Exaltos cargos de Moncloa han declarado este miércoles en la causa abierta por el Supremo Álvaro García Ortiz por supuesta revelación de secretos en la filtración del correo de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Este miércoles han declarado como testigos dos exaltos cargos de La Moncloa en relación a la investigación del Supremo abierta al Fiscal General del Estado. El juez indaga la posible conexión entre la Fiscalía y Presidencia del Gobierno en la presunta filtración del correo de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Ni la número dos de Óscar López en el Gabinete de Presidencia ni quien fuera Secretario de Estado de Comunicación hasta diciembre pasado, han hecho declaraciones a los medios tras sus interrogatorios.
El nombre de Pilar Sánchez Acera saltó a la palestra cuando Juan Lobato entregó al juez del Supremo su conversación con ella acerca del correo sobre el presunto fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso. La entonces mano derecha de Óscar López -cuando éste dirigía el Gabinete de Presidencia del Gobierno-, quería que Lobato lo usara contra la presidenta de Madrid.
Ante las dudas del todavía líder del PSOE madrileño sobre el origen de dicha información, ella le asegura que lo tienen los medios y, poco después, le remite el enlace de El Plural.
El documento de ese medio es el que usó Lobato, que tenía tachados los datos personales de la pareja de Ayuso.
Ante el registro del despacho del Fiscal General del Estado, Lobato entregó a un notario esa conversación, lo que provocó su dimisión como líder del PSOE madrileño. Puesto en el que, precisamente, le ha sustituido Óscar López, quien ha premiado a Sánchez Acera como su número dos en el partido.
Los recelos de Lobato le llevaron a preguntar también por el origen del email al entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés. Citado como testigo este miércoles, el que fuera también diputado del PSOE catalán dimitió en diciembre. Le sustituyó el jefe de prensa del PSOE, Ion Antolín, quien renunció 20 días después.
En el centro de las pesquisas está dilucidar la posible conexión entre la Fiscalía General del Estado y La Moncloa en la revelación de datos reservados de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso. El juez del Supremo que investiga esta causa, Ángel Hurtado, sostiene que la Fiscalía remitió el correo de Amador a Presidencia del Gobierno, quien lo envió a Lobato con una "clara finalidad política"