El TC avala dividido la constitucionalidad de la ley de amnistía

El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado este jueves, con los seis votos a favor de la mayoría progresista frente a los cuatro votos en contra de la minoría conservadora, la constitucionalidad de la ley de amnistía,  destinada a borrar los delitos cometidos en el marco del proceso independentista catalán. Se cierra así un proceso que se inició hace un año con su aprobación por el Congreso, por apenas 5 votos de diferencia, con el que el PSOE cumplía su pacto con ERC y Junts a cambio de la investidura de Pedro Sánchez.

La corte de garantías ha aprobado, tras cuatro días de deliberaciones, la ponencia redactada por la granadina Inmaculada Montalbán sólo incorpora aspectos menores del recurso del Partido Popular contra la norma. No toca la esencia de la ley, que considera razonable y justificada. La mayoría progresista también ha rechazado acudir a la Justicia Europea y ha defendido que la amnistía en abstracto cabe en la Constitución. Los conservadores han anunciado votos particulares en contra.

Poco más de un año ha pasado de su aprobación por el Congreso, por apenas 5 votos de diferencia. Cumplía así el PSOE su pacto con ERC y Junts a cambio de la investidura de Pedro Sánchez, quien justificaba su giro en este tema en aras de la convivencia en Cataluña. Un cambio de opinión que también se produjo con los indultos por motivos políticos, que Sánchez condenaba. En 2021, el Gobierno concedió el indultó a los 9 líderes del procés condenaso por el Supremo.

Esta sentencia marcará la línea a seguir al resto de los 30 recursos que se están tramitando simultáneamente en el tribunal y que no se verán hasta después del verano, entre ellos la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo. A la espera de conocer la sentencia final, el tribunal ha aprobado el texto de la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, que avala en líneas generales la ley de amnistía salvo tres aspectos menores y al que se han introducido aportaciones de los magistrados que no modifican en lo sustancial el borrador que se elevó al Pleno. Entre ellas, la resolución añade que la ley no vulnera la normativa europea en materia de terrorismo ni tampoco la legislación de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE).

La sentencia defiende que la amnistía encaja en la Constitución, que no es arbitraria ni responde a un capricho y que el porquE de la ley es "jurídicamente indiferente". Considera razonable la explicación del legislador para decretar el perdón y coherente con una política tendente a paliar los efectos del 'procés' y "a conseguir una mayor paz ciudadana, mediante la reducción de las sanciones" impuestas, que favorezca una "mejora de la convivencia y de la cohesión social" en Cataluña.

Ahora bien, la resolución no afecta al expresidente catalán Carles Puigdemont ni al exvicepresidente Oriol Junqueras ni al resto de líderes independentistas, a quienes el Tribunal Supremo no les ha aplicado la amnistía por el delito de malversación. Esto es así porque la corte de garantías únicamente ha resuelto que la norma es constitucional, pero no entra en el ámbito de su aplicación, es decir, no aborda los casos concretos y eso significa que el Supremo, 'a priori', nada tiene que hacer tras el fallo. Para los casos de Puigdemont y de los líderes independentistas habrá que esperar a los recursos de amparo, que no se resolverán antes de otoño, según informan las fuentes.

La justicia europea tendrá la última palabra. El 15 de julio serán las primeras vistas.

De momento, el Tribunal Constitucional no tiene la última palabra sobre si es legal o no la amnistía. Queda otra instancia superior por pronunciarse: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Varias instancias judiciales han acudido a esa corte para que dictamine si la amnistía va en contra del derecho comunitario. Son el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y un juzgado de lo Penal de Vilanova i la Geltrú. La justicia europea va analizar si los gastos del procés son malversación y si los actos violentos de miembros de los comités de defensa de la república pueden ser calificados de terrorismo, en cuyo caso tampoco son amnistiables. El 15 de julio serán las primeras vistas.