El juez cita a declarar como investigados por "terrorismo" a Puigdemont y Rovira

En plenas negociaciones de Junts con el PSOE para el apoyo a la investidura de Sánchez, el juez de la Audiencia Nacional que investiga la causa de Tsunami Democràtic ha citado como investigado al expresident Carles Puigdemont por un posible delito de terrorismo, a consecuencia de las protestas masivas contra la sentencia del procés. Además, son investigados por terrorismo la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otros ex altos cargos de la Generalitat.

El magistrado ha citado a declarar a Puigdemont, aunque al ser eurodiputado y por tanto aforado, la declaración del expresidente de la Generalitat es voluntaria. El juez de la Audiencia nacional investiga a Puigdemont por un posible delito de terrorismo por su implicación en Sunami Democrático, la plataforma puesta en marcha en 2019 para organizar protestas masivas contra la sentencia condenatoria del procés. La reacción de Puigdemont no se ha hecho esperar y en redes ha arremetido contra el auto de imputación.

A diferencia del investigado Puigdemont, quien sí está imputada es la secretaria general de ERC, Marta Rovira, también huida de la justicia. El atestado de la Guardia Civil señala que formaba parte de la cúpula de Sunami democrático, como coordinadora política de las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes independentistas por el 1-O. Rovira se fugó a Suiza en marzo de 2018 antes de ser citada por el Tribunal. Sunami democrático convocó actos de protesta que tuvieron como consecuencia numerosos desórdenes y disturbios públicos en Cataluña, entre ellos el bloqueo del aeropuerto del Prat o el intento de boicot del partido Barcelona Real Madrid.

El auto de imputación llega justo cuando el ex president de la Generalitat negocia con el PSOE el apoyo a la investidura de Sánchez a cambio, precisamente, de una amnistía que también incluiría la causa contra Tsunami Democràtic. García Castellón también ha imputado a otras diez personas, y ha citado como testigo a Arnaldo Otegi.

Lo mismo ocurre con Ruben Watesberg, secretario cuarto de la Mesa del Parlament y diputado de ERC, también aforado.
García Castellón cita asimismo como testigo al coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para que declare sobre una reunión que este habría mantenido en Ginebra con Marta Rovira, según el auto, donde el magistrado ve "llamativa" su presencia en "la gestación de la organización".

El juez investiga en esta causa -una de las que podría ser susceptible de entrar en una eventual ley de amnistía- las acciones desplegadas por Tsunami Democràtic, una "organización estructurada" y "jerarquizada" surgida en 2019 en protesta contra la sentencia del 'procés', para -dice el auto- "subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva".

El juez cree que Puigdemont tuvo un "rol de liderazgo" en el movimiento de Tsunami, según infiere de conversaciones que obran en la causa, y sostiene que está "acreditado indiciariamente" que el expresidente catalán acudió "a las reuniones que se celebraron en Ginebra" el 29 y 31 de agosto de 2019, donde "pudo haberse planificado la actuación" de la plataforma.

Una conclusión que extrae del análisis de la agenda del historiador y hombre de su máxima confianza, Josep Lluis Alay, quien, según el juez, haría de intermediario con el resto de implicados y consultaría al expresidente catalán las "decisiones y dudas" que surgen en torno a la campaña desplegada por Tsunami.

Por eso, ve necesario oírle en calidad de investigado en el marco de un interrogatorio que "versaría sobre cuestiones de carácter evidentemente incriminatorio".

El magistrado ha dictado este auto apenas unos días después de recibir un informe de la Guardia Civil que ubicaba a Marta Rovira en la coordinación de Tsunami Democratic, y que vinculaba a otras ocho personas con este movimiento, ahora imputadas.

Entre ellas figura Oriol Soler, empresario próximo al independentismo; el exconseller de ERC Xavier Vendrell -ambos integrantes del "estado mayor" que organizó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017-; el historiador Josep Lluis Alay; el consejero de Omnium Oleguer Serra o los empresarios Marta Molina y Josep Campmajó, entre otros.

Según el magistrado, los informes policiales han revelado que Tsunami fue fruto de una planificación de diferentes personas para ejecutar acciones de gran envergadura, "capaces de movilizar una masa de personas de modo que comprometieran la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España".

Entre esas actuaciones, el juez cita el bloqueo del aeropuerto de El Prat o el intento de bloqueo del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas; los altercados en el partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid el 18 de diciembre de 2019 y en la huelga general del 18 de octubre; y cree también que Tsunami "trató de influir" en las elecciones generales de noviembre de 2019.

Estos hechos, según el juez, podrían incurrir en "actos de terrorismo" y también sería posible calificarlos como "delitos de desórdenes públicos terroristas", que requiere que se cometan por una organización terrorista o individualmente, pero amparados en ella.

En su opinión, no se puede excluir "en absoluto que Tsunami Democratic pudiera tener la consideración de 'grupo terrorista'"

RECURSO DE LA FISCALÍA

La Fiscalía de la Audiencia Nacional va a recurrir el auto del juez Manuel García Castellón. Fuentes fiscales han informado a EFE de esta decisión, que se apoya en la convicción de que las actuaciones de ese movimiento no encajan en el delito de terrorismo y, al haber desaparecido el de sedición por la reforma del Código Penal, la causa solo puede seguirse por desórdenes públicos y en los juzgados de Barcelona.

De hecho, las fuentes consultadas han añadido que, antes de que el juez dictara este auto, la Fiscalía de la Audiencia ya estaba preparando un informe para que la causa fuera juzgada en Barcelona por desórdenes públicos, de acuerdo con las informaciones policiales que constan en el procedimiento.

Por ello, la Fiscalía recurrirá en apelación el auto en el que García Castellón cita como investigada a Rovira y a otras ocho personas, y en el caso de Puigdemont le ofrece la posibilidad de comparecer voluntariamente dada su condición de eurodiputado, que implicaría la obligación de dictar un suplicatorio para citarle.