El Gobierno eleva al 10 % su propuesta de aumento salarial para los funcionarios

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y los sindicatos han vuelto a reunirse este jueves para negociar el alza salarial hasta 2028 de los empleados públicos, tras rechazar CCOO, UGT y CSIF la oferta inicial de una subida fija del 10 por ciento a repartir entre cuatro años, 2025 y los tres siguientes.

A juicio de los sindicatos, la propuesta del gobierno es insuficiente porque concentra la mayor parte del incremento al final del ciclo y no permite recuperar el poder adquisitivo perdido. Ambas partes mantuvieron el miércoles una primera reunión para negociar un nuevo acuerdo salarial y de empleo de los más de tres millones de empleados públicos para este año y los tres  próximos, tras la caducidad del pacto anterior de 2024.

Según fuentes sindicales, ese porcentaje del 10 % que ha ofrecido el Ministerio que dirige Óscar López se repartiría en los cuatro años, sin que pueda superar el 4 % para los ejercicios 2025 y 2026 para no sobrepasar el techo de gasto.

De este modo, la subida del 6 % restante tendría que aplicarse en los ejercicios 2027 y 2028, aunque, según fuentes de CSIF, el Gobierno propuso que el incremento sea mayor en 2027 dada la evolución estimada de los precios. CSIF entiende que esta primera oferta del Gobierno "no cubriría" la subida de los precios, pues hasta octubre de este año la inflación interanual era del 3,1 %. "Los dos primeros años del acuerdo supondrían una pérdida para el poder adquisitivo de los empleados públicos y por tanto no lo podemos aceptar", insisten desde CSIF.

Por su parte, desde CCOO calificaron del "todo inaceptable" esa primera propuesta del Gobierno porque entienden que supone un "insulto" para los empleados públicos.

El sindicato afirma que solo aceptará una propuesta salarial que implique la recuperación del poder adquisitivo y amenaza con retomar la convocatoria de una huelga general en diciembre "si no hay una propuesta económica justa". "El Gobierno presume de liderar el crecimiento económico de la Unión Europea, ha modificado al alza su previsión de un 2,7% a un 2,9% para este año, mientras propone continuar con la política de contención salarial para el personal de las Administraciones Públicas, con un repunte preocupante de la inflación, a la vez que olvida que los empleados públicos de este país continúan por debajo del promedio de la Unión Europea", denuncia CCOO.

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, indicó que el porcentaje del 10 % ofrecido por el Gobierno "complica la negociación" y avisa de que para el sindicato el acuerdo plurianual debe "garantizar el poder adquisitivo". "No estamos para perder oportunidades ni para perder dinero", advierte. 

El Ministerio defiende que el acuerdo marco que se está negociando contempla, entre sus objetivos, unos servicios públicos de mayor calidad y la mejora de la relación entre los ciudadanos y la Administración.

En las anteriores reuniones entre ambas partes se ha avanzado en el bloque del empleo público, como la agilización y mejora de los procesos selectivos, la promoción interna y el desarrollo profesional, la planificación de efectivos, la atención a la ciudadanía y servicios públicos, la igualdad y la no discriminación, y unas condiciones de trabajo "dignas, seguras y saludables", según el Ministerio.

El último acuerdo salarial entre el Gobierno y los sindicatos estuvo vigente entre 2022-2024, y contemplaba subidas retributivas con una parte fija y variable. Este pacto permitió elevar los sueldos de los funcionarios en este periodo en torno a un 10 % (cuando se firmó, en el otoño de 2022, la inflación estaba entonces en un 10 %), lo que implicó un gasto cercano a los 13.000 millones de euros.