El PP exige la dimisión "inmediata" de la presidenta del Congreso

El PP ha centrado este viernes sus ataques sobre la presidenta del Congreso, Francina Armengol, hasta el punto de pedir su dimisión por su papel en el caso Koldo como presidenta de Baleares, mientras el PSOE la ha defendido al asegurar que siguió "escrupulosamente el procedimiento" en la compra de mascarillas. Según consta en el sumario del caso, el Govern balear que presidía Armengol certificó en agosto de 2020 que la empresa del caso Koldo llevó a cabo "de manera satisfactoria" el suministro de mascarillas contratado en pandemia por 3,7 millones de euros, aunque tres años más tarde acabó reclamando dinero por haber recibido material de menor calidad que el contratado.

La cúpula del PP ha salido en tromba este viernes contra Armengol, a la que exige su dimisión inmediata por "avalar" a la trama del llamado 'caso Koldo' para que siguiera contratando cuando era presidenta del Gobierno de Baleares. Los 'populares' consideran que su situación es "insostenible" porque la tercera autoridad del Estado no puede estar bajo sospecha ni "cada día más involucrada en un escándalo de estas características". "Esto es una situación insostenible. Lo primero que tiene que hacer es dimitir. Si Armengol no dimite debe de ser su partido quien actúe", ha declarado Gamarra  ante las informaciones que se están conociendo sobre este caso de presunto cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Gamarra ha recalcado que las informaciones que se están conociendo muestran que la presidenta del Congreso "avaló" a la trama para que siguieran contratando y haciendo negocios y "no reclamó el dinero", pese a que sabía que las mascarillas que le vendieron "no eran válidas y no podían utilizarse".  Por todo ello, Gamarra ha recalcado que Armengol no puede "mantenerse ni un minuto más como la tercera autoridad del Estado" tras las informaciones sobre "irregularidades que cada día van a más". A su entender, la reacción desde su propia responsabilidad debería ser dimitir porque "no reclamó el dinero y avaló que siguieran contratando", pero si no lo hace el PSOE debería "actuar".

La vicepresidenta del Gobierno y número dos PSOE, María Jesús Montero, ha defendido la actuación de Armengol, de quien ha dicho que siguió "escrupulosamente el procedimiento", y ha recordado que "el juez no cuestiona que los contratos fueron legales", sino que investiga si "hubo personas que se aprovecharon de sacar rédito personal a costa de mordidas". Además, ha rebatido que es el PP el que debe dar explicaciones por una conversación en la que Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, asegura que había quedado con el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y con 'Alberto', lo que ha llevado al PSOE a reclamar la comparecencia de Tellado en la comisión de investigación que los socialistas han registrado en el Congreso.

Preguntado por Armengol, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha sido contundente al afirmar que la voluntad del Gobierno es "que se conozca todo y quien tenga que pagar, que lo pague" y ha pedido dar tiempo a la investigación judicial en curso. El caso Koldo se ha convertido en un nuevo frente de ataque del PP hacia el Gobierno, por el daño evidente que está provocando en el PSOE.

Al respecto, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder del Sumar, Yolanda Díaz, no cree que este asunto pueda desestabilizar la legislatura, pero ha reconocido que el momento es "delicado" y ha movido ficha al plantear una batería de medidas en el Congreso, entre ellas la creación de un Consejo de Prevención de la Corrupción.

LAS MASCARILLAS DE BALEARES.

El Gobierno autonómico de Francina Armengol certificó, por escrito, como aptas las mascarillas que casi cuatro años después continúan almacenadas y sin uso. Esa certificación ayudó a que la empresa de la trama pudiera optar a otros contratos públicos. Con este documento, el Gobierno balear que presidía la gobernante socialista certificaba que la empresa investigada en el caso Koldo, Soluciones de Gestión, les había suministrado "de manera satisfactoria" una partida de mascarillas por 3,7 millones de euros. Este certificado se firmó el 12 de agosto de 2020, aunque dos meses antes, el Ejecutivo autonómico, sabía que este material era defectuoso. De hecho, sigue sin uso.

Según la investigación, esta certificación le permitió figurar entre las empresas elegidas por el Ministerio de Sanidad, que participaron en la macrolicitación para adquirir material sanitario por un valor de más de 2.400 millones de euros. Consta que los investigados ya habían obtenido por entonces más de 52 millones de euros en contratos públicos de los ministerios de Transportes e Interior y de los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares.

Pero no fue hasta el 6 de julio de 2023, más de 3 años después de la compra, cuando el Gobierno balear inició la reclamación por ese pedido defectuoso. Lo hizo justo el día antes de que se produjera el cambio de color político en esa comunidad y cuando la fiscalía anticorrupción ultimaba la redacción de la querella que ha motivado la investigación del caso Koldo. Según Marga Prohens, presidenta en la actualidad del Gobierno de Baleares, "cuando recibes un producto que no es lo que tú has comprado, lo que has pagado, lo primero que haces es reclamar el dinero y aquí se tardan 3 años".

El juez señala que la presunta organización criminal recurrió entonces al exministro José Luis Ábalos para que hiciera de "intermediario" y tratara de frenar esta reclamación de 2,6 millones a la empresa de la trama. Ábalos, en declaraciones a los medios, ha ironizado sobre su infuencia en el Gobierno balear del PP.