Jueces de pueblo

Hablamos ahora de la figura más cercana de la justicia, los jueces de paz. Desde hace casi dos siglos, ofician bodas, median en conflictos y llevan los registros civiles en aquellos municipios sin juzgado de primera instancia. Ahora, una ley prevé sustituirlos por oficinas adminsitrativas. Hoy conocemos a algunos de los casi 700 jueces de paz que hay en Andalucía.

Antonio Barrera, es juez de paz de Cantillana. Va todos los días, aunque no habría motivo. "Pero vengo y firmo y casi siempre hay el que quiere hablar conmigo o viene para solucionar alguna cosa".

La misma rutina desde hace treinta dos años de los ochenta y seis que tiene Antonio. El tiempo que lleva como juez de paz de Cantillana, en Sevilla. Un magistrado sin título universitario ni oposición que lo certifique. Solo estos documentos que cuelgan en el despacho de este comercial jubilado. "No tenía ningún conocimiento judicial, eso después se ha ido aprendiendo. Yo comprendí, rápidamente, que esto era de sentido común más que de leyes"-

Como Antonio, 686 jueces de paz se ponen a diario, simbólicamente, la toga en Andalucía. Un ritual que podría tener los días contados. Su figura se creó en 1855 con la primera ley de enjuiciamiento civil. Desde 1985, los jueces de paz son elegidos por el pleno del ayuntamiento y, en Andalucía, refrendados por el TSJA

Francisco Lasheras preside una asociación que llegó a tener más de doscientos socios de toda Andalucía. Ahora solo son 70. Un declive que corre en paralelo a las funciones que han ido perdiendo los juzgados de paz. Antes, resolvían juicios de faltas. Ahora, con la reforma del código penal de 2015, solo juicios de hasta 90 euros y los trámites en los registros civiles.

Los juzgados de paz solo existen en los municipios sin juzgados de primera instancia. Lasheras, presidente Asociación Democrática de Juzgados de Paz, cree que "el acto de conciliación es el acto por excelencia de un juzgado de paz. Conciliar a los vecinos". Son los precursores de los mediadores, según Javier Alés, profesor de Derecho Universidad Loyola

Conocemos a Patricia, juez de paz de Chucena, y dueña de una tienda. Estudió magisterio y acabó abriendo una tienda de ropa. Lleva dos años en el cargo. La primera mujer en el puesto. Los jueces de paz no necesitan tener estudios de Derecho y pueden compatibilizar su labor con otro trabajo.

Patricia Carballo, jueza de paz de Chucena, sí sabía que hacía un juez de paz "pero no sabía exactamente cómo se hacía. Sabía que registraban nacimientos, registraban… pues eso, todo lo del registro civil.. y poco más. Poco a poco me he ido enterando de lo que hacen"

En los juzgados de paz, está la memoria de los pueblos, condensada en el registro civil. Hojas antiguas que casi cuesta despegar y recuerdan nacimientos, matrimonios, defunciones desde 1871, el año en el que se pusieron en marcha los registros.

Estamos en el juzgado de paz aljarafeño de Valencina de la Concepción. Oficiar bodas es otra de las funciones del juez. Esther Guerra lo es desde hace cinco años. Ella sí estudió Derecho pero nunca se dedicó a nada que tuviera que ver con leyes. "Escuché que se abría un plazo de solicitudes para juez de paz y dije, pues me voy a presentar. Tenía muchas ganas de aprender a hacer algo que tuviera que ver con mi carrera".

Toda esa labor de mediación, conciliadora, esa figura de respeto, el primer referente de la justicia en los pueblos, podría desaparecer si sale adelante, en su trámite parlamentario, el anteproyecto de ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio de la Justicia, que el gobierno aprobó el pasado mes de abril. "Eso no significa que la justicia va a desaparecer del municipio. Simplemente que va a cambiar a una figura por un conjunto de servicios que van a prestar personas porque, posiblemente, no vaya a haber una persona, vaya a haber varias personas a cargo de esos servicios", según Javier Alés.

No habrá juez de paz y sí una oficina administrativa, con varios funcionarios, donde casi todo se resolverá de forma electrónica. Los tiempos cambian y la justicia del siglo XXI exige modernización. Poner en marcha las nuevas oficinas judiciales, digitalizar los registros, necesitará tiempo y, sobre todo, presupuesto para hacerlo. Pero el factor humano, no tiene precio. Mientras, jueces como Antonio seguirán recorriendo su pueblo, preguntando a sus vecinos, qué puede hacer por ellos.