFANTE

El pleno del Parlamento andaluz ha guardado este miércoles un minuto de silencio por María Ángeles Infante, hija de Blas Infante, padre de la patria andaluza, fallecida el pasado 4 de abril, aunque no ha sido posible la lectura de una declaración institucional debido a que requiere del apoyo de todos los grupos y Vox se ha opuesto a firmar la iniciativa.

El texto había sido propuesto por el PSOE, y fue apoyado por PP, Por Andalucía y Adelante Andalucía, pero la Mesa de la Cámara, reunida antes de la celebración de la sesión plenaria, rechazó que se convirtiera en declaración institucional porque el reglamento de la Cámara recoge que requiere del voto unánime de los grupos.

No obstante, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, hizo una breve glosa de la figura de María Ángeles Infante y el texto firmado por cuatro grupos recuerda que la fallecida fue protagonista "esencial" de la historia andaluza y que sin su compromiso y sin su generosidad Andalucía "hubiera estado huérfana del legado común de su padre: nuestros símbolos y también el ideario de dignidad, libertad e igualdad".