Tras rubricar el pacto con el PNV, también se ha asegurado el sí de Coalición Canaria, por lo que se garantiza 179 votos. Sólo falta el anuncio oficial del debate de investidura. Podrá ser elegido en primera votación.
El acuerdo de PSOE y PNV garantiza todos los traspasos pendientes y hablar del reconocimiento nacional de Euskadi
Con esta firma, el PNV ha garantizado a Pedro Sánchez su apoyo a la investidura y la estabilidad de la legislatura. El Partido Nacionalista Vasco obtiene a cambio de sus 5 votos, competencias importantes como la de la Seguridad Social. Pedro Sánchez tiene asegurada su reelección como Presidente del Gobierno. Y es que tras rubricar el pacto con el PNV, también se ha asegurado el sí de Coalición Canaria, por lo que se garantiza 179 votos. Sólo falta el anuncio oficial del debate de investidura.
Las cuentas del Congreso ya le salen a Pedro Sánchez. Podrá ser investido en primera votación. El candidato socialista necesita, en principio, mayoría absoluta de apoyos para seguir en La Moncloa. La mayoría absoluta está en 176 escaños. Y, además de los 121 votos a favor de su partido, cuenta con los 31 de Sumar, 7 de Esquerra y 7 de Junts, 6 votos a favor de Bildu, 5 del PNV y 2 síes más: El del BNG y el de Coalición Canaria, conseguido esta misma mañana. En total suman 179 diputados a favor de la investidura de Sánchez. Supera en 3 votos la mayoría absoluta.
El acuerdo de investidura de PSOE y PNV garantiza transferir a Euskadi las competencias pendientes y el reconocimiento nacional de Euskadi. Esa negociación tendrá un "plazo orientativo" hasta año y medio después de que se inicie la próxima legislatura vasca en 2024, por lo que discurrirá de forma paralela a la de las transferencias pendientes, cuyo plazo de dos años comienza con la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
El cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika y la negociación del reconocimiento nacional de Euskadi son dos de las principales claves del pacto que este viernes han suscrito el PSOE y el PNV para reeditar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. En el pacto se acepta negociar "de buena fe" y "sacar adelante" en los parlamentos vascos y español un acuerdo, que deberá ser ratificado en consulta al pueblo vasco, sobre el reconocimiento nacional de Euskadi, la salvaguarda de las competencias vascas y un sistema de garantías basado en la bilateralidad Euskadi-España.
El plazo orientativo para alcanzar dicho acuerdo no superará el año y medio desde el inicio de la próxima legislatura del Parlamento Vasco (aproximadamente marzo de 2026, si las elecciones fuesen en julio próximo).
La segunda clave del pacto es el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika de 1979 en el plazo improrrogable de dos años. Entre las materias pendientes de transferencia, según el listado acordado en la legislatura anterior, figura la gestión de la Seguridad Social, como asunto pendiente en general, aunque la concreción de su traspaso se tendrá que negociar estos dos años.
También se incluye el compromiso de "remover" los obstáculos legales que impidan un mayor ejercicio del autogobierno.
En tercer lugar, la prelación de los convenios colectivos de carácter autonómico en el ámbito vasco sobre los negociados a nivel estatal, para lo cual se acuerda modificar los puntos 3 y 4 del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores que fija la concurrencia de los convenios colectivos.
La cuarta clave sería el refuerzo y ampliación del Concierto Económico con la concertación de impuestos y la fijación de los límites de deuda en la Comisión Mixta de Concierto y en la del Convenio navarro. Destaca también, en quinto lugar, que las actuales competencias de la Ertzaintza como policía integral se extienden a las infraestructuras críticas del Puerto de Bilbao, incluida su zona restringida, y a la investigación y persecución de los delitos contra el medioambiente, así como en materia de ciberseguridad.
El acuerdo incluye que el Gobierno financie con 100 millones de euros en cuatro años a las instituciones vascas la adaptación del euskera a la digitalización, lo que el presidente del PNV ha considerado un "broche" para el pacto. Para Navarra, el PSOE y el PNV han pactado la transferencia competencial del I+D+i y de las becas en un plazo de seis meses. También han acordado que esté presente un miembro de las instituciones vascas en las reuniones de alto nivel de la Unión Europea en las que se traten temas tributarios.
El acuerdo incluye igualmente modificaciones en el Concierto Económico, entre ellas avanzar en la posibilidad de que se aplique normativa autonómica para los contribuyentes de otras comunidades que obtengan rentas en el País Vasco. Además, en el acuerdo destaca también que los objetivos de déficit tanto del País Vasco como de Navarra se realizarán a partir de ahora en las comisiones mixtas del Concierto y el Convenio correspondientes, manteniendo el límite de deuda diferenciado para las diputaciones forales.
En seguridad, la Ertzaintza asumirá la labor policial en el Puerto de Bilbao y en la investigación de crímenes medioambientales. Entre otras cuestiones, han pactado también un cambio legal para permitir la segregación de un municipio si supera los 4.000 habitantes, lo que beneficiará a Usansolo, la localidad vizcaína que lo pretende, y culminar la desafección de terrenos del dominio marítimo-terrestre ocupados por zonas deportivas en Hondarribia.
En rueda de prensa en el Congreso, tras firmar el acuerdo con Sánchez, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha resaltado tanto el logro de un "nítido avance" respecto al autogobierno pendiente como el de la apertura de la negociación sobre el futuro, incluida la aceptación de los socialistas a dialogar sobre el reconocimiento nacional de Euskadi. "Nuestro compromiso con la estabilidad de la legislatura está muy muy vinculado al cumplimiento legal de estos acuerdos", ha subrayado Ortuzar.
El acuerdo especifica que se creará una comisión bilateral permanente entre los gobiernos español y vasco para velar por el cumplimiento de las transferencias, que tendrá al menos una reunión presencial cada seis meses presidida por Sánchez y el lehendakari. "No es que no me fíe del presidente (Sánchez), pero por si esa palabra no se cumpliera", ha indicado Ortuzar sobre la "comisión de seguimiento" de las transferencias. Para el paralelo diálogo sobre la ampliación del autogobierno y el reconocimiento nacional también el PSOE y el PNV crearán una comisión bilateral, en este caso sin detallar la presencia de los líderes.
El acuerdo incluye que el Gobierno financie con 100 millones de euros en cuatro años a las instituciones vascas la adaptación del euskera a la digitalización, lo que el presidente del PNV ha considerado un "broche" para el pacto. Para Navarra, el PSOE y el PNV han pactado la transferencia competencial del I+D+i y de las becas en un plazo de seis meses. También han acordado que esté presente un miembro de las instituciones vascas en las reuniones de alto nivel de la Unión Europea en las que se traten temas tributarios.
MONTERO NIEGA EL TRASPASO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, considera "difícil" el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social al Pais Vasco, pese al acuerdo firmado este viernes con el PNV, y por otro lado ha remarcado que es "radicalmente falso" que el Estado vaya a ceder el 100% de los tributos a Cataluña en el marco del acuerdo entre PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
"En ningún momento se ha planteado que el PSOE o el Gobierno comparta la cesión del 100% de tributos ni a esta ni a ninguna otra comunidad autónoma", ha dicho Montero en el Congreso minutos después de haber firmado con Coalición Canaria un acuerdo de investidura.
En el acuerdo se recoge que Junts propone, por una parte, una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite "la cesión del 100% de todos los tributos" que se pagan en la comunidad autónoma.
Y se añade que el PSOE dice que apostará por medidas "que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado" de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación catalán. Es decir, cada partido hace una propuesta en términos fiscales y se comprometen a llegar a un acuerdo al respecto.
Con este escenario, la número dos del PSOE ha subrayado que sobre el pacto entre PSOE y Junts "se han dicho muchas mentiras" desde "la derecha mediática, política y económica", a la que ha acusado de intentar "hacer ilegítimo" al futuro Gobierno liderado por Sánchez. "El Partido Popular, cuando no le gustan los resultados de las urnas, ejerce una oposición destructiva", remacha Montero.
Sobre el traspaso de la Seguridad Social de España al País Vasco en el marco del acuerdo firmado con el PNV este viernes, Montero ha mantenido una postura similar que con el acuerdo rubricado con Junts y ha enfatizado que "no se ha singularizado nada".
El acuerdo entre vascos y socialistas recoge un punto específico para "culminar el autogobierno presente con la transferencia a Euskadi de las competencias aún pendientes" en el plazo "improrrogable" de dos años. En este punto, tanto PSOE como PNV manifiestan que sigue habiendo "competencias que aún no han sido transferidas" a las instituciones vascas recogidas en el Estatuto de Guernica, como es el caso de la Seguridad Social.
Esto significa, según Montero, que al igual que en acuerdos de pasadas legislaturas suscritos, incluso con el PP, lo que se ha firmado es el desarrollo y el avance del Estatuto. Eso sí, ha advertido de que esa transferencia total de la Seguridad Social será "difícil".
"Nosotros haremos lo mismo que siempre se ha hecho con todos los partidos políticos cuando se ha pactado con el PNV, que es intentar el desarrollo máximo de las competencias que contiene este estatuto", ha matizado.
FIRMA CON COALICIÓN CANARIA
El PSOE también ha firmado el acuerdo para la investidura con Coalición Canaria. Un pacto que supone un avance en la agenda canaria y que han firmado la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, y la diputada Cristina Valido, que ha insistido en que su partido rechaza la ley de amnistía. Valido ha explicado que el acuerdo supone una mejora en las infraestructuras educativas y obras hidráulicas.