España rechaza la prórroga de los coches de combustión más allá de 2035
"Es un error histórico de Europa", afirma el presidente del Gobierno.
También Francia se opone a la decisión de la Comisión Europea de dar marcha atrás en el veto a los vehículos que emitan CO2.
La industria del automóvil aplaude el cambio.
España es uno de los países que rechaza la decisión la Comisión Europea de permitir ahora que se sigan fabricando y vendiendo coches de combustión más allá de 2035. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado esta rectificación de Bruselas de "error histórico".
El Gobierno español junto al francés lideran la oposición entre los países comunitarios a esta rectificación de Bruselas, que consideran un paso atrás, y apuestan por mantener el veto a la venta de los coches que emitan CO2 a partir de 2035, como aprobó en su día la Comisión Europea.
Sánchez dice que es "un error histórico de Europa" la propuesta de la Comisión de relajar ese veto previsto para 2035. "Proteger el clima significa proteger la prosperidad, proteger el empleo, proteger las infraestructuras. Y lo que ayer (el martes) se aprobó en la Comisión Europea es un error histórico de Europa, porque la competitividad, como aquí se ha dicho, se garantiza por la sostenibilidad y no por debilitar nuestros compromisos climáticos", ha dicho el presidente durante la presentación de la propuesta de Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.
La marcha atrás que plantea la CE, y que debe ser respaldada por los estados miembros y el Parlamento Europeo, consiste en flexibilizar los objetivos de emisiones para los fabricantes, y en particular, apuesta por compensar un 10 % del volumen total de CO2 emitido por las flotas nuevas en 2035 mediante reducciones previas a lo largo de la cadena de valor.
Para beneficiarse de este margen, las empresas deberán obtener "créditos" vinculados al uso de acero bajo en carbono producido en Europa, así como al empleo de biocombustibles y combustibles sintéticos.
Las propuestas han suscitado también fuertes críticas de organizaciones ecologistas y de seguridad vial, pero los fabricantes de automóviles les dan la bienvenida.
El director general del Grupo Mobilitas, Juan Carlos Payo, afirma que esta decisión de la Comisión lo que "trata también es de proteger industrialmente un sector como el nuestro que da 13 millones de empleos en Europa de manera indirecta y dos millones y medio de manera indirecta".
La marcha atrás que plantea la CE, y que debe ser respaldada por los estados miembros y el Parlamento Europeo, llega en un contexto de desaceleración de la demanda de vehículos eléctricos, retrasos tecnológicos y creciente presión internacional, especialmente desde China y Estados Unidos.
Críticas de ONGs y alabanzas de la industria automotriz
Las propuestas han suscitado fuertes críticas de organizaciones ecologistas y de seguridad vial. Greenpeace y el Consejo Internacional sobre el Transporte Limpio advierten de que la relajación de las normas de CO2 puede retrasar la transición hacia la electromovilidad, generar confusión tecnológica y debilitar la posición global de Europa.
También el Consejo Europeo por la Seguridad en el Transporte ha expresado preocupación por la posible congelación de requisitos de seguridad durante una década para los nuevos vehículos pequeños.
La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), en cambio, dio la bienvenida a unas propuestas "que reconocen acertadamente la necesidad de mayor flexibilidad y neutralidad tecnológica para que la transición ecológica sea un éxito".
El plan de la CE "constituye un cambio importante con respecto a la legislación vigente", dijo Sigrid de Vries, directora general de ACEA, en un comunicado.
La principal asociación industrial del sector, no obstante, querría ir más allá, ya que considera que el paquete "necesita medidas más decisivas para facilitar la transición en los próximos años", y en concreto, "una acción urgente sobre las flexibilidades para 2030 en automóviles y furgonetas" para evitar que las medidas de 2035 "tengan efecto limitado".
