Azata del Sol ha recurrido un día antes de expirar el plazo lo que provocará un retraso, de momento, de tres meses, los que tiene el Gobierno para contestar.
La vicepresidenta prometió el derribo del hotel antes de final de año, lo que se antoja difícil.
El Algarrobico no podrá ser demolido como pretendía el gobierno central este año. La promotora del hotel ha recurrido el proceso de expropiación justo un día antes de que expirase el plazo. Esto deja en suspenso durante tres meses el procedimiento hasta que se resuelva, lo que choca con los planes de la líder de los socialistas andaluces, María jesús Montero. Hace19 años que un juez paralizó las obras de El Algarrobico, un macrohotel de 400 habitaciones, enclavado en pleno Parque Nacional de Cabo de Gata.
LA JUNTA SE PERSONA
Por otro lado, esta semana la Junta de Andalucía se ha personado en el procedimiento expropiatorio iniciado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en relación con el hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), "tras más de cinco meses sin recibir información alguna por parte del Gobierno de España".
Esta nueva actuación se suma a las tres vías ya abiertas por el Gobierno andaluz: la personación en el procedimiento judicial, en la modificación del planeamiento urbanístico y en la revisión de oficio de la licencia urbanística, con el objetivo de restituir la legalidad urbanística y ambiental vulneradas en este enclave del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
La personación tiene como fin "ejercer un papel activo en este procedimiento promovido por el Gobierno de España, al que la Junta no ha tenido acceso pese a haberlo solicitado de forma reiterada", según ha indicado la Junta en un comunicado.
En la última comisión mixta de seguimiento mantenida entre ambas administraciones, la Junta recuerda que se acordó que "el Ministerio facilitaría a la comunidad autónoma la documentación relativa a la expropiación". Ante la falta de respuesta, y con el tiempo comprometido ya vencido, el Ejecutivo andaluz ha dado el paso de incorporarse formalmente a este expediente "para tener conocimiento de los actos previstos y poder valorar su alcance".
Desde la Junta de Andalucía han subrayado que esta decisión "no persigue entorpecer el proceso, sino todo lo contrario: reforzar el compromiso de las administraciones implicadas con la demolición del edificio ilegal y la restauración ecológica de una de las zonas más valiosas de la costa andaluza".
"SIN AVANCES PALPABLES" TRAS LOS CINCO MESES ANUNCIADOS POR MONTERO
En este sentido, han recordado que el pasado 10 de febrero, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "aseguró públicamente que el hotel sería derribado en un plazo de cinco meses". "Hoy, transcurrido el tiempo anunciado, el procedimiento continúa sin avances palpables y sin que la Junta haya recibido ningún tipo de información por parte del Estado", han matizado. Esto, antes de conocer el recurso de la promotora que volverá a dilatar la solución definitiva.
El hotel de Azata del Sol, levantado en primera línea de playa en un suelo no urbanizable, "tal y como ha ratificado el Tribunal Supremo (TS) en diferentes sentencias, se ha convertido desde hace años en un símbolo del urbanismo irregular".
Parte de la edificación se encuentra en terrenos incluidos dentro de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, "lo que refuerza aún más la necesidad de recuperar el espacio para los valores naturales que lo caracterizan".
CARBONERAS DECLARA LOS TERRENOS NO URBANIZABLES
También el jueves, el Ayuntamiento de Carboneras ha aprobado en Pleno ordinario la modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para trasladar formalmente al planeamiento la clasificación como suelo no urbanizable de especial protección de los sectores ST-1 y ST-2, donde se construyó el hotel de El Algarrobico.
El acuerdo da cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en ejecución de la sentencia firme 634/2018. La propuesta ha prosperado con nueve votos a favor, incluidos los del alcalde Salvador Hernández (CS), mientras que los tres concejales del PSOE se han abstenido.
El documento será ahora remitido al TSJA para acreditar el cumplimiento del requerimiento judicial, después de que el tribunal advirtiera al Consistorio de un posible incumplimiento y llegara a reclamar la identificación del funcionario responsable.
La secretaria municipal, que ejerce en régimen de acumulación, ha señalado en su informe que el Ayuntamiento debía limitarse a incorporar al PGOU la clasificación fijada por el tribunal, sin reinterpretaciones.
Según expone, la modificación aprobada en abril de 2023 ya recogía ese mandato, y advierte de que el expediente actual carece de algunos informes clave y presenta "numerosos procedimientos judiciales abiertos, actuaciones pendientes de cumplimentar y requerimientos judiciales reiterados sin cumplir".