23J, dos años de legislatura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cruza este miércoles, 23 de julio, el ecuador de la legislatura confiado en agotar su mandato tras vivir el golpe más duro por la crisis provocada por Santos Cerdán, que ha confesado que le hizo barajar todas las opciones, incluso dimitir.

Cuando se cumplen dos años de las últimas elecciones generales, el Ejecutivo saca pecho de las siete votaciones superadas en el último pleno del Congreso antes de las vacaciones de agosto, a pesar de que los votos del PP y de varios de sus aliados de investidura llevaron a derogar el decreto 'antiapagones'.

La incertidumbre parlamentaria es una constante desde los comicios de 2023, que alumbraron un nuevo Ejecutivo de coalición, está vez del PSOE y Sumar, después de que Sánchez consiguiera los suficientes apoyos pese a que el PP fue el partido más votado.

Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, intentó una investidura que fue fallida, y los votos de ERC, Junts, PNV, EH Bildu, BNG y Coalición Canaria, junto con los de los diputados socialistas y de Sumar, volvieron a hacer a Sánchez presidente.

Pero ese apoyo vino seguido de una relación turbulenta con sus socios, especialmente con Junts, cuyos siete diputados han provocado que el Gobierno perdiera más de una votación parlamentaria e incluso la paralización temporal de una ley clave para su respaldo, la de amnistía.

Una ley que ha recibido recientemente el aval del Tribunal Constitucional, pero de la que aún no ha podido beneficiarse el expresident Carles Puigdemont.

Junts ya ha expresado también su rechazo al acuerdo sobre la financiación de Cataluña al que llegaron Gobierno y Generalitat, que ha concitado igualmente la oposición frontal de todas las autonomías presididas por el PP e incluso de alguna socialista como la de Castilla-La Mancha.

Con esa actitud, a la que se suma la de ERC advirtiendo de que el Ejecutivo debe cumplir todos los compromisos con ellos, así como la de Podemos, que sigue escalando en sus críticas a Sánchez, afronta el presidente la segunda parte de la legislatura con la asignatura pendiente de aprobar unos presupuestos.

No lo ha conseguido en los dos últimos años, y las posiciones de sus socios de investidura auguran muchas dificultades para que puedan aprobarse los de 2026.

Un ejemplo de que la actividad legislativa seguirá siendo muy complicada es que el orden del día del pleno del Congreso de este martes no incorporó la reducción de la jornada laboral que impulsa la vicepresidenta Yolanda Díaz y contra la que Junts planteó enmienda a la totalidad.

Finalmente el Gobierno consiguió sacar adelante la gran mayoría de las votaciones de ese pleno, pero no pudo evitar que los diputados de Junts, Podemos y BNG votaran junto al PP e hicieran caer el decreto que buscaba fortalecer el sistema eléctrico.

Lo que sí ha logrado Sánchez de sus socios es que por ahora le sigan dando un voto de confianza tras el caso Koldo y la situación provocada por Cerdán, que desde el Gobierno y el PSOE se asume que ha sido el golpe más duro recibido en los siete años de Sánchez en la Moncloa.

Ante ello, el líder socialista ha respondido con una serie de medidas anticorrupción y un aumento de los controles internos en su partido, después de repetidas peticiones de disculpas a los ciudadanos por haber confiado en quien no debía.

Para el Partido Popular, este caso, tras otras investigaciones como la que afectan al fiscal general del Estado o la esposa del presidente, apuntala su petición de dimisión y de elecciones, unos comicios para los que Feijóo asegura estar preparado tras el congreso celebrado este mes por su partido.

No da el paso de presentar una moción de censura al constatar que no cuenta con votos suficientes para prosperar, lo que le ha llevado a acusar a quienes sostienen a Sánchez, especialmente al PNV, de cómplices de la situación.

El presidente del Gobierno reconoció que barajó todas las opciones, incluido dimitir, por el caso Cerdán, pero ha garantizado que no tirará la toalla y está determinado a seguir y no convocar elecciones hasta cuando toca, en 2027.
En medio de rumores sobre posibles nuevos informes de la UCO que pudieran complicar ese deseo, la imputación del exministro Cristóbal Montoro por cohecho, fraude y tráfico de influencias, entre otros delitos, ha servido al PSOE para contraatacar los argumentos de Feijóo, al que acusan, además, de seguir el camino que le marca Vox en asuntos como la inmigración.

En estos dos años también ha habido avances legislativos como la ley ELA, la subida del salario mínimo o la ley de paridad. Pero hay otros problemas y desafíos que no ha resuelto como el acceso a la vivienda, las continuas incidencias en el sistema ferroviario, la reforma de la financiación autonómica junto al reto migratorio y el  aumento de la deuda pública que roza ya el 102% del PIB