Puigdemont: "No volveré ni esposado ni rendido ante un juez español para que sea indulgente"

El expresidente catalán, Carles Puigdemont, ya ha anunciado que no piensa volver a España, pese a la rebaja de la pena por el delito de sedición. Y ha dicho que, textualmente, no volverá "ni esposado ni rendido ante un juez español". Su abogado asegura que el expresidente catalán podría regresar a Cataluña sólo después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre su inmunidad como parlamentario europeo.

Lo ha dicho en un mensaje telemático desde Bélgica después de que el magistrado del Tribunal Supremo (TS) haya eliminado el delito de sedición del procesamiento contra el expresidente catalán pero lo haya mantenido por los delitos de desobediencia y malversación. Ante ello, Puigdemont ha destacado que quiere "librar la batalla europea hasta el final", pese a admitir que puede no tener el resultado esperado.

"Asumo el riesgo que conlleva también que la batalla europea no sea el esperado, pero el riesgo es mucho más alto si aceptamos la idea de que, en otoño de 2017, hicimos algo diferente que el de cumplir democráticamente con nuestro compromiso y que esto merece algún tipo de condena", ha subrayado.

Para Puigdemont, el Supremo ha dejado clara su interpretación y cómo aplicará "la poco afortunada reforma de la malversación, y no es una interpretación nada positiva, como los promotores de la reforma esperaban". Así, el también eurodiputado de Junts ha reiterado a las autoridades españolas que no pide "ningún beneficio" ante su situación personal porque --ha asegurado-- no cree en ello y porque considera que no sirve para resolver el conflicto catalán.

Por ello, tras cinco años de vivir en Bélgica, ha reivindicado su apuesta por la justicia europea, destacando que es consciente de lo que supone y también del "daño" que haría que la abandonara por el hecho de que le conviniera más.

"No se trata de aceptar ser condenado por delitos supuestamente menores, que no lo son. Se trata de no permitir ninguna condena por decisiones políticas, y esto no lo puede asegurar ningún pacto con el Gobierno ni ninguna connivencia con la justicia de ese país", ha añadido.

EL JUEZ LLANERAS RETIRA LA SEDICIÓN A PUIGDEMONT
Gracias a la reforma del Código Penal, el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena ha modificado el procesamiento contra Carles Puigdemont y los ex consejeros Toni Comin, Lluis Puig y Clara Ponsatí. El juez que lleva el caso, retira el delito de sedición pero mantiene la malversación, al considerar que el "ánimo de lucro" que requiere la nueva redacción es equiparable a usar el dinero público como "propio", y la desobediencia. 

El juez Llarena mantiene también la desobediencia, al entender que los hechos encausados derivados de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 encajan en ese tipo penal y no en el de desórdenes públicos agravados.

También les mantiene sin rebaja alguna el delito de malversación, lo que dificulta la absolución a la que aspiran los líderes independentistas, como Oriol Junqueras para poder concurrir a las próximas elecciones a la Generalitat, a pesar de que el juez Llarena reconozca que la reforma del Código Penal vigente desde hoy se acerca a la despenalización de esos hechos. La decisión de Llarena no afecta a los condenados que no huyeron pero sí podría dirigir las decisiones del tribunal que les juzgó.

Canal Sur ha podido saber que Carles Puigdemont y el resto de políticos catalanes declarados en rebeldía estudian ya en Bruselas junto a sus abogados la respuesta al auto de Llarena. Con el horizonte, incluso, expresado por Gonzalo Boyé, letrado del expresidente catalán, de que podrán volver a Cataluña en febrero o marzo próximos. Tan convencido está de ello como de que Bélgica no les entregará a España a pesar de la nueva orden de busca y captura dictada para Puigdemont, Antonio Comín y Lluis Puig por desobediencia y malversación, que sustituye a la euroorden de detención hasta hoy en vigor para ellos y para Clara Ponsatí y Marta Rovira por el delito de sedición ahora derogado.

¿QUÉ CONTEMPLA LA REFORMA?

Gracias a la reforma del Código Penal desaparece el delito de sedición y rebaja penas para algunos tipos de malversación. Lo que hasta ahora se consideraba sedición se incluye dentro del delito de desórdenes públicos, con penas más bajas. Y en relación al delito de malversacion, también hay rebajas si no hay ánimo de lucro.

En caso de que el político o responsable público condenado por malversación se haya enriquecido con el dinero malversado, las penas quedan como hasta ahora: de 2 a 12 años de cárcel y entre 6 a 20 de inhabilitación.

Pero la reforma incluye dos nuevos tipos de malversación. Una en la que no habría enriquecimiento personal, y para la que las penas son inferiores a las que había hasta ahora, de 6 meses a 3 años de cárcel y de 1 a 4 años de inhabilitación.

Otra posibilidad es que se haga un mal uso del dinero, utilizándolo para otra cosa para la que no estaba destinado. En ese caso, las penas oscilan entre Uno y 4 años de cárcel y de 2 a 6 de inhabilitación.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Las reacciones a esta decisión del juez Llarena no se han hecho esperar. Desde el PP culpan al presidente Pedro Sánchez del abaratamiento de penas a los condenados por el procès, mientras que la portavoz del gobierno asegura que la reforma penal no evitará que cumplan con la justicia.