PSOE y Unidas Podemos plantean un nueva pena para los cargos públicos por enriquecimiento ilícito
Para aquellos que hasta cinco años después de abandonar su puesto incrementen su patrimonio en más de 250.000 euros y no lo puedan justificar
También han presentado otras dos enmiendas para desbloquear la elección de miembros del TC. Suprimirán la mayoría de tres quintos necesaria en el CGPJ para elegir a los dos magistrados que le corresponden
El PSOE y Unidas Podemos dicen que no han negociado con ERC sus enmiendas para la rebaja del delito de malversación y han propuesto aprovechar la reforma del Código Penal que pondrá fin al delito de sedición para tipificar el delito de "enriquecimiento ilícito", que castigará con entre seis meses y tres años de cárcel y con inhabilitación de entre dos y siete años a los cargos públicos que, hasta cinco años después de abandonar su puesto, incrementen su patrimonio en más de 250.000 euros y no lo puedan justificar.
Con este objetivo, han registrado una enmienda a la proposición de ley que impulsaron los dos grupos que conforman el Gobierno de coalición para, entre otras cosas, acabar con el delito de sedición, según han explicado en sendas ruedas de prensa los portavoces del PSOE, Patxi López; el de UP, Pablo Echenique, y el presidente del grupo confederal, Jaume Asens.
En concreto, la enmienda persigue la introducción de un nuevo artículo 438 bis en el Código Penal para poder perseguir a las autoridades que incrementen su patrimonio notablemente y se nieguen a acreditar de dónde ha salido ese dinero. Textualmente, el artículo contempla penas para "la autoridad que durante el desempeño de su función o cargo y hasta cinco años después de haber cesado en ellos, haya obtenido un incremento patrimonial o una cancelación de obligaciones o deudas por un valor superior a 250.000 euros respecto a sus ingresos acreditados, se negara abiertamente a dar el debido cumplimiento a los requerimientos de los órganos competentes destinados a comprobar su justificación".
Y los castigos propuestos son: penas de prisión de seis meses a tres años, multa del tanto al triplo del beneficio obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de dos a siete años.
El PSOE y Unidas Podemos destacan en la justificación de su enmienda, que este nuevo delito "se articula velando por la máxima compatibilidad con los principios constitucionales, particularmente con el derecho fundamental a la presunción de inocencia, por lo que se opta por establecer un delito de desobediencia ante los requerimientos de los organismos competentes en lugar de un delito de sospecha que se sustente tan solo en un incremento patrimonial".
También hoy, los grupos del Gobierno han presentado otras dos enmiendas para desbloquear la elección de miembros del Tribunal Constitucional. Suprimirá la mayoría de tres quintos necesaria en el CGPJ para elegir a los dos magistrados del TC que le corresponden. Bastará con la mayoría simple.
Además establece sanciones, incluso penales para los vocales del Consejo del Poder Judicial que no cumplan con los plazos de elección. Una propuesta que para la oposición supone un ataque a la división de poderes.
