La UCO entra en la sede del PSOE y en el Ministerio de Transportes para clonar los correos de Cerdán y Ábalos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha accedido este viernes a la sede del PSOE, en la calle de Ferraz, a petición del Tribunal Supremo, para clonar el correo corporativo del exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán, investigado por adjudicaciones presuntamente irregulares. Fuentes próximas a la investigación han informado de que los agentes han acudido a la sede del PSOE y a las instalaciones de ADIF y de la Dirección General de Carreteras para requerir la información que les ha solicitado el juez del Alto Tribunal Leopoldo Puente.

Los agentes han estado en Ferraz hasta las 14.30 horas, tras tres horas en el edificio. El clonado del correo de Cerdán se ha producido después de que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente haya ordenado al PSOE que facilite a la policía judicial el acceso y clonado del correo corporativo del ex 'número tres' del PSOE. El juez también ha reclamado al Ministerio de Transportes que aporte el correo del exministro de dicha cartera José Luis Ábalos, motivo por el que agentes de la UCO también se han personado en el departamento que dirige Óscar Puente. Lo mismo han hecho, además, en la sede de Adif y la Dirección General de Carreteras.

El juez reclama a la Dirección General de Carreteras que facilite también en un plazo de 15 días documentación relativa a la adjudicación de seis obras: una en Logroño (La Rioja), por 92,4 millones de euros; una en Sevilla (el puente del Centenario), por importe inicial de 71,4 millones que luego se amplió hasta los 102,8 millones; una en Asturias, por 7,3 millones; una en Úbeda (Andalucía), de la que no se precisa importe; una en Teruel, por 5,7 millones; y una en la autovía A-12 en el tramo entre La Rioja y Burgos, por 72,4 millones. Se trata de las adjudicaciones señaladas por la UCO en su informe del 5 de junio. Según los agentes, dichos contratos fueron otorgados a Acciona Construcción, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), en proyectos destinados a Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia, La Rioja, Región de Murcia y Teruel.

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo ha imputado al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por presuntos delitos de organización criminal y cohecho, le ha citado para declarar el próximo 30 de junio y ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar su patrimonio, tras el informe que le sitúa como epicentro de una supuesta trama de amaño de obras.

Además, el Tribunal Supremo cita también a declarar como investigados a cinco empresarios presuntamente beneficiados por el amaño en la adjudicación de obras públicas. Entre ellos, los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, vinculados a la empresa Obras Públicas y Regadíos, ubicada en la localidad granadina de Peligros, ya registrada hace unos días por la Guardia Civil.

El primero de ellos, Antonio, fue coordinador del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, hasta octubre de 2022 y ya aparece señalado en el informe de la Unidad Central Operativa conocido la semana pasada. Según ese informe, se habría servido de su cercanía con Koldo García para influir en Adif y la Dirección General de Carreteras en la adjudicación de obras a la citada empresa.

Los hermanos Fernández Menéndez son cuñados de otro de los empresarios llamados a declarar en este nuevo auto, Fernando Agustín Merino, director de la empresa Acciona en Navarra y La Rioja durante los años objeto de la investigación. Según la Guardia Civil, Merino señaló a Koldo García obras de interés para Acciona, como la realizada en el tramo Úbeda-Torreperogil de la A-32. José Ruz, empresario levantino que pidió a Koldo que le incluyera en pliegos de adjudicación de obras, y el navarro Joseba Antxón Alonso, propietario de Servinabar, la empresa beneficiada con 6 adjudicaciones públicas desde que Santos Cerdán adquirió el 45 por ciento de ella, completan el quinteto de nuevos investigados.

El auto manda también investigar productos y cuentas bancarias, unas 500 en total, de estos mismos empresarios. Este auto es fruto de la petición elevada esta semana por los agentes de la UCO al juez Puente a partir de sus investigaciones y para poder avanzar en ellas.