El Congreso convalida el decreto anticrisis con la abstención de PP y Podemos y el no de Vox

El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley del Gobierno de ayudas fiscales para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Irán, con el único voto en contra de Vox, la abstención del PP y Podemos, y el apoyo del resto del hemiciclo.

Como todo decreto ley, el texto estaba en vigor desde su aprobación por el Consejo de Ministros, esto es desde el pasado viernes, 20 de marzo, pero tenía que convalidarse en el Congreso en un plazo de treinta días y la Cámara Baja lo ha hecho este jueves. El hemiciclo también ha aprobado tramitar el decreto como proyecto de ley.

El decreto supone un conjunto de 80 medidas que movilizará 5.000 millones de euros. En concreto, el Real Decreto-ley recoge la reducción del 21% al 10% del IVA de los carburantes, la electricidad, el gas natural, briquetas y 'pellets', al tiempo que se congela el precio máximo de venta del butano y el propano y se recupera la bonificación en un 80% de los peajes eléctricos para la gran industria.

Se baja el IVA al 10%, y los impuestos que afectan al precio de la gasolina y el gasoil hasta el mínimo que permite la directiva europea. Dentro de la factura de la luz, a la rebaja del IVA se suma la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7%, y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5% al tipo mínimo del 0,5%, fijado por la Unión Europea.

"PROTEGER Y PREPARAR"

El decreto, ha defendido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, servirá para "proteger y preparar", es decir, para responder a las consecuencias inmediatas del conflicto -las gasolineras ya reflejan el 90 % de la bajada fiscal, ha apuntado- y para redoblar "nuestra apuesta por nuestra soberanía energética".

El paquete ha obtenido un amplio apoyo de los socios del Gobierno, aunque con ciertas críticas y la reclamación de ampliarlo con nuevas medidas.

La diputada de ERC Inés Granollers ha manifestado su respaldo a las medidas del escudo social, de financiación y avales públicos a la empresas y, sobre todo, a las referidas a las transición energética, entre las que ha reivindicado como aportación de su grupo la que amplía la distancia de autoconsumo hasta los 5 kilómetros.

Junts, cuyo voto clave se logró a cambio de la aprobación de un punto de una proposición no de ley para instar al Gobierno a eximir de repercutir el IVA a los pequeños autónomos, ha defendido su apoyo porque la "columna vertebral" del decreto "son las propuestas de Junts para ayudar a la clase media y trabajadora".

Óskar Matute (Bildu) ha aplaudido algunas medidas, como las del escudo social, la recuperación del mecanismo de ayuda a la industria electrointensiva y las dirigidas a aumentar la soberanía energética, pero ha subrayado que le parece un "error" y una "cesión incomprensible" la rebaja generalizada de impuestos sin tener el control real de los precios.

PNV ha apoyado el decreto porque es "útil y necesario" a pesar de que requiere de mayor ambición, coordinación y diálogo" para corregir la dependencia de los combustibles fósiles, lo que deja a España en una situación vulnerable en caso de crisis como la actual, ha apuntado su diputada Idoia Sagastizábal.

La prórroga de los alquileres, que finalmente se incluyó en otro real decreto ley, se ha colado tanto en el discurso de Sumar como de Podemos, que se ha abstenido para no "bloquear" la iniciativa, aunque lo considera una respuesta "ineficaz" e "injusta".

Más sorprendente ha sido la abstención del PP, que su portavoz económico, Juan Bravo, ha justificado pese a que el decreto es "insuficiente" y "llega tarde", y ha puesto como ejemplo que el Estado ha recaudado "más 70 millones de euros en veinte días solo del IVA de la gasolina".

Bravo ha incidido en que al plan le falta la deflactación del IRPF para que las familias no pierdan poder adquisitivo" y ha criticado la "jeta" que, a su juicio, supone que la mitad de las rebajas impositivas que contiene el decreto las paguen las comunidades autónomas.

Vox ha sido la única formación que ha votado en contra, según ha explicado el diputado José María Figaredo, porque aumenta las subvenciones a las renovables cuando su impacto en la economía es "mínimo", al tiempo que ha pedido que acabe la "corrupción" en el sector de los hidrocarburos, en el que durante años "han dado licencias a empresas piratas que no pagan impuestos".

AYUDA DE 20 CÉNTIMOS POR LITRO A SECTORES AFECTADOS

La norma incluye la rebaja al nivel mínimo permitido del tipo del impuesto de hidrocarburos y, para los sectores más afectados, incluyendo transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, se establece una ayuda de veinte céntimos por cada litro de gasóleo profesional empleado en su actividad. La ayuda será abonada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales correspondientes en País Vasco y Navarra.

A ello se suma una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes con el fin de que "esos sectores tan importantes puedan capear esta crisis y para contener todo lo posible los precios de la cesta de la compra", ha apuntado el presidente.

PROHIBIRÁ DESPEDIR POR EFECTOS ECONÓMICOS DE LA GUERRA

El plan de respuesta del Gobierno al impacto de la guerra en Irán incluirá la prohibición a las empresa de acometer despidos objetivos por efectos económicos derivados del conflicto en Oriente Próximo y también para aquellas compañías que reciban ayudas públicas relacionadas con la guerra.

También se dota de mayores capacidades de supervisión y sanción a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que ninguna empresa que reciba las ayudas contempladas en el plan de respuesta a la guerra en Irán se beneficie de la misma. Además, en este paquete de medidas se incluye un mayor control de los márgenes empresariales de las empresas de suministro de combustible.

En concreto, el Gobierno de coalición ha acordado reforzar la supervisión de los márgenes de estas empresas a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), así como la habilitación al Consejo de Ministros para establecer limitaciones a sus beneficios.

IMPULSAR EL AUTOCONSUMO Y LAS BOMBAS DE CALOR Y VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Por otro lado, el decreto incluye un paquete de deducciones fiscales para impulsar el autoconsumo energético y las bombas de calor.

Estas deducciones, vía Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se dirigirán a la instalación de placas solares, así como a puntos de recarga, bombas de calor o climatización de edificios, y se enmarcan en ese eje del plan más de "naturaleza estructural". De igual forma, se prevén deducciones en el IRPF del 15% para la compra de vehículos eléctricos y enchufables.

Asimismo, el decreto extiende las ayudas para la rehabilitación de vivienda que, según datos del Ministerio de Vivienda, ya han beneficiado a más de 290.000 personas desde 2021. La prórroga de los beneficios fiscales por obras de mejora energética de las viviendas supone extenderlas para las actuaciones realizadas en los años 2025 y 2026.

DEDUCCIONES POR OBRAS EN VIVIENDA

Esta deducción se aplica sobre las cantidades invertidas en obras de rehabilitación que contribuyan a alcanzar determinadas mejoras de la eficiencia energética de la vivienda habitual, en viviendas alquiladas o con expectativas de alquilarlas, y en los edificios residenciales, acreditadas a través de certificado de eficiencia energética.

Entre los años 2021 y 2024 que ya estuvieron en vigor, se presentaron un total de 291.763 declaraciones con un beneficio medio por contribuyente de 1.918 euros, lo que acreditó obras de mejora energética en un total de 203.756 inmuebles.

Las deducciones por rehabilitación energética incluye un 20% por las obras que reduzcan al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda habitual, alquilada o en expectativa de alquiler. También incluye un 40% por las obras que reduzcan en un 30% el consumo de energía primaria no renovable o logren una calificación energética A o B. Sendas ayudas están vigentes hasta el 31 de diciembre de este año.

A su vez, el texto incorpora una deducción del 60% en edificios de uso mayoritariamente residencial que reduzcan al menos un 30% o alcancen una calificación energética A o B. Esta ayuda está vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

IMPULSO DE VIVIENDA PÚBLICA

Por último, se introduce un cambio normativo para impulsar la construcción de vivienda pública y asequible, de manera que se modifica la Ley de Contratos del Sector Público para impulsar la construcción de vivienda asequible en suelos de titularidad pública.

Este cambio busca avanzar en la simplificación y flexibilización del marco normativo para facilitar la aplicación de las distintas fórmulas de colaboración público-privada recogidas en la Ley de Vivienda de 2023.

Así, la norma establece ahora una serie de particularidades a los contratos de concesión cuando estos tengan por objeto realizar actuaciones de construcción o rehabilitación sobre suelo o inmuebles de titularidad pública y cuyo destino sea el de vivienda social o a precios asequibles.