Feijóo denuncia el "chantaje" de Puigdemont

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que la amnistía y el referéndum de independencia "no caben en la Constitución" y ha recalcado que las "condiciones" del expresidente catalán Carles Puigdemont no puede "asumirlas" ningún demócrata. Por eso, ha indicado que espera que al PSOE "no se le ocurra aprobar" una Ley de Amnistía "a sabiendas" de que es "ilegal" como, según ha recordado, ya sostuvo la Mesa del Congreso la pasada legislatura presidida por la socialista Meritxell Batet.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en Santa Cruz de Tenerife junto al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en el marco de la ronda de contactos que el PP está celebrando antes del debate de investidura previsto para los días 26 y 27 de septiembre.

Feijóo ha indicado que es "evidente" que no se puede pactar "la integridad del territorio español". Según ha recalcado, la amnistía "no cabe en la Constitución" y no se puede aceptar "ningún tipo de chantaje" ni "someter la dignidad del pueblo español". "Eso no puede hacerlo nadie, ni siquiera el señor Sánchez, por consiguiente espero que a nadie se le ocurra aprobar leyes a sabiendas de que son ilegales. Y de la misma forma que la legislatura anterior, la Mesa del Congreso presidida por el PSOE, negó la tramitación de un proyecto de Ley de Amnistía, ahora esa misma Mesa del Congreso presidida por un alto cargo del PSOE no puede tramitar un proyecto de ley que hace unos meses se calificó como ilegal, por mucho que necesite el 'sí' del señor Puigdemont", ha enfatizado.

En la pasada legislatura los letrados del Congreso rechazaron por inconstitucional la ley de Amnistía que en 2021 registraron los independentistas catalanes, una negativa que hizo suya la Mesa del Congreso y que el PSOE avaló recalcando que un perdón generalizado "no tiene cabida" en la Constitución. Fue en marzo de 2021 cuando Esquerra (ERC), Junts, la CUP y el PDeCAT registraron en el Congreso una ley para amnistiar "todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera el resultado", desde el 1 de enero de 2013, lo que incluiría, además del 1-O, a los condenados por la consulta soberanista de 9 de noviembre de 2014.

Pero la iniciativa no llegó siquiera a admitirse a trámite porque los letrados del Congreso, en un informe recogido en su día por Europa Press, avisaron de que esa ley, al suponer un indulto generalizado, "entraría en una contradicción palmaria y evidente" con lo establecido en el artículo 62 de la Constitución, que impide autorizar indultos generales. El criterio de los letrados fue asumido por la Mesa del Congreso que presidía Meritxell Batet y, con los votos de PSOE, PP y Vox, se rechazó admitir a trámite a propuesta.