En total serán 154.467 millones de euros, cifra récord por transferencias a cuenta y liquidación de 2023. El Gobierno reunirá en enero a las autonomía de forma bilateral para abordar la condonación de deuda.
El Gobierno aprueba este martes el techo de gasto para el año que viene, la primera piedra de los presupuestos de 2024. Una cifra que contempla las transferencias a las Comunidades autónomas, pero también las cantidades con las que el Ejecutivo prevé apoyar a las autonomías y ayuntamientos a cumplir sus obligaciones de deuda.
La autonomías recibirán el año que viene una cifra récord por transferencias a cuenta y por la liquidación de 2022. En total, 154.467 millones de euros, lo que supone un 14,9% más que en 2023.
Un pellizco importante del presupuesto, que en su techo de gasto incluye también la nueva propuesta a la senda de deuda a aplicar el año que viene, para cumplir las directrices de Bruselas.
Una propuesta más suave, que como el conjunto del Presupuesto, precisa la aprobación de las dos Cámaras, en especial del Senado donde el PP tiene mayoría absoluta.
Para la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, si se diera el caso de un rechazo en la Cámara Alta, el PP que gobierna en 14 comunidades y numerosos ayuntamientos, estaría tirándose piedras a su tejado
De momento, esas 14 comunidades gobernadas o cogobernadas por el PP han votado en contra del objetivo del 0,1% del PIB para 2024, y han centrado sus quejas en la bilateralidad establecida con Cataluña.
La ministra de Hacienda y vicepresidenta cuarta del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con los gobiernos autonómicos, salvo el catalán, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no está negociando la financiación autonómica de manera bilateral con Cataluña.
La ministra reunirá en enero a las comunidades autónomas para negociar de forma bilateral la condonación de la deuda como la que se ha pactado con Cataluña, pero no ha habido avances sobre la petición general de abordar un nuevo sistema de financiación autonómica.
Una situación que Montero achaca a la posición de máximos e intereses contrapuestos de las distintas comunidades autónomas, incluso gobernadas por el mismo partido. Por ello, la vicepresidenta cuarta ha propuesto cambiar el foro de la negociación e intentar un acuerdo entre partidos mayoritarios.
LA CONSEJERA ANDALUZA MUESTRA SU "DECEPCIÓN"
Por su parte, la consejera andaluza de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha afirmado al término de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que "nos vamos decepcionados" de este encuentro al argumentar que esperaba del Ministerio de Hacienda que "se iba a pronunciar sobre ese fondo transitorio de nivelación" que demanda Andalucía y, en consecuencia, "nos vamos a Andalucía con 1.000 millones menos de los que nos correspondería con un sistema de financiación justo".
En declaraciones a los medios de comunicación al término de la convocatoria de este órgano de coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas, España ha expresado su confianza en que el Gobierno "de verdad se ponga las pilas con la reforma del sistema de financiación", iniciativa que ha calificado de "absolutamente necesaria" para que las comunidades "podamos prestar los servicios que son de nuestra competencia, como son la sanidad, la educación, o las políticas sociales".
"En Andalucía no podemos esperar más", ha proclamado la consejera, quien ha explicado esa urgencia por el hecho de ser Andalucía "una comunidad infrafinanciada donde perdemos más de 1.000 millones de euros cada año", antes de recordar que en la reunión le ha espetado a la ministra de Hacienda y vicepresidenta cuarta, María Jesús Montero, que cuando era consejera en la Junta de Andalucía "también reclamaba esta cantidad, 1.000 millones de euros al año, por población ajustada porque por población general eran 4.000 millones de euros los que ella reclamaba".
Con la idea de que ese fondo transitorio de financiación se incluya en los Presupuestos del Estado, España ha argumentado que debe ser el Gobierno quien "lidere esa reforma del sistema de financiación", una vez que consultó a las comunidades sus propuestas sobre población ajustada, y que desde entonces, a principios de 2022, "llevamos ya casi dos años que no se ha hecho nada por este Gobierno".
Después de reconocer que "la ministra no se ha pronunciado sobre el fondo transitorio de compensación", ha asegurado España que Montero "ha tomado nota" porque "hemos sido bastante las comunidades que lo hemos solicitado", al tiempo que ha reclamado un Consejo de Política Fiscal y Financiera monográfico sobre la reforma del sistema de financiación, aun cuando ha reconocido que su aprobación se produce en las Cortes Generales.