El Ministerio convoca a los letrados de Justicia en huelga para el próximo viernes

Nueva reunión este viernes entre el Ministerio de Justicia y el Comité de Huelga de los secretarios judiciales, será el segundo encuentro. Mientras, el paro indefinido continúa por parte de los letrados de la administración de justicia desde el pasado día 24 de enero.

Esta es la segunda reunión que mantendrán el Ministerio y los LAJ después de casi un mes de huelga indefinida por parte de los letrados que, según los cálculos de las asociaciones convocantes, ha supuesto la suspensión de 152.000 vistas y el bloqueo de 560 millones de euros.

El encuentro fijado para el viernes 24 de febrero tendrá lugar una semana después de que ambas partes se sentaran a la mesa y se levantaran, tras más de 15 horas, sin acuerdo y con reproches mutuos entre las partes por mantener posturas inamovibles.

Tras aquella primera reunión, el secretario de Estado de Justicia, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, aseguró que los letrados lejos de sentarse con una actitud abierta elevaron "sus exigencias respecto a las iniciales y sin proponer alternativas, además usando un lenguaje bélico inentendible en estos tiempos".

Sin embargo, el portavoz del comité de huelga, Juan José Yáñez, a la salida de la reunión dijo a los medios que a pesar de que la ministra, Pilar Llop, habló de que quería abrir un diálogo honesto, en las horas que han pasado sentados frente a frente "ni hubo diálogo, ni hubo honestidad".

La huelga indefinida llega a su jornada número 21 a raíz del conflicto que tiene su origen en "la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas", en especial la de 2015, lo que --denuncian-- ha provocado un "insoportable desequilibrio".

Los convocantes señalan como "detonante" del conflicto el acuerdo que Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales "sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021".

Las pensiones de alimentos que son embargadas en los juzgados de familia se ha contemplado como servicios mínimos y además se está avisando desde los juzgados con antelación ante la suspensión de los juicios cuando no son causa con preso.
En Andalucía, la huelga ha afectado a 34.120 juicios y actuaciones suspendidas, así como 17.010 demandas pendientes de recibir curso, unos 49.090 escritos sin proveer, 451 lanzamientos, embargos, desahucios y remociones de depósitos paralizados, más de 700.000 actos de comunicación sin practicar, 1.790 expedientes del Registro Civil suspendidos y más de 64 millones de euros "inmovilizados" como depósitos judiciales, según los convocantes, que defienden que el paro técnico está alcanzando un seguimiento medio del 75%, mientras el Gobierno esgrime cifras de participaciones menores.